El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, justificó la adquisición de nuevas camionetas blindadas para los ministros al señalar que las unidades heredadas de la integración anterior presentaban fallas mecánicas constantes, y no por amenazas a la seguridad personal de los integrantes del máximo tribunal.
En conferencia de prensa, Aguilar Ortiz explicó que los incidentes incluían vehículos que se detenían en trayectos, fallas en la suspensión y la ruptura de rines tras caer en baches, lo que motivó la decisión de renovar el parque vehicular. Precisó que cada camioneta tuvo un costo de 2.4 millones de pesos, incluyendo el blindaje.
Las declaraciones se dieron luego de que el pasado viernes circularan en redes sociales imágenes de las nuevas unidades, y de que la propia Suprema Corte confirmara su compra con el argumento de mejorar la seguridad y protección de sus integrantes. Sin embargo, tras la polémica generada, el máximo tribunal informó el domingo que los ministros decidieron no utilizar los vehículos.
Aguilar Ortiz indicó que las camionetas serán reconducidas y entregadas a juzgadores que enfrentan mayores riesgos en su labor, al subrayar que todo el Poder Judicial requiere este tipo de unidades para personal en situaciones de vulnerabilidad.
El ministro presidente reiteró que la Suprema Corte actuará bajo el principio de austeridad, con el objetivo de hacer un mejor manejo de los recursos públicos sin afectar el cumplimiento de sus funciones, y sostuvo que es necesario contar con vehículos adecuados para los traslados del personal.
En el encuentro con medios, Aguilar Ortiz estuvo acompañado por Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial, así como por los ministros Arístides Guerrero García, Giovanni Figueroa Mejía, María Estela Ríos, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías. Las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres no asistieron por motivos de salud, mientras que Loretta Ortiz se encuentra en Costa Rica en un evento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Tanto la Presidencia de la Suprema Corte como el Órgano de Administración Judicial aseguraron que habrá transparencia en el proceso y que se harán públicos el contrato de adquisición y el nombre del proveedor beneficiado.
