G500 y Glencore, en desacato abierto

A RAÍZ DE la Reforma Energética que promovió el gobierno de Enrique Peña Nieto, a partir de 2014, Pemex perdió la exclusividad en la venta de gasolinas al público.

A partir de entonces arribaron al país las grandes multinacionales para entrar a un lucrativo negocio que hoy vale alrededor de cuatro mil millones de dólares al año.

De esta forma, gigantes como BP, que preside Murray Auchincloss; Chevron, que encabeza Mike Wirth, y Exxon-Mobil, que dirige Darren Woods, por citar sólo algunas, llegaron mediante asociaciones con empresas mexicanas.

En esa tesitura, en 2017, la multinacional suiza Glencore, que comanda Gary Nagle, se asoció con G500, a efecto de introducirse al mercado mexicano de los combustibles.

Lo hizo mediante la construcción de una terminal en Tabasco y la conversión de su red de estaciones de servicio bajo la marca G500, asociación que dio origen a una empresa denominada G500 Network.

Tal alianza de negocios contribuyó a que G500, que capitanea Guillermo Diez Barroso, en la actualidad tenga uno de los primeros lugares como distribuidor de gasolina a nivel nacional.

Para lograr dicha colaboración, G500 y Glencore, que dirige aquí Luis Rodrigo Macouzet, fueron asesorados por un experto contratado para ello, asesoría que, evidentemente, resultó exitosa.

G500 refiere que es una empresa que juega limpio, que hace las cosas diferentes, trabaja mucho en la parte de excelencia operativa y que brinda un servicio top a las gasolineras.

Contrario a su dicho, G500 y Glencore, accionistas de G500 Network, no juegan limpio con quien le prestó un servicio, pues desde 2018 se han negado a pagar los exitosos servicios que les fueron prestados.

Asesoría que permitió la asociación, lo que resulta incomprensible, pues siendo Glencore una empresa internacional y los accionistas de G500 conocedores de los beneficios obtenidos, se niegan a pagar.

El asesor inició una contienda judicial, la cual se tramitó ante el Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil de la CDMX, expediente 885/2018, juzgador que, de hecho, ya emitió una sentencia definitiva.

G500 fue condenada a pagar al experto 36.6 millones de dólares, más un interés de 9% anual, desde 2018, por lo que esa condena judicial podría ascender a casi los 60 millones de dólares.

Para evadir su responsabilidad, G500 solicitó un amparo ante un tribunal colegiado de la CDMX, mismo que le fue negado, por lo que deberá cumplir con la sentencia dictada por el Juez.

Es claro que G500, Glencore y G500 Network, así como sus directivos y abogados, entre ellos Diez Barroso,
Macouzet, Alberto Olimon, Giles Jones, Jorge Cores y Tomás Tarno no jugaron limpio.

Tampoco tomaron la mejor decisión al negarse a pagar por los servicios contratados, y su negativa les acarreará consecuencias cuantiosas, pues las tres instancias del juicio les fueron adversas.

Dicha sentencia está firme y, por tanto, afecta a Glencore y a G500, que ahora tendrán que afrontar ese adeudo.

EL PRÓXIMO VIERNES, José Medina Mora termina la fase de proselitismo como candidato de unidad para presidir, a partir de la segunda semana del mes que inicia hoy, la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El dirigente llega con voluntad de construir consensos con el gobierno del segundo piso de la 4T, pero también con la encomienda de defender los intereses del sector privado que ve con mucha preocupación decisiones que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial están tomando y que erosionan, aún más, la confianza y seguridad de los negocios. Medina Mora va a requerir una estructura robusta que le acompañe en esa nada fácil labor, que se combinará con la renegociación del T-MEC. Por ahí se dice que Julio Carranza, el expresidente de la Asociación de Bancos de México y exaspirante también a presidir el CCE, podría acompañarlo como vicepresidente. Al exdirector de BanCoppel le caracteriza también su mano izquierda, muy necesaria para lidiar con los funcionarios del actual régimen. Para cerrar la pinza, el presidente saliente del CCE, Francisco Cervantes, también seguirá jugando un papel clave como interlocutor de ambas partes. Y es que podría integrarse al equipo de la presidenta Claudia Sheimbaum. Hay quien asegura que pasará a formar parte del gabinete ampliado y, muy concretamente, a la Comisión Federal de Electricidad, en sustitución de Emilia Esther Calleja. El sector energético y, en particular, el rubro eléctrico está llamado a ser clave para potenciar la economía, y el Estado requerirá del soporte de la inversión privada. Un perfil como el de Cervantes va a ser necesario.

ALGO GRAVE ESTÁ ocurriendo en Quintana Roo, y no sólo afecta a los visitantes de Estados Unidos y Canadá, los mercados más importantes para el Caribe mexicano, sino a todos los turistas internacionales que ingresan al estado. El derecho que se cobra hoy por entrar al territorio está dejando de ser un instrumento fiscal legítimo para convertirse en un arancel encubierto, una barrera económica que amenaza la competitividad del destino. En el papel, el visitante paga 280 pesos. Pero en la práctica, debido a concesionarios, comisiones y “cargos por servicios”, ese costo se dispara hasta 525 pesos. El doble. Un cobro desproporcionado, inexplicable y completamente fuera de control. ¿Cómo pudo un derecho público convertirse en un esquema donde terceros inflan la tarifa sin supervisión ni transparencia? Y el despropósito continúa. El paquete fiscal de la gobernadora Mara Lezama enviado al Congreso del Estado pretende que los hoteleros sean ahora los sujetos obligados. Los hoteles, que no controlan fronteras, no procesan el ingreso de extranjeros ni administran infraestructura estatal, serían responsables de recaudar un derecho que no guarda relación alguna con su actividad. El sector formal, que genera miles de empleos, pasaría a cargar con una función recaudatoria totalmente ajena a su operación. A esto se suma otro golpe para todos los turistas internacionales: el Derecho de No Residente (DNR), que aplica exclusivamente a extranjeros, aumentará 15 por ciento. Un incremento que no representa mayor promoción, ni más conectividad, ni mejores servicios, y que tampoco reducirá tiempos ni facilitará la llegada del visitante. El turista internacional pagará más, pero no recibirá más.

LA UNIVERSIDAD LA Salle, encabezada por su rector Néstor Anaya Marín, realizó la cuarta edición del Galardón Profesionales con Valor. No es sólo una ceremonia más, sino un recordatorio de que la formación universitaria tiene sentido cuando se traduce en impacto real. Reconocer a 17 egresados en seis categorías es una forma de decirle a la comunidad que el éxito profesional no se mide únicamente en cargos o salarios, sino en la capacidad de transformar positivamente el entorno. Los perfiles distinguidos lo confirman. Ahí está Magda Zapata de la Cueva, primera mujer en ocupar el cargo de CEO de L’Oréal Chile; Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México; Fernando Olguín Molina, vicepresidente de Investigación del Departamento de Medicina de la Universidad de Colorado, y Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, entre otros.