A pesar del discurso de austeridad y cercanía con la ciudadanía anunciado al inicio de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nuevas decisiones administrativas colocaron al máximo tribunal en el centro de la polémica por el uso de recursos públicos.
En septiembre de 2025, el entonces nuevo ministro presidente del órgano judicial, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó: “Tengan la seguridad de que es una Corte distinta, una Corte diferente a las anteriores. Aquí, el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo”. Sin embargo, meses después, los ministros comenzaron a recibir camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas, cuyo costo total por unidad supera los tres millones de pesos, al considerar el precio del vehículo y el blindaje.
La adquisición de nueve camionetas, una por cada ministro que asumió funciones en septiembre de 2025, generó críticas tras difundirse en redes sociales y medios de comunicación. Las unidades tienen un precio aproximado de entre 1.5 y 1.7 millones de pesos, mientras que el blindaje representa casi dos millones adicionales.
Ante la reacción pública, la SCJN justificó la compra al señalar que los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía la operación institucional. Añadió que la decisión se basó en opiniones técnicas de autoridades federales y respondió a criterios de prevención y seguridad, no a consideraciones discrecionales.
El máximo tribunal también informó que la renovación vehicular se realizó conforme a la normatividad interna vigente desde 2019, la cual establece que este tipo de unidades deben renovarse periódicamente, y aseguró que el proceso se llevó a cabo de manera paralela a la desincorporación de un parque vehicular mayor, sin precisar cuántos vehículos fueron dados de baja ni su estado operativo.
A esta controversia se sumó nueva información difundida en redes sociales. El usuario de X @Libro_negro_ reveló documentos que indican que la SCJN pagó 40 mil pesos por la elaboración de un retrato de la ministra Lenia Batres Guadarrama.
De acuerdo con la documentación, el contrato fue asignado mediante adjudicación directa a Diana Carolina López López y tuvo como objeto la elaboración de un retrato al óleo sobre lienzo, con un importe total de 40 mil 600 pesos, IVA incluido, como parte de un contrato simplificado autorizado por la Dirección General de Infraestructura Física del Poder Judicial de la Federación.
Hasta el momento, la Suprema Corte no ha emitido un posicionamiento público específico sobre el gasto destinado al retrato oficial, mientras continúan las reacciones en torno a las recientes decisiones administrativas del máximo tribunal.
Mendigos rasca huele, en su mugrosa vida habian imaginado tanto lujo, van a babear los lujosos asientos, miserables matraqueros.