DESDE EL 9 de enero de 2026, el teléfono celular en México puede convertirse en un punto de control regulatorio. Con la entrada en vigor del registro obligatorio de líneas móviles, cada número debe quedar vinculado a una identidad validada mediante CURP y documentos oficiales.
La medida se impulsa como una respuesta directa al aumento de la extorsión y el fraude telefónico. Sin embargo, en la práctica, el costo operativo, reputacional y legal de esta política pública no lo está pagando el gobierno de Claudia Sheinbaum, sino las compañías de telecomunicaciones.
El tamaño del reto explica buena parte del problema. México cerró 2025 con más de 160 millones de líneas móviles activas, de acuerdo con estimaciones de The Competitive Intelligence Unit, de Ernesto Piedras.
De ese total, alrededor de 85% corresponde a líneas de prepago, históricamente anónimas y de alta rotación. Regularizar este universo antes del 30 de junio de 2026 implicaría registrar cerca de un millón de líneas diarias, sin interrupciones, errores ni cuellos de botella. Para cualquier industria, no es sólo un desafío ambicioso, es un reto técnicamente extremo.
Para operadores, como Telcel, AT&T, Telefónica Movistar, Bait y Altán Redes, que encabezan Daniel Hajj, Mónica Aspe, Camilo Aya, Gabriel Cejudo y Zaira Pérez Salinas, respectivamente; el registro no es un trámite administrativo, sino una reingeniería completa de sus procesos.
La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión los convierte en responsables no sólo de la identificación del usuario, sino también del resguardo de datos personales y validaciones biométricas, bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El gobierno ha sido enfático: no existe un padrón centralizado; la información no la custodia el Estado, la custodian las empresas. Con ello, también cargan con los riesgos.
Los primeros días del proceso dejaron ver esas tensiones. Usuarios reportaron plataformas saturadas, validaciones que no concluían y fallas en los sistemas digitales. Organizaciones, como R3D, alertaron sobre vulnerabilidades detectadas en portales de registro durante el arranque, particularmente en el caso de Telcel. Aunque las fallas fueron corregidas, el efecto fue inmediato: desconfianza. En un país marcado por filtraciones recurrentes de datos, pedir a millones de personas que entreguen información sensible para conservar su número telefónico genera resistencia y miedo.
Ese enojo, además, se dirige a las marcas. La ley establece que las líneas no registradas deben ser suspendidas, aun cuando el contrato siga vigente o el usuario continúe pagando. Para el cliente, no es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones la que “le corta el servicio”; es su operador. Para empresas que compiten en un mercado de márgenes cada vez más estrechos, perder usuarios por una obligación regulatoria es un golpe directo al negocio, especialmente en prepago, donde la lealtad es mínima y el abandono es inmediato.
Todo esto ocurre mientras el argumento central de la política pública sigue abierto al debate. El gobierno sostiene que más de 90% de las extorsiones se realizan vía telefónica, pero omite un matiz clave: muchas llamadas provienen de plataformas digitales, números virtuales o servicios fuera del control de los operadores nacionales. El registro puede ordenar el mercado formal, pero no neutraliza por sí solo los esquemas criminales, que se adaptan con rapidez.
México ya intentó un padrón similar con el Panaut, que terminó siendo invalidado por la Suprema Corte. Hoy se insiste en que el nuevo modelo es distinto, porque no centraliza datos. En la práctica, el resultado es comparable: eliminar el anonimato en la telefonía móvil trasladando al sector privado una función de seguridad pública, sin incentivos claros ni apoyos proporcionales.
El registro celular no es, por definición, una mala política. El problema es su implementación. Legislar sin considerar capacidades técnicas, tiempos realistas y riesgos operativos genera fricciones innecesarias. Y hoy esas fricciones se concentran en Telcel, AT&T y Movistar, empresas que no sólo deben invertir millones para cumplir la norma, sino también absorber el desgaste frente al usuario.
GRUMA, QUE CAPITANEA Juan González Moreno, concluyó de manera definitiva y satisfactoria el procedimiento administrativo iniciado por la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), lo que ofrece una señal sobre cómo la autoridad mexicana de competencia está abordando los mercados altamente concentrados. La Comisión Nacional Antimonopolio aceptó medidas alternativas que evitan la desincorporación de plantas, pese a los altos niveles de participación de mercado documentados previamente. El enfoque privilegia correcciones contractuales y compromisos verificables por encima de sanciones estructurales. El impacto efectivo de estas medidas dependerá de su implementación y supervisión.
EL PROCESO DE liquidación de CIBanco avanza con una nueva subasta pública para la cesión de derechos de arrendamiento de sucursales en cuatro regiones del país. Bajo la conducción del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que encabeza Gabriel Ángel Limón González, la estrategia busca maximizar la recuperación de valor mediante la venta ordenada de activos operativos. La inclusión de 130 oficinas muestra la dimensión territorial que aún conserva la institución en liquidación. Estas subastas se suman a la venta previa de carteras y negocios específicos realizada en meses anteriores.
MERCEDES BENZ MÉXICO tuvo cambio en el timón como parte de una nueva etapa de crecimiento regional. La salida de Stefan Albrecht, tras casi tres décadas en el Grupo, marca el cierre de un ciclo enfocado en la consolidación operativa y la expansión de mercados en Latinoamérica. Su permanencia temporal como asesor busca asegurar continuidad estratégica durante el relevo. La llegada de Derrick Halvorsen al cargo de CEO refuerza una línea de gestión con fuerte experiencia financiera y operativa dentro del grupo.
LOS PRIMEROS RESULTADOS del programa Renagas evidencian el alcance de las irregularidades ambientales en las instalaciones de gasolina y gas LP en México. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que dirige Armando Ocampo Zambrano, reportó que seis de cada 10 unidades registradas requieren procesos urgentes de regularización, principalmente por autorizaciones de impacto ambiental inexistentes o desactualizadas. Aunque el registro alcanzó a más de 90% de las instalaciones identificadas, el sector de gas LP concentra los mayores focos de riesgo. El carácter voluntario del programa busca priorizar la corrección sobre la sanción.