La presidenta Claudia Sheinbaum convocó en Palacio Nacional a algunos de los principales representantes de los bancos del país. A la reunión acudieron el secretario de Hacienda, Edgar Amador; la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez; funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y el titular de la Agencia Digital de Transformación Digital, José Merino. El encuentro tuvo como eje las perspectivas macroeconómicas para 2026, el comportamiento del crédito, las tasas de interés y, principalmente, el rol de la intermediación financiera en los proyectos estratégicos del gobierno.
Las expectativas de crecimiento del PIB para 2026 se redujeron a alrededor de 1.15%, según la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del Banco de México, levantada entre mediados de noviembre y principios de diciembre de 2025. Este ajuste implicó una baja desde estimaciones previas de 1.37%, reflejo de un mayor pesimismo entre los analistas consultados.
El encuentro se inscribe en el marco del Plan México, la estrategia económica de la administración de Sheinbaum para detonar inversión pública y privada en infraestructura, energía, logística, digitalización, vivienda y cadenas productivas asociadas al nearshoring. En ese esquema, la banca comercial y los órganos reguladores son considerados actores clave para canalizar financiamiento hacia proyectos productivos.
Hacienda ha planteado de manera recurrente la necesidad de elevar la profundidad financiera de la economía mexicana, cuyo crédito al sector privado representa alrededor de 40% del PIB, por debajo de economías emergentes comparables. Banxico, por su parte, mantiene como prioridad la convergencia de la inflación al objetivo puntual de 3%, mientras que la CNBV ha reforzado la supervisión sobre calidad de cartera, reservas preventivas y concentración sectorial del crédito.
En medio de este entorno de desaceleración económica, el sistema bancario registró en 2025 utilidades en niveles históricamente elevados. De acuerdo con cifras de la CNBV, las ganancias acumuladas de los bancos privados alcanzaron 278 mil millones de pesos entre enero y noviembre, el mayor monto para un periodo comparable desde que existen registros homogéneos. El incremento nominal fue de 3.7% respecto a 2024, aunque en términos reales el crecimiento fue prácticamente nulo debido al efecto inflacionario.
Los bancos de importancia sistémica —BBVA, Santander, Banamex, Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa— concentraron cerca de 77% de las utilidades totales, con más de 214 mil millones de pesos. El resultado se explicó por márgenes financieros aún elevados, eficiencia operativa y expansión de la cartera, particularmente en crédito al consumo y a empresas medianas.
La cartera total del sistema superó los 7.9 billones de pesos hacia el último trimestre de 2025, con un crecimiento real anual cercano a 3.4%, de acuerdo con información oficial. Este dinamismo del crédito contrasta con el bajo crecimiento del PIB y con la moderación del consumo observada en varios indicadores de actividad.
Encuestas como la de Citi México, ubican las expectativas de inflación general para el cierre de 2026 en torno a 4.0%, con la inflación subyacente también proyectada en 4.0%, niveles superiores al límite del rango meta del Banco de México. Frente a ese panorama, el consenso de analistas estima que la tasa de referencia podría descender gradualmente hasta cerca de 6.5% al cierre de 2026, tras iniciar el año en 7.0% y una posible pausa de recortes en los primeros meses ante la persistencia de presiones de precios.
Desde el punto de vista institucional, Banxico ha reiterado la preservación de su autonomía operativa y su enfoque en estabilidad de precios, mientras que la CNBV, con Ángel Cabrera, ha fortalecido criterios de vigilancia prudencial. La interlocución con el Ejecutivo se ha mantenido en el marco técnico, sin anuncios de modificaciones regulatorias de fondo.
Para el gobierno federal, el desafío consiste en traducir la solidez financiera de la banca en una mayor canalización de crédito hacia los proyectos del Plan México, particularmente en sectores intensivos en inversión, como los proyectos de trenes, prioritarios para la Presidenta. Para los intermediarios financieros, el reto es ampliar exposición productiva sin deteriorar indicadores de riesgo ni comprometer capital.
La reunión en Palacio Nacional dejó un diagnóstico compartido: crecimiento económico acotado, inflación y tasas de interés difíciles de acotar y un sistema bancario con alta rentabilidad y solvencia. La coordinación entre Hacienda, Banxico, CNBV y la banca será determinante para que los proyectos gubernamentales se reflejen en inversión, expansión del crédito y crecimiento económico.
Por lo pronto, la Presidenta quiere poner a raya al sector financiero y volcarlo hacia sus proyectos prioritarios.
Posdata 1
Más allá de las sanciones visibles que aprobó el INE, que preside Guadalupe Taddei, en el dictamen de fiscalización del proceso extraordinario para la Corte, hay un detalle que pasó prácticamente desapercibido. En el expediente de Lenia Batres, la autoridad electoral reconoce que en su cuenta bancaria se detectaron depósitos en efectivo por aproximadamente 137 mil pesos cuya procedencia no fue acreditada. En términos estrictos de la normativa, ese tipo de ingreso debió clasificarse como una aportación prohibida, lo que habría implicado una sanción cercana al 140% del monto involucrado.
Sin embargo, el INE optó por reclasificar la conducta. En lugar de sancionarla por recibir recursos de origen no identificado, la encuadró como una falta administrativa menor: “omitir utilizar una cuenta bancaria a nombre de la persona candidata exclusivamente para el manejo de los recursos de campaña”. Esa reinterpretación redujo drásticamente la multa: de un castigo potencial superior a los 190 mil pesos, se pasó a una sanción de poco más de dos mil pesos, como se detalla en el propio dictamen de cumplimiento del Consejo General.
El punto relevante es que esta determinación no deriva de una orden del Tribunal Electoral. La omisión de sancionar el origen del efectivo viene desde el dictamen consolidado aprobado en julio del año pasado, por lo que la Sala Superior no se pronunció —ni podía hacerlo— sobre ese fondo. El asunto, no obstante, podría reactivarse ahora que el INE debe volver a sesionar para dar cumplimiento a las sentencias, abriendo la puerta a que se revise si la tipificación de la falta fue correcta o si se minimizó indebidamente una infracción que impacta directamente en la transparencia del financiamiento.
Posdata 2
Las denuncias que en las últimas semanas han circulado contra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, al parecer tienen un trasfondo político que apunta al proceso rumbo a 2027 y al entorno del exgobernador Jaime Bonilla.
En ese contexto aparece el morenista Jesús Alejandro Ruiz Uribe, hoy rezagado en las encuestas para la contienda estatal, y cuyo equipo de operación política encabeza el exdirigente estatal del PRI, René Mendívil. Tras su salida como delegado de Bienestar, Ruiz Uribe perdió visibilidad y estructura territorial, por lo que la confrontación indirecta con el grupo en el poder se habría convertido en una de sus principales vías para reposicionarse. Las denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República —con una acumulación de señalamientos que difícilmente se resolverán en el corto plazo— tendrían más un objetivo de desgaste político que de judicialización inmediata.
Detrás de esta estrategia también estarían empresarios con intereses en Baja California que quedaron marginados tras la salida de Bonilla del gobierno estatal y que hoy buscan recuperar espacios de influencia. El episodio confirma que la sucesión en Baja California comenzó antes de tiempo y que las disputas internas en Morena ya se libran en el terreno de los expedientes, las filtraciones y la narrativa pública. La dirigencia nacional del partido, encabezada por Luisa María Alcalde, ¿estará siguiendo de cerca esta escalada y sus implicaciones rumbo a 2027?
Posdata 3
Con la novedad de que en el caso del Tren Interoceánico, la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión en contra Felipe de Jesús Díaz, el conductor del Tren que se descarriló. Esto se sabe después de que la fiscal Ernestina Godoy dijo que la responsabilidad fue el exceso de velocidad, con lo que desechó otra línea de investigación.
La juez que libró la orden fue Diana Cruz Ivens, de Chiapas. Al conductor lo detuvieron este lunes y la audiencia inicial se llevará a cabo sin la presencia de las víctimas y sin medidos de comunicación ni público, dentro de la causa penal 7/2026.
Primero se había pedido la orden de aprehensión al juez Iran Francisco, quien se declaró incompetente. Ambos jueces fueron electos en el proceso del año pasado.
Posdata 4
Sobre la columna de este martes, en torno a la crisis de seguridad en Guanajuato, el coordinador de Comunicación del gobierno del Estado, Miguel Ángel Mendiola, expuso que tras los hechos del 26 de enero en Salamanca se instaló una mesa permanente de coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, con refuerzo de presencia operativa, acciones de inteligencia e investigación, y el compromiso explícito de que “no habrá impunidad”, según lo expresado por el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, durante la reunión en el C4 de Salamanca.
En esa reunión participaron el comandante de la 16ª Zona Militar, el alcalde César Prieto, el secretario de Seguridad y Paz y el fiscal estatal, quienes reportaron avances en las líneas de investigación y un seguimiento puntual en campo para identificar a los responsables. El discurso institucional insiste en que la coordinación interinstitucional permitirá recuperar la tranquilidad de la zona, aunque la percepción social de inseguridad —y la recurrencia de hechos violentos en el corredor industrial— sigue siendo el principal desafío para la administración de Libia Dennise García.