Por no acreditar la personalidad legal de sus representantes ni presentar a tiempo un recurso de apelación, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue condenada por un juez federal a pagar hasta 9 mil 534 millones de pesos a la empresa Security Tracking Devices (STD), propiedad del empresario José Susumo Azano, reveló el diario Reforma.
La sentencia fue emitida por Gabriel Regis, juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, quien ordenó a la Sedena cubrir el monto total de las obligaciones incumplidas derivadas de 13 facturas correspondientes a nueve contratos adjudicados entre 2010 y 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón.
La demanda fue interpuesta por STD en septiembre de 2023, luego de que los contratos fueran rescindidos durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación sobre el caso.
En marzo de 2024, el juez declaró a la Sedena en rebeldía y confesa, al resolver que el General Pedro Bonilla Muñoz, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y Jorge Suárez Becerril, Subjefe Jurídico, no acreditaron su personalidad como representantes legales de la dependencia. En consecuencia, el escrito de contestación fue tenido como no presentado.
La apelación presentada por la Sedena también fue desechada por extemporánea, según resolvió el 3 de julio de 2024 un Tribunal Colegiado de Apelación. La sentencia quedó firme el 16 de agosto del mismo año.
Ante la falta de defensa legal válida, el juez Regis, quien fue candidato a ministro de la Suprema Corte en junio pasado, condenó a la Sedena al pago total de las prestaciones reclamadas por la empresa.
Aunque la Secretaría interpuso una nueva apelación el pasado 2 de diciembre, la decisión sobre la falta de personalidad legal de sus apoderados ya es cosa juzgada, por lo que no podrá revertirse.
STD fue una de las distribuidoras en México del software de espionaje Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group. En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de la empresa y de Susumo Azano.
El empresario también fue condenado en 2017 en California a tres años de prisión, tras ser hallado culpable de realizar aportaciones ilegales por 600 mil dólares a campañas políticas en San Diego, donde poseía dos residencias.
