El inicio de 2026 trajo un escenario adverso para la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, marcado por tensiones políticas internas, reveses institucionales y un deterioro en su nivel de aprobación, en el contexto del proceso electoral para la renovación de la gubernatura.
De acuerdo con operadores de Morena que compartieron información bajo condición de anonimato, Sansores ha buscado convencer a Luisa María Alcalde y a la presidenta Claudia Sheinbaum de no permitir que Campeche quede en manos de Movimiento Ciudadano. Según esta versión, la mandataria estatal sostiene que existiría una supuesta negociación entre cúpulas políticas, que implicaría ceder el gobierno campechano a MC a cambio de no disputar Nuevo León.
En ese escenario, el nombre de Eliseo Fernández Montúfar aparece como el perfil mejor posicionado para competir por el poder en Campeche, mientras que en Nuevo León se ha documentado un desgaste en la imagen del gobernador Samuel García.
Más allá de esas versiones, en semanas recientes se han acumulado hechos adversos para la administración estatal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto del ministro Irving Espinosa, invalidó una reforma a la Ley de Obras Públicas de Campeche que concentraba en el Ejecutivo estatal la facultad de otorgar licencias de construcción, sin consultar a los municipios, bajo el concepto de obras de interés estatal.
Con esa resolución, el máximo tribunal retiró a la gobernadora el control financiero que había acumulado mediante dicha modificación legal.
De manera paralela, el entonces rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, fue vinculado a proceso por una jueza de control, derivado de una investigación por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple. Posteriormente, el Consejo Universitario de la Uacam lo destituyó del cargo y designó como nueva rectora a Fanny Maldonado Guillermo, abogada y notaria pública, y ex coordinadora de Asuntos Jurídicos de la institución.
Estos hechos fueron cuestionados públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante su conferencia matutina afirmó que no deben realizarse detenciones con motivaciones políticas, y señaló que la justicia no puede utilizarse como herramienta de vendetta.
A este contexto se suma la caída en la popularidad de Layda Sansores. De acuerdo con el ranking nacional de gobernadores de C&E Research, en enero de 2026 la mandataria se ubicó en el lugar 26 de 32, con 42 por ciento de aprobación, luego de haber iniciado su administración entre los gobernadores mejor evaluados del país.
