Durante semanas, familiares de personas detenidas en Venezuela han dormido frente a centros penitenciarios de Caracas para exigir información sobre sus seres queridos, muchos de ellos presos por motivos políticos cuyo paradero sigue sin ser reconocido por las autoridades, de acuerdo con un reportaje publicado por The New York Times.
Uno de los casos es el de Carolina Carrizo, quien viajó 10 horas en autobús desde el occidente del país hasta la capital tras la desaparición de su esposo, Omar Torres, de 53 años, activista político detenido en un operativo policial sin orden judicial, según su testimonio. Desde hace dos semanas, Carrizo duerme afuera de la llamada Zona 7, un centro de detención en Caracas, aunque ni siquiera tiene certeza de que su esposo se encuentre ahí.
La situación se repite con decenas de familias que han instalado casas de campaña frente a la Zona 7, custodiada por policías antidisturbios. Las autoridades aseguran que el centro está vacío, pero los familiares afirman haber escuchado gritos desde el interior.
El reportaje señala que al menos 66 personas permanecen desaparecidas en Venezuela, de acuerdo con Foro Penal, organización que documenta detenciones por motivos políticos. De ese total, alrededor de 30 fueron arrestadas tras la fallida Operación Gedeón en 2020 y trasladadas en agosto, sin que desde entonces se tenga información oficial sobre su ubicación.
Las desapariciones ocurren en un contexto marcado por la reciente liberación de 154 presos políticos, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump. La atención internacional sobre estas liberaciones ha reactivado la esperanza de los familiares de quienes siguen sin registro oficial de detención.
“Estamos todas aquí afuera de las cárceles por él”, dijo Carrizo en referencia a Trump. “Yo ahora lo que quiero es que me devuelvan a mi esposo”.
Según Foro Penal, casi 800 presos políticos continúan detenidos luego de la represión desplegada tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, que el gobierno calificó como ganadas por Maduro pese a cuestionamientos sobre el conteo de votos. Esa ofensiva fue denominada oficialmente “Operación Tun Tun”.
El reportaje subraya que la desaparición forzada es considerada una violación grave del derecho internacional y un crimen contra la humanidad, ya que coloca a los detenidos fuera de toda protección legal. En Venezuela, la ley exige que toda persona arrestada sea presentada ante un tribunal en un plazo máximo de 48 horas, una disposición que, según organizaciones de derechos humanos, se incumple de manera sistemática.
Amnistía Internacional documentó un incremento significativo de desapariciones forzadas tras las elecciones de 2024, con casos en los que las personas permanecen incomunicadas durante días, semanas o incluso meses.
Entre los casos citados está el de Víctor Borges, activista político de 39 años, desaparecido desde el 25 de noviembre tras ser detenido en su lugar de trabajo por agentes de la Policía Nacional Bolivariana, según testigos. Su familia ha recorrido prisiones, hospitales, comisarías y morgues sin obtener información.
También se reporta el caso de Carlos José Rodríguez Rodríguez, de 29 años, detenido en septiembre de 2025 por presunta venta ilegal de dólares. Su madre asegura que fue llevado para un interrogatorio y que, a casi cuatro meses, no ha vuelto a saber de él, pese a haber recibido versiones contradictorias sobre su supuesta liberación.
Otra familia busca a Leonardo Prado, mecánico detenido en diciembre en un puesto de control, sin antecedentes de activismo político, según su hija, quien viajó hasta El Helicoide para exigir una fe de vida.
El gobierno venezolano no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por The New York Times para este reportaje.
