Columna invitada

Falso

El 27 de noviembre de 2025 será recordado por una maniobra política que, una vez más, exhibió la opacidad como práctica del grupo gobernante.

La víspera, pasadas las 10 de la mañana, el senador Adán Augusto López Hernández, figura clave de Morena, acudió a Palacio Nacional. Poco después, el Senado citaba a una inusual sesión plenaria para el día siguiente, sin un orden del día claro que justificara la urgencia.

La incertidumbre se rompió en un chat interno de senadores del partido oficial, donde uno de los legisladores deslizó la verdadera razón: la sesión sería para recibir la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. La respuesta inmediata de Adán Augusto, en el mismo chat, fue un tajante y escueto: “falso”. En las horas subsecuentes, los integrantes del oficialismo que sin duda conocían la inminente salida de Gertz —ya fuera por renuncia o remoción— mantuvieron un silencio calculado, blindando la decisión hasta el último momento.



Este patrón de secretismo no es un simple descuido, sino una elección deliberada que socava los principios más básicos de la democracia. El valor de la palabra es una condición indispensable en la política. Cuando funcionarios o representantes mienten sobre la renuncia de un fiscal general, una posición de poder constitucionalmente autónoma, el oficialismo sugiere que la verdad es un lujo que sólo se concede cuando conviene a sus intereses.

El episodio deja meridianamente claro que la palabra de Adán Augusto carece de valor alguno. Es imposible, a la luz de estos hechos, dar crédito a su dicho de que, siendo gobernador de Tabasco, jamás estuvo enterado sobre las andanzas delictivas de su secretario de Seguridad Pública estatal, Hernán Bermúdez Requena, a quien él mismo nombró.

Pero el juego de la opacidad no termina con la negación de un senador. El fondo de la maniobra se reveló con la forma en que Ernestina Godoy fue colocada como virtual sucesora. Apenas el miércoles, Gertz la había nombrado como fiscal especializada de Control Competencial. Esa designación le otorgaba acceso directo a convertirse en encargada de despacho de la dependencia en cuanto se consumara la salida de Gertz, sorteando así la complejidad del proceso constitucional.



El fiscal saliente reveló la clave para entender esta jugada, al deslizar que la presidenta Claudia Sheinbaum ya lo había propuesto como “embajador de México ante un país amigo”.

La manera en que Godoy fue colocada en el organigrama de la FGR para facilitar su ascenso a la encargaduría de despacho evoca, guardando las debidas distancias históricas, los hechos de la Decena Trágica de 1913. En aquella ocasión, el presidente Pedro Lascuráin, que asumió tras el asesinato de Madero y Pino Suárez, nombró a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación para luego, minutos después, renunciar a la Presidencia, consumando la legalización del ascenso al poder de éste. Aquí, el oficialismo pervirtió el largo y complejo proceso constitucional para la sustitución del fiscal general, pues es obvio que, una vez cumplidos los trámites y con Godoy ya al frente de la institución, su ratificación definitiva es el único resultado esperado.

Este conjunto de hechos no sólo habla de una falta de transparencia, condición ineludible de un buen gobierno, sino también de una instrumentalización del servicio exterior. Si se confirma que Gertz se va como embajador a Alemania —como se dice con insistencia—, otro país del G7 tendrá como representante de México a alguien que llega por conveniencia política de la autodenominada Cuarta Transformación y no por interés genuino del país o experiencia diplomática, una práctica que ya se ha observado en destinos clave como Canadá, EU, Reino Unido, Francia e Italia.



La opacidad en la Fiscalía, la devaluación de la palabra pública de un líder del oficialismo, el uso faccioso de las embajadas y el que haya sido Adán Augusto quien instrumentalizara la salida de Gertz —y no al revés— son signos de un gobierno que prioriza la conveniencia política por encima de la integridad institucional. Es un costo democrático que, a la larga, empobrece a la República.

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