Guadalupe Martínez Taboada, juez penal de Campeche, terminó de quitarse la máscara y le advirtió en sendas audiencias al periodista de 73 años, Jorge Luis González, que mejor no hablara ni tratara de defenderse, pues lo que dijera podría volvérsele en contra. Las audiencias del martes 9 y el jueves 11 en las que el periodista imaginaba revertir las dictatoriales medidas promovidas por la gobernadora Layda Sansores e impuestas por los poderes locales.
Por ejemplo, no puede hablar de ella y tiene que soportar a un censor cuya misión es protegerla: medidas cautelares que son una sanción en sí por haberse atrevido a criticar el autoritarismo y frivolidad de Sansores, quien movió las piezas hasta enmarcar el trabajo de Jorge Luis como incitación al odio, violencia de género y daño moral. “No hay para dónde hacerse”, me dijo ayer Jorge Luis. “La jueza impide que me exprese. Siguen empecinados en acabar conmigo en este estado donde la gobernadora manda sobre jueces y ministerios públicos”.
Nadie en la 4T nacional se extraña ante esta atrocidad “local”. Sería comprensible: el caso puede ser un tutorial para despedazar a otros periodistas. Menos comprensible es la lejanía de los periodistas que parecen ver esto como la extravagancia de una tirana insignificante que pronto se perderá en el olvido. Jorge Luis está muy solo. “La tormenta viene fuerte, hay que comenzar a cerrar las ventanas”, me dijo también ayer, viernes 12 de diciembre.