La masacre de Salamanca, Guanajuato, el fin de semana, donde fueron asesinadas 12 personas mientras se disputaba un juego de futbol, no es una casualidad. Guanajuato no sufre, como dicen algunos de la 4T, tanta violencia simplemente porque lo gobierna el PAN. Guanajuato es uno de los principales escenarios de la guerra de los cárteles, pero no por las drogas, sino por el robo de combustible, por el huachicol.
El robo de combustible a niveles alarmantes comenzó durante el sexenio de Peña Nieto, pero adquirió dimensiones mayores en el de López Obrador, cuando se nos decía una y otra vez que ese delito se había acabado. Nada más lejano de la realidad: no sólo no se acabó, sino que se potenció y, además del robo de combustible, se sumó el contrabando organizado de forma sistemática, en contubernio entre criminales y funcionarios. La violencia en Guanajuato no se comprende sin asumir esa realidad y la magnitud del negocio, que especialistas estiman en unos 107 mil millones de dólares al año.
Hay puntos centrales en esta lucha en Guanajuato desde hace mucho tiempo: Salamanca, donde se encuentra la refinería y a donde llegan y salen ductos hacia el resto del país; la ciudad de Irapuato, muy cerca de allí y la principal desde donde operan estos grupos; y Villagrán, el feudo del Cártel de Santa Rosa de Lima, que encabeza, aun desde la cárcel, José Antonio Yépez Ortiz, El Marro.
Alguna vez escribimos aquí, luego de la detención de El Marro y los golpes que sufrió el Cártel de Santa Rosa de Lima, que esa organización había sido prácticamente desmantelada. Pero, como ocurre en muchas ocasiones, como no se desmanteló el entramado político de protección y complicidad ni la estructura comercial y financiera en la que sustentaba, su operación se volvió a reconfigurar.
A eso contribuyeron varias cosas: primero, que los jueces dejaron en libertad a muchos de los detenidos por los militares. Incluso El Marro es uno de los pocos delincuentes que no ha sido enviado a Estados Unidos, pero lo cierto es que sigue operando desde la cárcel de Durango; segundo, que ese cártel estableció una enorme operación para ganarse el apoyo social en toda la zona de Villagrán, una protección social que le permitió operar con mucha impunidad. Y, tercero, que recurrieron al Cártel de Sinaloa, que los apoyó con recursos, armas y sicarios, una alianza que El Marro desde la cárcel ha ampliado al Cártel del Golfo.
La guerra aquí no es por la droga, aunque es un paso importante hacia el norte, es por los ductos que llegan y salen a la refinería de Salamanca y por el robo de combustible.
La violencia inició el sexenio pasado por la incursión en Guanajuato del CJNG, que reemplazó la base social con más armas y ejercicio de la violencia, incluso con la llegada de sicarios de otras entidades, sobre todo Jalisco y Zacatecas.
La masacre nos recuerda que el negocio del huachicol sigue vivo, ni el robo de combustible ni el contrabando se ha roto, el mercado todavía consume muchas gasolinas ilegales. El huachicol, en todas sus vertientes, junto con la migración y el fentanilo, son los grandes proveedores de recursos para el crimen organizado y, en la medida en que se toman acciones más duras contra migración y drogas, mayor importancia adquiere para los grupos criminales. Es parte de la exigencia de la Casa Blanca respecto a romper redes de corrupción y complicidad.
Las denuncias presentadas en Estados Unidos involucran, sobre todo, al Cártel Jalisco Nueva Generación, que es el responsable de, aproximadamente, 85% del combustible robado, utilizando incluso túneles para acceder a los ductos, pero participan también otras organizaciones criminales, como el de Santa Rosa de Lima.
El proceso inicia con la extracción ilegal de petróleo crudo directamente de la infraestructura de Pemex mediante tomas clandestinas perforadas en ductos. El crudo robado se almacena en tanques clandestinos o camiones cisterna controlados por los cárteles en territorio mexicano. Desde allí, el hidrocarburo es transportado en caravanas hacia las zonas fronterizas del norte, principalmente Tamaulipas, que funciona como corredor logístico para el contrabando hacia Estados Unidos.
Al cruzar la frontera, el crudo es depositado en lotes vacíos y centros de almacenamiento en Texas, muchos de ellos operados por empresas fachada o importadores cómplices vinculados al cártel. Para ocultar el origen ilícito del producto, se falsifican documentos aduaneros que clasifican el crudo como “aceite usado” u otros residuos, lo que permite evadir regulaciones fiscales y ambientales.
Desde esas empresas, el petróleo robado se vende a precio reducido a refinerías, distribuidores o corredores internacionales. Y, según las investigaciones del Departamento del Tesoro, ese crudo obtenido en forma ilegal ha llegado a los mercados globales, vendiéndose en India, China, Japón y regiones de África.
El camino inverso es el que sigue el huachicol fiscal, que representa 30% de todo este negocio. En el huachicol fiscal se evita el pago de impuestos al ingresar hidrocarburos al país con documentos falsificados o con fracciones arancelarias incorrectas. Por ejemplo, se importa diésel, pero se declara como lubricantes para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. También incluye la subdeclaración de volúmenes importados y la venta de combustibles a precios por debajo del mercado, afectando a empresas legales y a la recaudación fiscal.
Estamos hablando de un negocio de cientos de miles de millones de pesos que no se puede realizar sin amplias redes de protección y complicidad. Por eso las masacres.