Documentos del SAT confirmaron que el buque Challenge Procyon, que arribó a finales de marzo de 2025 al puerto de Tampico, transportaba más de 20 millones 944 mil litros de combustible ilegal, el doble de lo que fue reportado por autoridades federales durante el aseguramiento calificado como “histórico” por el gobierno.
La desaparición de al menos la mitad del cargamento ocurrió sin que hasta ahora alguna autoridad haya informado el destino del combustible, reveló una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Según actas del procedimiento administrativo iniciado en noviembre por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la empresa Intanza intentó evadir el pago de impuestos al declarar que se trataba de aditivos para aceites lubricantes, cuando en realidad era diésel.
El SAT determinó que los 17 millones 459 mil 290 kilogramos declarados en el pedimento equivalían a 20 millones 944 mil 445 litros de diésel, tras aplicar el factor de densidad oficial. El valor declarado de la carga fue de 53 millones de pesos, es decir, 2.5 pesos por litro, muy por debajo del valor real estimado en 10.9 pesos por litro, lo que habría significado una evasión fiscal superior a los 190 millones de pesos.
Tras la publicación del caso, fue destituido Antonio Martínez junto con otros funcionarios portuarios y aduanales, y el 6 de septiembre se informó de su detención por presunta participación en una red de tráfico ilegal de combustible en Tamaulipas. En esa red estaban implicados altos mandos de la Marina, incluidos dos familiares políticos del exsecretario Rafael Ojeda Durán.