Mientras en Madrid, en los pasillos de la Fitur, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, hablaba de inversiones, turismo y de las “fortalezas” de su estado, en Salamanca estaba por ocurrir otra masacre. El domingo pasado, 11 personas fueron acribilladas en un campo de futbol en la comunidad de Loma de Flores. Decenas de disparos, pánico y un estado que volvió a exhibir su rostro más violento justo cuando su mandataria promovía en Europa una imagen de estabilidad y progreso del que sigue siendo el estado más violento del país.
En solo un fin de semana, se cayó el discurso de la reducción de la violencia en Guanajuato. La posición en la que queda la gobernadora ante los hechos es el fiel reflejo de un gobierno rebasado, cuya única esperanza realista es ser apuntalado, y prácticamente rescatado, por el gabinete de seguridad de la administración federal.
Una semana antes de la tragedia, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Guanajuato para encabezar un acto oficial en San Miguel de Allende, sin la presencia de la gobernadora. La visita ocurrió el 18 de enero, en el marco del Plan de Justicia para comunidades del noreste del estado, y dejó señales de una relación fría y cada vez más distante. Sobre la matanza en Salamanca, este lunes la presidenta dijo en su conferencia mañanera que el Gabinete de Seguridad ya trabaja de manera coordinada con las autoridades estatales, que se reforzó el despliegue federal en la zona y que el objetivo inmediato es ubicar a los responsables y contener nuevos brotes de violencia, aunque dejó claro que la conducción directa de la investigación recae en las instancias locales.
En las carreteras de la entidad todavía se observan espectaculares que destacan la labor del gobierno local panista en el combate a los criminales. Se presume una reducción de dos dígitos porcentuales en el número de homicidios dolosos, pero esto contrasta con una realidad, pues la percepción de inseguridad sigue siendo de las más altas.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante 2025 Guanajuato logró colocar las cifras de homicidios dolosos por debajo de los 3 mil casos, algo que no ocurría desde 2017. Sin embargo, cuando se suman las más de 500 desapariciones registradas en el mismo periodo a los alrededor de 2 mil 500 asesinatos reportados, el saldo de violencia vuelve a colocarse en niveles prácticamente equivalentes a los años más críticos.
En la entidad se cometen todavía cerca del 10% de los homicidios dolosos que se registran en el país. No hay forma de presentar estos números como un éxito de política pública.
Es verdad que en ciertos puntos del país se vive un escenario complejo de inseguridad, del que son responsables autoridades de distintos partidos y niveles de gobierno. Pero el caso de Guanajuato resulta particularmente delicado: la gobernadora permanecía en Europa mientras su entidad enfrentaba una de las peores crisis de seguridad recientes, y fue hasta el lunes, un día después de los hechos, que se pronunció al respecto.
La gobernadora tiene bajo su control el aparato de seguridad y procuración de justicia. Su administración incluso removió al polémico fiscal general del estado, Carlos Zamarripa, quien durante años fue considerado un lastre para cualquier intento serio de recomposición institucional. No obstante, ni ese movimiento estratégico fue suficiente para cambiar la inercia estructural del problema.
Guanajuato lleva prácticamente una década de violencia extrema, detonada originalmente por la disputa entre organizaciones criminales por el control del robo y tráfico de combustibles, pero actualmente ampliada a extorsión, narcomenudeo y secuestro.
Libia Dennise basó buena parte de su campaña en la promesa de una nueva estrategia de seguridad. Incluso se diseñó un modelo con la asesoría del exsecretario de Seguridad de Quintana Roo y Morelos, Alberto Capella. Pero ese esquema nunca terminó de materializarse en una arquitectura institucional sólida y Capella jamás ocupó un cargo formal en el gobierno estatal.
También se sabe que dentro de los diagnósticos iniciales se planteó solicitar a la presidenta Sheinbaum el cierre total de la refinería de Salamanca como medida para cortar incentivos criminales asociados al huachicol. Hoy, con la diversificación de los negocios ilícitos, esa idea quedó totalmente rebasada.
Las investigaciones contra Joaquín Leal Jiménez, empresario mexicano vinculado con el régimen de Nicolás Maduro del que di cuenta el lunes en este espacio, se extienden hasta diversas razones sociales en las que estuvo involucrado y en las que, según los análisis de seguimiento financiero, invirtió sus recursos. La lista de empresas que se relacionan con el joven que despertó el encono del Departamento de Estado estadounidense van desde distribuidoras de energía eléctrica hasta empresas de salud, mercadotecnia y de medios de comunicación.
Las razones sociales ahora identificadas son Suministro Sustentable de Energía en México SA de CV, Diversidad SA de CV, Lenergia SA de CV, Hábitos Luzy SAPI de CV y Loustaunau Motors SA de CV. En su natal Guanajuato, donde se asegura que regresó a residir desde hace algunos meses, se le identifican vínculos con Generadora de Electricidad y Gas en México SAPI de CV y Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública SC, y a nivel internacional ha hecho inversiones en ALEL Technologies LLC, Luzy Technologies LLC y Cosmo Resources PTE LTD.
Con la novedad de que Jorge Álvarez Máynez no buscará la gubernatura de Zacatecas en 2027, sino que estaría perfilando su proyecto hacia el Estado de México en 2029, donde Movimiento Ciudadano pretende construir una candidatura competitiva tras la recomposición nacional. Esa definición estratégica cambia por completo el escenario local, porque el aspirante que hoy encabeza algunas encuestas no entraría a la contienda.
De acuerdo con la encuesta Ruta 2027 de QM Estudios de Opinión y el HMG, publicada en enero de 2026, Máynez lidera con 36.1%, seguido de Ulises Mejía Haro con 25% y Miguel Varela con 20.5%. En intención de voto por partido, el mismo ejercicio coloca a Morena con 36%, por encima de MC con 14% y PAN con 13%. En una medición previa, difundida en junio de 2025, Morena ya encabezaba con alrededor de 30%, confirmando una tendencia sostenida de ventaja para el oficialismo rumbo a 2027.
El otro dato relevante es el careo interno de Morena. En ese levantamiento de enero de 2026, Ulises Mejía aparece como puntero con 19%, por arriba de Saúl Monreal con 12%, además de José Narro, Verónica Díaz, Alfonso Ramírez Cuéllar y Julieta del Río. A esto se suma que Saúl enfrenta el candado interno por nepotismo, al ser hermano del actual gobernador, lo que reduce su viabilidad. Con Máynez perfilado hacia el Edomex en 2029, también se abre la baraja para otros liderazgos y caras visibles de MC como Samuel García y Luis Donaldo Colosio.
El 26 de enero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso nueve sanciones a GBM Casa de Bolsa, que suman 16 millones 357 mil pesos en multas, por fallas en controles internos, cumplimiento normativo y manejo de información sensible del cliente. Esto coloca a GBM entre las casas de bolsa más sancionadas en el arranque de 2026, superando por amplio margen las multas impuestas a otras instituciones como Afirme y Shinhan de México, de acuerdo con un reporte de elceo.com.
Del desglose de las infracciones, cuatro multas por deficiencias en sistemas automatizados de detección y monitoreo alcanzan 6.7 millones de pesos, reflejo de fallas en los mecanismos que deben prevenir riesgos y reportar operaciones relevantes a la autoridad. A ello se suman dos sanciones por deficiencias en el área de cumplimiento, por 5.77 millones de pesos, y otras dos por fallas en la conservación y seguridad de documentación, por casi un millón de pesos.
El paquete sancionatorio también incluye una multa por información incompleta o desactualizada de identificación de clientes, generada por hechos de 2022, que representa casi 2.9 millones de pesos. Aunque ninguna de estas infracciones ha sido catalogada como “grave” según la Ley del Mercado de Valores, el volumen acumulado de sanciones plantea preguntas sobre los controles internos y la cultura de cumplimiento de una de las casas de bolsa con mayor participación entre inversionistas minoristas en México.