Cinco personas detenidas por su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en la tienda Waldo’s de Hermosillo fueron liberadas por orden de un juez, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, que anunció que impugnará la decisión.
La Fiscalía argumentó que la defensa utilizó recursos legaloides durante la audiencia, prolongando el debate con argumentos de forma, como la ilegibilidad de copias y la falta de color en los documentos, pese a que la carpeta original y copias fieles fueron entregadas en tiempo al juzgado correspondiente.
El organismo ministerial calificó como injustificada la resolución del juez, quien determinó que debido al volumen del expediente no era posible continuar con la audiencia de vinculación a proceso y ordenó la liberación de los imputados, concediendo un plazo de 18 días para que la defensa revisara el expediente.
“No fue por acreditarse su inocencia o indebida detención, sino bajo el argumento de otorgar más tiempo a la defensa”, lamentó la Fiscalía, señalando que el plazo constitucional máximo es de 144 horas, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.
El jueves pasado, la Fiscalía había informado sobre la ejecución de siete cateos y detenciones derivadas de órdenes de aprehensión contra 25 presuntos responsables, por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas e incumplimiento de un deber legal, tras la tragedia que dejó 24 personas muertas.
Los cargos fueron formulados contra quienes habrían tenido responsabilidad en el control operativo y técnico del inmueble, así como funcionarios o exfuncionarios con tareas de inspección o supervisión.
Medios locales reportaron que los siete detenidos fueron liberados, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía.
La dependencia estatal también informó que continúan las investigaciones por posibles fallas en las medidas de prevención y manejo de incendios dentro de la tienda, además de que familiares de las víctimas exigen acceso a la carpeta de investigación, transparencia en el proceso y que se finquen responsabilidades también a la empresa involucrada.
La Fiscalía aseguró que mantendrá la pretensión punitiva del Estado y continuará con las acciones legales necesarias para garantizar justicia, verdad y reparación del daño.
