Hace unos años, el gobierno de la Ciudad de México creó un Fondo Mixto de Promoción Turística. Su función principal era promover la ciudad. Ahora, ese fondo opera un esquema de financiamiento muy poco transparente para pagar la obra pública que la Ciudad de México realiza antes del Mundial 2026, según contratos y pagos confidenciales que obtuve para esta columna.
Una fuente con acceso a los acuerdos y los pagos hechos por la Ciudad de México me contactó hace poco, luego de que publiqué varias columnas sobre los acuerdos secretos que habían firmado la FIFA y México. Esta fuente me dijo que en la ciudad se está operando un esquema en el cual “se aprecia un afán por que los recursos no sean fiscalizables”.
En octubre, en la ciudad cambiaron las reglas de operación del Fondo de Promoción para incluir “gastos con cargo al patrimonio del Fondo”. Entre estos gastos, dice la información a la que tuve acceso, están obras de la ciclovía de Tlalpan, la remodelación del Cetram Tasqueña, los vagones del Tren Ligero para el tramo de Tlalpan al Estadio Azteca, las canchas que se están habilitando en las alcaldías, entre otras.
El dinero para pagar las obras vendrá, según los documentos, del recurso que la capital recibe cada año en concepto de impuestos al hospedaje. En mayo de 2025, se ve en uno de los documentos, BBVA ofreció a la ciudad el financiamiento de lo que llamaron el Proyecto Ajolote: 4 mil millones de pesos por adelantado, que la capital debe pagar durante cinco años, con el dinero del impuesto al hospedaje. Aunque el gobierno dice que esto no fue una deuda, el documento detalla los intereses y el plazo de amortización, es decir, como cualquier otra deuda.
Semanas más tarde, otro documento completó el esquema. Obtuve una copia de una propuesta de acuerdo entre HSBC y BBVA. Este otro documento es un contrato de crédito simple entre los bancos. Hasta donde pude investigar, el gobierno no había mencionado a HSBC como parte del esquema. Pedí a dos especialistas que me ayudaran a analizar los documentos. Me explicaron que BBVA presta hasta 4 mil millones de pesos, pero no directamente al gobierno de la ciudad, sino a un fideicomiso privado. Ese fideicomiso es como una “caja de dinero” administrada por HSBC, que se alimenta del impuesto sobre el hospedaje, cedido mediante certificados del Fondo Mixto de Turismo. Al estructurarse así, la operación permite que Hacienda confirme oficialmente que no se trata de deuda pública, aunque el pago provenga de ingresos fiscales futuros.
En el esquema figura una empresa privada que participó en operaciones de dinero y que antes trabajó con varios gobiernos del PRI en el proyecto del aeropuerto que se canceló para la Ciudad de México. La fuente que me dio acceso a estos documentos también me hizo llegar corridas financieras del gobierno capitalino, con pagos realizados en estos meses. Allí hay otro detalle importante: se han emitido Cetes sobre el dinero que obtuvo el gobierno, otra acción que corresponde a procedimientos de deuda pública.
En los papeles hay pagos de intereses, pagos de contraprestaciones y fondos generados por el manejo de los recursos que, hasta donde pude confirmar, no se han reportado en las obligaciones de transparencia del gobierno local. Y hay un fideicomiso privado, del que sabemos muy poco. “Esto parece un fideicomiso de lavadora”, me dijo otra fuente especializada en compliance al ver los documentos.
Aún me falta mucho por analizar en estos contratos y pagos. Pero ya puedo decir con claridad que este esquema parece ser deuda pública, sin transparencia y, hasta ahora, sin fiscalización.