El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, analiza iniciar el año con una serie de órdenes de aprehensión contra exfuncionarios del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, actual embajador de México en España. La posible ofensiva judicial seguiría una estrategia similar a la aplicada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
De acuerdo con fuentes en Culiacán reportadas por la Política Online, Rocha no aprueba el papel político que Ordaz ha asumido en el estado, particularmente por su influencia en el Partido Verde a nivel local.
Entre los casos que estarían bajo revisión destaca la construcción del estadio de futbol en Mazatlán, una obra impulsada por el exgobernador priista y que, según el actual mandatario, podría estar relacionada con presuntas irregularidades.
El antecedente más cercano está en Sonora, donde Durazo emprendió investigaciones contra funcionarios del sexenio de Claudia Pavlovich, hoy embajadora en Panamá, luego de que ella comenzara a tener actividad política en la entidad.
El modelo aplicado por Durazo, señalan fuentes cercanas a Rocha, se basa en actuar contra exmandatarios que abandonan su papel diplomático para reinsertarse en la vida política local.
Ayer martes, en medio de estas tensiones, trascendió una nota en el diario El Universal en la que se destaca que Quirino Ordaz continuará como embajador en Madrid, en un movimiento que fue interpretado como una respuesta ante los posibles señalamientos en su contra.
Mientras tanto, en Sinaloa persiste un panorama complejo en materia de seguridad, pese a los operativos recientes encabezados por Omar García Harfuch y al incremento en los recursos federales.
