El gobierno de Nayarit, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, ha implementado un sistema de presunta extorsión y despojo de tierras en zonas de alto valor turístico bajo el pretexto de recuperación territorial, según una investigación publicada por la revista Proceso.
De acuerdo con el reportaje, la estrategia gubernamental en la zona de Bahía de Banderas, también conocida como Riviera Nayarit, se basa en la fabricación de carpetas de investigación, aseguramientos ilegales, órdenes de aprehensión arbitrarias y prisión preventiva como métodos de presión e intimidación contra propietarios y abogados, todo en el marco del denominado Megaoperativo Nuevo Nayarit.
El esquema se realiza mediante el uso del aparato estatal, particularmente la Fiscalía de Nayarit, funcionarios judiciales y un grupo de nuevos actores privados que participan en el Fondo Soberano Nuevo Nayarit (Fosonn). Además, se señala la creación de una ley de expropiación a modo y presiones a jueces y magistrados.
El reportaje expone que las costas de Nayarit han sido objeto de disputas desde hace más de dos décadas. El mecanismo habría beneficiado en el pasado a políticos del PRI y empresarios aliados, y actualmente continuaría operando con apoyo del llamado “clan chilango” y sus socios inmobiliarios, según denuncias de los afectados.
La investigación completa forma parte de la edición 0031 de Proceso, correspondiente a enero de 2026.
