La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra María Amparo Casar Pérez, presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, derivado del caso de una pensión vitalicia que obtuvo de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo.
Fuentes federales confirmaron que la académica y analista política ha sido citada para comparecer el próximo martes ante la jueza Diana Selene Medina Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, donde se formulará imputación formal en su contra.
La denuncia fue presentada por Pemex, que en marzo del año pasado suspendió el pago de la pensión a Casar Pérez, argumentando que su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, no falleció por un accidente laboral, sino por suicidio, lo que invalidaría el beneficio. La empresa también señaló que Márquez Padilla trabajó únicamente 129 días en la paraestatal, como coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración, entre junio y octubre de 2004.
La FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, decidió judicializar el caso más de un año después de haber iniciado la investigación.
María Amparo Casar interpuso un amparo contra la decisión de Pemex. En esa resolución, el juez determinó que no se puede suspender unilateralmente una pensión una vez otorgada, al considerar que se trata de un derecho activado a partir del fallecimiento del trabajador.
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