La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó este miércoles que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación en contra de su exesposo, Carlos Torres, por presuntos delitos de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
Durante una conferencia, la mandataria estatal señaló que Torres ya fijó una postura pública y afirmó confiar en el proceso. “Yo estoy convencida de que la FGR es una institución sumamente seria, que va a hacer una investigación en profundidad y se van a esclarecer los hechos”, declaró. La indagatoria se inició tras una denuncia anónima, presentada semanas después de que autoridades de Estados Unidos retiraron las visas a Ávila y Torres en mayo del año pasado.
Una investigación de Televisa, difundida el martes, indicó que la denuncia contra Torres fue presentada el 11 de junio de 2025. De acuerdo con la carpeta de investigación de la FGR, a la que tuvo acceso el medio, Torres presuntamente recibía alrededor de 150 mil dólares mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, para permitir la operación del Cártel de los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa, en Baja California.
Carlos Torres emitió este miércoles un comunicado en el que aseguró haberse alejado de la política para atender el caso y cuestionó el origen de los señalamientos. “Es vital distinguir que no se trata de una investigación basada en hechos, sino de un procedimiento protocolario ante un dicho sin rostro”, expuso, en referencia al carácter anónimo de la denuncia. Añadió que confía en que la investigación permitirá desestimar las acusaciones.
La carpeta de investigación también señala a Luis Alfonso Torres, hermano del exfuncionario, como presunto líder de la red, encargado de operaciones de fondos ilícitos mediante empresas y apoyos a campañas políticas. Según la denuncia, la red realizaba extorsiones en aduanas del estado, reteniendo mercancías y exigiendo pagos millonarios para su liberación, recursos que presuntamente eran enviados al notario Ulises Ramírez. Las indagatorias apuntan además a que el dinero obtenido del tráfico de armas, drogas y efectivo era invertido en bienes raíces en Estados Unidos.
Torres militó cerca de 20 años en el PAN, partido en el que fue diputado federal y diputado local en Baja California. Posteriormente se incorporó a Morena, etapa en la que su figura quedó vinculada a la de Marina del Pilar Ávila. De acuerdo con la investigación periodística, ocupó el cargo honorario de coordinador de proyectos estratégicos en Baja California, del que renunció el 3 de junio de 2025, en medio de los señalamientos.
La carpeta de la FGR también menciona a otros funcionarios, entre ellos Gustavo Santos, director del SAT en Baja California; Omar Vicente Franco, director de Auditoría de Comercio Exterior; y Armando Ayala, exalcalde de Ensenada y actual senador, cuyos nombres aparecen referidos en la investigación.
