Nos hacen ver que de la conversación telefónica de ayer entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de los Estados Unidos, llama mucho la atención que nuevamente la mandataria mexicana dijo un rotundo no a la intención de Donald Trump de “ayudar” con sus fuerzas armadas a combatir a los cárteles en territorio mexicano. No es cualquier cosa, nos dicen, que alguien de manera tan tajante le diga que no a un presidente que ha dado muestras de que el derecho internacional no le es impedimento para realizar a placer operaciones militares en territorios terrestres y marítimos extranjeros. Se requiere de cierto valor para decirle que no al todopoderoso Trump. Pero, además del valor, se requiere también acelerar el combate a los cárteles y cortar sus brazos operativos y políticos, para que no exista el pretexto de que hay que venir por ellos.
Las divisiones que hay al interior del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por las propuestas finales que hicieron para la próxima reforma electoral, ayer quedaron en evidencia. Nos cuentan que algunos consejeros electorales, frente a los integrantes de la Comisión Presidencial, que encabeza Pablo Gómez, presentaron reclamos contra su propia presidenta, Guadalupe Taddei, por la cooptación de los órganos de dirección del instituto. Fue el consejero Jaime Rivera quien acusó que la autonomía del INE debe respetarse no solo en el papel, sino en que “los nombramientos de los órganos directivos no obedezcan al interés de una sola fuerza política”, y delante de propios y extraños exigió que en la reforma electoral se le “restituya la colegialidad al INE” para evitarle a la presidencia del organismo “una carga excesiva de trabajo”. La ropa sucia no siempre se lava en casa.
En días pasados, en este mismo espacio le comentamos el caso de José Gonzalo Espina Miranda, funcionario de la Secretaría de Educación Pública, quien en su declaración patrimonial reporta un ingreso por sueldo de 164 mil pesos mensuales, y que tiene diversos inmuebles y muebles por una suma cercana a los 140 millones de pesos. Ayer, don José envió una carta en la que asegura que esos bienes los posee por una copropiedad familiar, herencia familiar y el trabajo de varios años, y que todos ellos fueron adquiridos antes de haber ocupado un puesto de elección y de ser servidor público. Sobre los señalamientos relacionados con su plaza, asegura que él no ha incurrido en ninguna falta administrativa. Ahí están las dos versiones. Será la investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la que determine cuál es la que tiene sustento.
Quien estará de regreso en Washington, nos cuentan, es Ricardo Salinas Pliego. El presidente de Grupo Salinas realizará un viaje de trabajo de dos días a Washington. Nos aseguran que el empresario mexicano tiene programadas reuniones con diversos actores de la política estadounidense, incluidos secretarios y subsecretarios de Estado del gobierno de Donald Trump, así como funcionarios de la Casa Blanca. Durante su estancia también sostendrá encuentros con defensores internacionales de la libertad de prensa y de los derechos humanos.