La que sigue siendo motivo de conflicto y desprestigio constante en el nuevo Poder Judicial es la ministra Lenia Batres, que confunde la justicia con la militancia y con su agenda personal. Su desgaste dentro de la propia Corte es tan grande, incluyendo su relación con los otros ministros y con funcionarios de primer nivel tanto del Poder Judicial como del gabinete presidencial, que resulta hasta legítimo pensar si tiene demasiado futuro en esa instancia.
El debate suscitado por Batres exigiendo negar un principio básico de la justicia, que es el de la cosa juzgada, o sea, que se pueda volver a juzgar un asunto que ya ha sido decidido por los jueces y hasta por la Suprema Corte, es la mejor demostración de un conflicto en el que ha intervenido, para descalificar a Lenia, hasta la propia presidenta Claudia Sheinbaum, y que ha llevado a poner distancia a la mayoría de los ministros con Batres.
Pero ella insiste en algo que no tiene sustento legal alguno. Lo hace públicamente, dentro y fuera de México, y compromete, como lo ha hecho siempre, su función como ministra con su militancia política personal. Y como ocurrió esta semana en el pleno de la Corte, simplemente se pone en ridículo, más aun cuando hasta la Presidenta ha descalificado sus opiniones sobre el tema.
La cosa juzgada es un principio procesal fundamental que otorga a las sentencias judiciales firmes el carácter de inmutables y definitivas, evitando su rediscusión en futuros procesos. Su importancia radica en que garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad social al poner fin a los litigios. Queda firme una decisión judicial cuando una sentencia es definitiva, impidiendo que las partes reabran el mismo debate sobre idénticos hechos, partes y pretensiones. Este efecto abarca tanto la acción ejecutiva para cumplir lo resuelto como la excepción para bloquear nuevos juicios.
Tiene como fin proteger la certeza de las situaciones jurídicas, priorizando la tranquilidad social sobre litigios indefinidos, una vez agotados los recursos legales. Así, vincula a jueces y partes, promoviendo la armonía entre resoluciones judiciales conexas. Por ello impide discutir lo resuelto en cualquier proceso futuro y habilita su ejecución plena, lo que asegura el respeto a lo fallado, otorga seguridad jurídica, ya sea por cumplimiento voluntario o compulsivo.
Eso es lo que quiere acabar Lenia Batres, argumentando la “corrupción” del anterior Poder Judicial. Sería un desastre para la justicia, para el país, para los ciudadanos y para las inversiones. Más aun cuando el tema de la justicia sigue siendo uno de los mayores impedimentos, el talón de Aquiles para las posibilidades de crecimiento y certidumbre democrática del país. Lo cierto es que, con el paso de los días y la debilidad para llevar la Corte que demuestra el presidente Hugo Aguilar, cada vez más se ponen de manifiesto las profundas diferencias que comienzan a marcarse en la SCJN y en el nuevo Poder Judicial, entre sus propios integrantes y otros actores económicos y políticos.
Por cierto, otra cara del Poder Judicial, muy diferente a la de Batres, la dio la magistrada Celia Maya, presidenta del poderoso y nuevo Tribunal de Disciplina Judicial en su informe de labores esta misma semana, propugnando por la profesionalidad y eficiencia del nuevo Poder Judicial.
LOS HERMANOS FARÍAS
Ha llamado la atención que la defensa de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, los dos contraalmirantes de la Marina acusados por encabezar una banda de robo de combustibles, y sobrinos del exsecretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, demanden ahora que el exsecretario, como se ha pedido tantas veces, sea citado a declarar en la investigación del caso, colocándolo implícitamente como responsable de esa operación y de sus propios nombramientos.
Por lo pronto, ayer el secretario de Marina, Raymundo Morales, afirmó que los hermanos Farías Laguna ya fueron dados de baja. El miércoles, Latinus informó que uno de ellos se había mantenido en activo hasta el 18 de diciembre y que el otro se mantenía en actividad. El secretario Morales insistió en que ya están los dos dados de baja y que tienen 15 días para presentar sus recursos de revisión. A ver si el almirante Ojeda algún día declara ante la FGR.
UNA REUNIÓN CLAVE
Hoy se reúnen en Washington funcionarios de Estados Unidos y de México para analizar los avances en el tema de seguridad entre las dos naciones y establecer, según se había adelantado en una llamada que sostuvieron el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado, Marco Rubio, mayores y mejores mecanismos, y compromisos comunes para avanzar en la seguridad.
Como suele ocurrir, no sabremos exactamente qué se acordó en ésta o en anteriores reuniones, pero en el actual contexto hay temas bilaterales y globales clave para el futuro de la relación. Estarán, se aseguró, el general Ricardo Trevilla, el secretario Omar García Harfuch y el almirante Raymundo Morales.