Ricardo Salinas Pliego presentó este martes una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, al que acusa de ejercer una “persecución política” desde 2023, año en que —afirma— se intensificaron los esfuerzos del Gobierno para exigirle el pago de adeudos fiscales acumulados desde 2007.
La denuncia internacional ocurre luego de que el empresario agotara todas las instancias legales en México en noviembre pasado, cuando la Suprema Corte falló en su contra en varios litigios relacionados con deudas fiscales por 51,000 millones de pesos. Tras estos reveses judiciales, Salinas Pliego había advertido que acudiría a organismos internacionales, acción que concretó hoy al reunirse en Washington con el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
En su comunicado, Grupo Salinas acusa al Gobierno mexicano de desplegar auditorías “excesivas” y de usar políticamente el aparato fiscal, judicial y mediático para dañar su reputación y restringir su libertad de expresión. También denuncia una supuesta “captura del Poder Judicial”, en referencia a la reforma que renovó parte de la judicatura por voto popular.
“Vamos a plantarle cara al régimen del cártel de Morena”, declaró el magnate en un video difundido tras su reunión con la CIDH, donde se dijo “muy contento” y convencido de que “no lo van a doblar”.
El reclamo internacional de Salinas Pliego se da semanas después de que la Secretaría de Hacienda fijara el monto definitivo a pagar al SAT, lo que permitió avanzar a la etapa de ejecución tras 15 años de litigios. El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, indicó que el monto podría reducirse hasta 39% si el empresario opta por pagar voluntariamente, lo que no parece ser su intención.
La denuncia ante la CIDH, sin embargo, no tendrá efectos inmediatos sobre el proceso fiscal, que continúa su curso. Expertos consideran improbable que la Corte Interamericana acepte este tipo de casos, dado su enfoque poco habitual en temas fiscales. Aun si se admitiera, podrían pasar años antes de que se emita un fallo, y difícilmente tendría consecuencias prácticas sobre el cobro de la deuda.
El Gobierno federal ha hecho de la recuperación de créditos fiscales uno de sus ejes centrales, especialmente ante la necesidad de fortalecer la recaudación sin implementar una reforma fiscal. La presidenta Claudia Sheinbaum busca sostener los programas sociales de su administración cerrando los espacios por donde, históricamente, se ha evadido el pago de impuestos.
Salinas Pliego es uno de los principales casos visibles, pero forma parte de un universo más amplio de litigios fiscales que representan cerca de dos billones de pesos en disputa ante los tribunales.
