Es junio de 2025. Un abogado privado revisa los detalles de un documento legal, que firmarán los bancos HSBC y el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. En el mismo documento, también figura BBVA. Ese documento confirma que, en el “Proyecto Ajolote”, el gobierno no solo utilizó un esquema bancario para obtener fondos para el Mundial por adelantado, es decir, como deuda, sino que recurrió a empresas y abogados para mover el dinero mediante instrumentos bancarios privados, no sujetos a revisión pública.
Primero, el gobierno cedió a HSBC los derechos de cobro del impuesto al hospedaje por cinco años, un movimiento que se conoce como subrogación. Es decir, empeñó dinero público que el Fondo recibirá (como cuando vas al banco: muestras cuánto ganas al mes y te prestan dinero que luego el banco descuenta de tus quincenas). Lo curioso es que HSBC no puso ese dinero “de su bolsillo”, sino que firmó otro contrato de crédito con BBVA, el banco que realmente aportó el dinero.
BBVA le mandó los 4 mil millones a HSBC y HSBC los mandó al Fondo Mixto, restándole comisiones y gastos de financiamiento. ¿Por qué BBVA no le prestó el dinero directamente al Fondo Mixto? Es una pregunta que las autoridades no han respondido.
Hay otras preguntas claves: si el Fondo recibió el dinero de HSBC y terminará en un fideicomiso privado de HSBC, ¿por qué el pago pasa por BBVA y cuánto está gastando el gobierno en comisiones bancarias con tantas cuentas y fideicomisos involucrados? La fuente que me dio acceso a los documentos y otros dos expertos que consulté coinciden en la misma hipótesis: que el dinero pase por varios instrumentos financieros “privados” hace que sea casi imposible seguirle el rastro, mucho menos auditarlo. En estos contratos también se explica que el gobierno, si se retrasa en los pagos de la deuda, pagará “intereses sobre intereses”.
Además, están los pagos de las obras. Cada año, las instituciones públicas reciben auditorías por el dinero que les llega en su presupuesto. En este caso, esos 4 mil millones de pesos no le llegaron al Fondo Mixto como presupuesto, sino “prestados” por HSBC. Por tanto, no hay controles reales sobre cómo se está gastando el dinero. En realidad, la Secretaría de Obras capitalina ejecuta las obras y el Fondo Mixto las paga, como si se tratara de un reembolso, con el dinero cruzando bancos, cuentas y fideicomisos privados.
¿Por qué el dinero no se le asignó como presupuesto a la Secretaría de Obras? ¿Quién introdujo a HSBC en ese esquema y por qué? ¿Se revisará este gasto considerando que, al final, sí es dinero público porque las obras se están pagando con un préstamo recibido sobre el impuesto al hospedaje, es decir, dinero público?
La conferencia de las autoridades capitalinas esta semana no resolvió ninguna de estas preguntas. Ahora, también falta que expliquen cuánto están ganando en comisiones los abogados y las empresas intermediarias que aparecen en varios documentos, gestionando los fideicomisos, asesorando en los documentos legales y contribuyendo a que seguir la ruta del dinero sea cada vez más difícil.