La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría autorizar este lunes que las fiscalías aseguren toda clase de bienes relacionados o derivados de un delito sin control previo de un juez, decisión que modificaría un criterio que ha prevalecido para limitar posibles abusos en las investigaciones penales.
De concretarse, el cambio permitiría al Ministerio Público retener cuentas bancarias, inmuebles y otros bienes sin orden judicial, una facultad que hasta ahora solo ejerce la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pese a ser una instancia administrativa sin atribuciones constitucionales para la persecución de delitos.
En 2018, la integración anterior de la Corte estableció que la intervención de los jueces de control en la autorización de técnicas de investigación es la regla, al invalidar un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que permitía a las fiscalías asegurar cuentas y activos financieros, un tema de interés para el entonces gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
El nuevo proyecto, elaborado por la ministra María Estela Ríos, ex consejera jurídica del Ejecutivo federal, plantea que el aseguramiento de bienes constituye una técnica de investigación y una medida precautoria, cuyas afectaciones serían provisionales, ya que los bienes pueden ser devueltos si no se acredita su vínculo con un delito.
Bajo ese argumento, la propuesta sostiene que no sería necesaria una orden judicial para decretar el aseguramiento durante una investigación penal.
“El aseguramiento de bienes en términos del artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales no requiere control judicial previo por parte del Juez y, por tanto, puede decretarse por el Ministerio Público, con auxilio de la policía, de ser necesario, durante el curso de una investigación penal”, señala el proyecto.
La medida beneficiaría a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales, varias de las cuales han sido señaladas por su cercanía con los gobiernos estatales, pese a que la legislación establece su autonomía.
Al tratarse de una contradicción de criterios, bastará el voto de cinco de los nueve ministros para que se emita jurisprudencia obligatoria.
En sentido opuesto, la ministra Yasmín Esquivel, quien formó parte de la Corte antes de la reforma judicial y fue electa para el nuevo órgano, ha sostenido que los aseguramientos policiales requieren orden judicial, postura que ha plasmado en un proyecto relacionado con el aseguramiento de un inmueble por parte de la FGR en Santa Fe.
En ese asunto, Esquivel argumenta que el artículo 252 del CNPP establece que todos los actos de investigación que afecten derechos constitucionales deben contar con autorización judicial previa.
