En Baja California en estos días, el Tribunal Superior de Justicia está nombrando de manera directa, por designación y acuerdo entre cúpulas, por supuesto esto incluye a funcionarios del Gobierno estatal y diputados, 11 jueces.
Así, al viejo estilo de las negociaciones, los acuerdos, la prebendas del poder y la influencia de la clase política local, dejando de lado la Reforma Judicial que le da al pueblo la facultad de elegir a los integrantes del Poder Judicial en todo el país con el voto directo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Alejandro Fragozo, junto a los 16 magistrados restantes, decidirán y “votarán” hasta ellos y sus 17 votos llegar a un consenso, para designar a 11 jueces, unos en materia civil, otros en materia laboral.
En el estado 29, los tres poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, fueron muy vivos al momento de votar y adecuar la Reforma Judicial propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y dejaron un Artículo, el 65, donde se otorgan la facultad de nombrar jueces y magistrados por designación cuando se trate de espacios judiciales de nueva creación. Textualmente el artículo se lee así: “Para ocupar los cargos de nueva creación de Magistraturas a que hace referencia el párrafo anterior, la Gobernadora o el Gobernador del Estado, someterá una terna a consideración del Congreso del Estado, el cual elegirá por el voto de la mayoría calificada de sus integrantes a una persona para ejercer la vacante de nueva creación. Por lo que hace a los cargos de juezas y jueces, el pleno del Tribunal de Justicia del Estado elegirá por voto de mayoría calificada de sus integrantes presentes a una persona para ejercer la vacante de nueva creación”.
Además, para amarrar bien a sus jueces ya designados, incluyeron en el Artículo: “En todos los casos, las personas designadas para ejercer las funciones de los cargos previstos en el párrafo anterior serán incorporadas a los listados para participar en la elección judicial que corresponda conforme lo establecido en el Artículo 60 de esta Constitución”, es decir, que, por Ley, quienes sean designados lo serán por ocho años, y tendrán un lugar asegurado en la boleta de la elección de 2033 para ser reelectos por ocho años más.
Este abuso de poder al redactar y aprobar en el Congreso Estatal de mayoría morenista, un artículo que les de la facultad de designar magistrados a la Gobernadora (y así dice, la Gobernadora, que en este caso es la morenista Marina Ávila Olmeda), y nombrar jueces a los magistrados, no es una novedad y sí va en concordancia con la ambición de poder que se vive en el Poder Judicial de Baja California.
Alejandro Fragozo, por ejemplo, es presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por tercera ocasión, cuando eso estaba prohibido en la Ley previa a la Reforma Judicial de la Presidenta Sheinbaum, y por supuesto en la nueva Ley, pero como es un incondicional de la Gobernadora y por tanto tiene a los diputados, hizo lo prohibido, reelegirse para un tercer periodo en la titularidad del Poder Judicial, alegando que ya no aplica la vieja Ley, y para la nueva legislatura, esta no es la segunda vez que se reelige, sino la primera en que es electo en “la nueva integración del Poder Judicial”. La realidad, es que los encargados de hacer valer la Constitución, son los primeros en abusar de la misma.
La mayoría de los magistrados que en Baja California integraban el “viejo y viciado Poder Judicial”, que motivó la reforma de la Presidenta aun cuando fue propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue inscrito en la elección judicial del 2 de junio de 2025, para repetir en el cargo, y tener la oportunidad, como Fragozo, de ser en tres periodos presidente del Tribunal, cuando es precisamente por esas nefastas prácticas de concentración de poder, que se hizo, se presentó y se aprobó la reforma judicial.
Ya entrados en la materia de abusar del poder, los magistrados, que por cierto presentaron y los diputados de Baja California les aprobaron, los salarios de los nuevos jueces que por estos días serán designados, para el presupuesto 2026, y como todo les ha salido tan bien, que tienen previsto abrir dos espacios más para juzgadores penales, que serían electos de la misma forma, por designación de poderosos integrantes del Poder Judicial y no por el voto popular.
Y ahora ahí están las consecuencias, en lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la elección judicial correspondiente, las plazas se aprobaron para abrirse, y rápidamente, los magistrados designaron por su voluntad y voto a 11 jueces, contraviniendo la reforma judicial que da esa facultad al pueblo, en una elección cada tres años, pero que acá, simplemente ignoran para seguir con las prácticas que la presidenta y el ex presidente tanto detestan de concentración de poder y negociaciones cupulares, y no populares, en el Poder Judicial. Vaya ejemplo el de Baja California.