La caída del fiscal Gertz

No, no fue Adán Augusto López o el propio López Obrador los que detonaron la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República. Desde hace semanas, en las reuniones del Gabinete de Seguridad federal eran recurrentes las quejas contra el fiscal, por su ausencia, porque estaba atrincherado en el búnker de la FGR, porque no trabajaba en la reconstrucción de las fiscalías estatales, pero sobre todo porque la judicialización de los asuntos que se llevaban desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Defensa no se transformaban en procesos ni en condenas. A eso se sumaba lo que fue una norma en los siete años que estuvo al frente de la fiscalía: la filtración, interesada, de información en muchas ocasiones para cubrir intereses políticos o personales. La última, la del caso Raúl Rocha.

La presidenta Sheinbaum ya había querido quitar a Gertz desde antes de asumir la Presidencia, pero el fiscal se negó y contaba, además, con el apoyo de López Obrador. A eso se sumaba la duda de si se impulsaba a Omar García Harfuch a la fiscalía o a seguridad pública. Finalmente, Omar se quedó en la SSPC y pidió que en la reestructuración de todo el Gabinete de Seguridad la policía de investigación, que está en manos de la fiscalía, pasara a depender institucional o tácitamente de la secretaría, para darle al secretario más músculo y para poner en coordinación las tareas de inteligencia con la judicialización de los procesos.

Pero Gertz también se negó. Eso provocó una suerte de desfase de todo el proceso porque la Defensa, la Guardia Nacional y la Marina, junto con la SSPC, trabajaban en forma conjunta, y la FGR quedaba fuera de ese esquema de trabajo. Y, además, los temas que le interesaban se filtraban en forma continua, sobre todo durante los últimos meses. Y otros quedaban paralizados en la propia fiscalía.

La caída del fiscal, en realidad, tendría que haberse dado el sexenio pasado. Nunca debería haber superado el caso del proceso que inició contra su familia política tras el fallecimiento de su hermano, que llevó a que tuvieran en prisión a Alejandra Cuevas por más de un año: que la Suprema Corte por unanimidad haya desestimado la acusación, liberado a Cuevas y acabado con ese proceso en el que el fiscal impuso todo su peso político, hubiera sido suficiente para que Gertz tuviera que presentar su renuncia.

De allí nacieron también otros conflictos, entre ellos la larga persecución del fiscal, con base en averiguaciones previas amañadas y filtraciones, incluso pagando algún libro, contra el consejero jurídico Julio Scherer Ibarra. Gertz fue a pedirle a Scherer, cuando éste era el poderoso consejero jurídico, que intercediera ante la Corte para que lo apoyaran en el juicio contra la señora Cuevas y su hija. Scherer le dijo que era imposible, que el caso no tenía sustento. Gertz lo amenazó diciéndole algo así como “usted eligió, podría haber tenido un fiscal amigo y prefirió tener un fiscal enemigo”. Y desde allí se lanzó aquella campaña.

Pero a eso se sumó la manipulación de los procesos para obtener objetivos políticos: el caso Lozoya fue paradigmático en ese sentido. Se usaron los actos de corrupción del exdirector de Pemex para tratar de involucrar una larga lista de 49 exfuncionarios de gobiernos anteriores y que Lozoya, como testigo protegido, los inculpara. Pero una vez filtrada la declaración amañada del exdirector de Pemex, la fiscalía no pudo judicializar ni un solo caso, y al final ni siquiera plenamente al propio Lozoya. En términos políticos sirvió para alimentar la narrativa contra el pasado neoliberal de López Obrador, pero la justicia retrocedió al nivel del tristemente célebre periodo de Chapa Bezanilla. ¿Por qué lo mantuvo López Obrador? Porque era el que le trasmitía los chismes de la clase política, empresarial, de los medios y porque protegía sus intereses.

Los casos de Raúl Rocha, la decisión de convertirlo en testigo protegido y de filtrar al mismo tiempo el expediente, y el del segundo tirador del caso Colosio, la detención de Jorge Sánchez Ortega, con quien Gertz estaba obsesionado en convertir en el cómplice de Mario Aburto en el asesinato de Luis Donaldo, un caso desestimado desde hace décadas y que revivió Gertz sin prueba alguna, dicen que colmaron la paciencia presidencial y se decidió operar su remoción.

Se ha dicho que lo pidió Adán Augusto López por temor a ser procesado por Gertz. No es verdad. López Hernández fue a Palacio Nacional convocado por la Presidenta para que operara, donde se tenía que operar, en el Senado, la remoción de Gertz que ella decidió. Y lo hizo a pesar de la oposición de algunos senadores del entorno más cercano a Andrés Manuel, como Alejandro Esquer. El expresidente no se pronunció, pero sí lo hizo su hijo mayor, José Ramón, uno de sus beneficiarios, pues nunca se investigó la casa gris, entre otros temas, en un tuit lleno de elogios al ahora exfiscal.

La remoción de Gertz, dicen quienes han estado con la Presidenta en las últimas fechas, es parte de una serie de movimientos que estaban contemplados para enero, pero que se aceleraron en el caso del fiscal por el enfrentamiento con la mandataria y con todo el Gabinete de Seguridad. Que esa decisión es presidencial, no de Adán o algún otro, lo demuestra la llegada de Ernestina Godoy y los primeros nombramientos en las áreas de investigación y policía de investigación de la FGR ocupados inmediatamente por los más cercanos colaboradores de García Harfuch. No le demos a Adán Augusto un poder que no tiene.