Hoy en la Cámara de Diputados se discutirá en el pleno la Ley Arancelaria de la presidenta Claudia Sheinbaum que contempla la imposición de aranceles a productos que provengan de países con los que no se tengan acuerdos de libre comercio, señaladamente de China y otras naciones asiáticas.
Nos hacen ver que Morena y el PVEM se encargarán de aprobarla, pero muy probablemente el otro aliado de la autollamada Cuarta Transformación, el Partido del Trabajo (PT) vote en contra.
Ayer, el bloque oficialista se fracturó en comisiones porque los diputados petistas se inconformaron con dicha alza de gravámenes y votaron en abstención, lo cual podría repetirse hoy en el pleno. Nos aseguran que el PT no quiere afectar su cercanía con el gobierno chino.
A propósito de su 35 aniversario, el PT recordó sus principios fundacionales y por su cercanía con el régimen comunista chino está en contra de los aranceles propuestos por el Ejecutivo para proteger a las empresas mexicanas ante la competencia china.
Hoy se verá en la votación, nos dicen, si el PT es más leal a la 4T que a China.
Las discretas llamadas entre Sheinbaum y Trump
Nos señalan que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hablado con el mandatario estadounidense Donald Trump mucho más de lo que se ha informado oficialmente. Mientras de manera pública se han reconocido alrededor de nueve conversaciones, nos aseguran que en realidad se han sostenido 14 llamadas, cinco más de las reportadas. En su reciente visita a Washington, la propia Presidenta dijo a un grupo de migrantes que la comunicación con su homólogo ha sido permanente y los temas han sido variados, pero uno de los puntos recurrentes ha sido el comercio, justo en el momento en que la Casa Blanca ha endurecido su postura arancelaria hacia nuestro país. Nos comentan que, aunque estas charlas se han manejado con bajo perfil, en Palacio Nacional aseguran que estas han ayudado a mantener abierta una línea directa clave que ha evitado que el conflicto escale.
Nos recuerdan que, aunque en teoría la Suprema Corte es un poder autónomo y apartidista, al parecer los morenistas tienen algunos tratos privilegiados en el máximo tribunal del país. Ayer se vio al diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna muy sonriente, junto al ministro presidente, Hugo Aguilar, quien lo recibió en su oficina, un trato que no todos los que van a pedir justicia a la Corte tienen. Don Sergio llevó firmas para que se atienda a la brevedad la petición para retirar un amparo vigente al exgobernador panista de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Para la Suprema Corte todos los mexicanos son iguales, pero está claro que hay unos más iguales que otros.
Ayer, nos comentan, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, tuvo un desencuentro con un reportero que le preguntó si el gobierno de Estados Unidos debería intervenir tras la ingobernabilidad que se vive en varios estados del país, entre ellos Michoacán, donde estalló un coche bomba. El líder morenista respondió que de ninguna manera aceptaría una intervención extranjera, pero el tono airado provocó la inconformidad de algunos periodistas quienes le pidieron no molestarse por las preguntas incómodas. Al final, el desencuentro no fue lo que llamó la atención, sino que el área de Comunicación Social recibió la orden de editar el video y borrar esa parte. Cuando algunos medios se percataron de la rasurada que sufrió la grabación, Comunicación Social de plano eliminó el video.
En medio de una sucesión anticipada, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el magistrado Guillermo Valls Esponda rindió cuentas de su gestión. Se trató del tercero, y último, informe de don Guillermo al frente del organismo jurisdiccional en el que se dirimen las controversias federales en materia fiscal y administrativa. Nos hacen notar que varios temas del informe llamaron la atención, como el de la modernización del tribunal y los fallos en materia de castigo a la corrupción. Sin embargo, nos dicen que un dato dentro del informe resaltó: el relacionado con los beneficios generados por las resoluciones en los últimos tres años, cuyo impacto financiero sumó más de un billón 309 mil 551 millones de pesos, lo que es equivalente a 5.11% del PIB