La Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó este lunes la discusión para definir si las fiscalías pueden asegurar bienes sin una orden judicial previa, luego de retirar de la lista una contradicción de criterios y dos amparos en revisión relacionados con ese tema.
Tras una sesión privada prolongada, el Secretario General de Acuerdos informó que los asuntos serían retirados, sin que hasta ahora exista una fecha para retomarlos. Se trata de proyectos que plantean posturas opuestas sobre la necesidad de control judicial en los aseguramientos.
La actual integración de la Corte ha listado de manera reiterada casos de alta relevancia que posteriormente son retirados, ya sea mediante ajustes a la lista o al inicio de las sesiones públicas.
De acuerdo con lo publicado por Grupo REFORMA, la ministra María Estela Ríos, ex consejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador, propuso en su proyecto que el aseguramiento de bienes es una técnica de investigación y medida precautoria que genera afectaciones provisionales, ya que los bienes pueden ser devueltos si no se acredita su relación con un delito.
“El aseguramiento de bienes en términos del artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales no requiere control judicial previo por parte del juez y, por tanto, puede decretarse por el Ministerio Público”, señala el proyecto de Ríos.
Al tratarse de una contradicción de criterios, bastan cinco votos para que se emita jurisprudencia obligatoria. No obstante, en 2018, la anterior integración de la Corte sostuvo el criterio contrario, al establecer que la intervención de los jueces de control es la regla, postura que Ríos plantea abandonar.
En sentido opuesto, la ministra Yasmín Esquivel propuso confirmar dos amparos concedidos a empresas afectadas por el aseguramiento de un edificio en Santa Fe, ordenado en 2024 por la Fiscalía General de la República, al considerar que sí se requería orden judicial.
“Al exigir un control judicial para esta figura, se protege a terceras personas que pudieran resentir alguna afectación indebida en sus derechos o bienes”, señalan los proyectos de Esquivel.
En la misma jornada, la Corte también retiró de la lista otro proyecto de Ríos que avala una reforma de 2019 que prohíbe desalojos forzosos de inquilinos en la Ciudad de México, salvo que exista una orden judicial. La reforma fue impugnada por la Comisión de Derechos Humanos capitalina y el proyecto había generado protestas, incluida una manifestación este lunes afuera del máximo tribunal.
