Pemex reportó en su informe del tercer trimestre un pasivo con proveedores de 517 mil millones de pesos, un incremento respecto al trimestre previo y una cifra que refleja únicamente lo registrado en sus sistemas contables. Sin embargo, la deuda real supera los 900 mil millones de pesos, pues al menos 400 mil millones adicionales corresponden a trabajos ya ejecutados que la petrolera no ha reconocido. El resultado es un ecosistema de incertidumbre, empresas al borde de la quiebra y una maquinaria informal que aprovecha la asfixia financiera para operar redes de gestión de pagos dentro y fuera de la empresa productiva del Estado.
Uno de los casos más ilustrativos del modus operandi que prolifera en Pemex es el de Filtración Industrial Especializada S.A. de C.V., una empresa proveedora que, ante la imposibilidad de cobrar de manera ordinaria, recurrió a Julián Loyo, empleado —o ex empleado— de Pemex en el área de contratación de personal. Desde un domicilio en Amatlán 94, Condesa, Loyo ofrece el servicio de gestión del COPADE, la codificación interna que permite a un proveedor facturar y cobrar. Sin COPADE no existe reconocimiento de deuda; sin reconocimiento no hay flujo; y sin flujo, las empresas se derrumban. Loyo no opera solo. Su vínculo con el despacho Ingeniería Aplicada RONU S.A. de C.V., representado por Nahum Gallardo Dionisi, abre una puerta directa hacia áreas sensibles de Pemex. De acuerdo con documentos y mensajes redactados por el propio Loyo, RONU funge como “despacho satélite” del director corporativo de Finanzas, Juan Carlos Carpio Fragoso, y mantiene comunicación operativa con la Dirección General a través del operador Benjamín Salas.
El esquema es sofisticado y a la vez rudimentario. Los gestores muestran capturas de pantalla de los “pagos formados”, acceden a visualizadores internos y garantizan agilizar trámites que Pemex debería ejecutar de manera automática. A cambio, celebran con el proveedor contratos comisionistas que contemplan tarifas de entre 8% y 15% del monto a recuperar. Las notas informativas revelan incluso filtros de “viabilidad”: que la empresa no esté vetada por Pemex, que no presente incumplimientos y que cuente con un directivo dispuesto a firmar los acuerdos de gestión. Lo que debiera ser un proceso administrativo básico se ha convertido en un mercado negro institucionalizado, alimentado por la falta de liquidez de la empresa y la desesperación de los acreedores. Loyo, un expriista cercano al círculo de Javier Duarte y hoy interesado en dar el salto a Morena para buscar una diputación federal por Veracruz, es apenas un eslabón de esta cadena.
Mientras esta red de gestores internos opera como válvula de escape, la falta de pagos ha desatado una tormenta mayor que ya alcanza a grandes jugadores del sector. El caso más emblemático es el de Typhoon Offshore, empresa del Grupo Salinas, a la que Pemex adeuda 745 millones de dólares. La contratista operaba plataformas que aportaban aproximadamente 140 mil barriles diarios a la producción nacional y sostenía una cadena de 12 empresas mexicanas que hoy están al borde del colapso. Tras meses sin recibir pagos, Typhoon suspendió operaciones en octubre pasado, afectando miles de empleos y comprometiendo la estabilidad productiva del país. La dimensión financiera, sin embargo, es solo una parte del problema.
Diversas versiones coinciden en que Andy López Beltrán, actual secretario de Organización de Morena, intentó adquirir Typhoon aprovechando su vulnerabilidad. La oferta fue rechazada por Salinas Pliego y, desde entonces, aseguran fuentes del sector, comenzó una ofensiva política para erosionar a la empresa y empujarla hacia un escenario de insolvencia.
Hoy Typhoon se encamina a un concurso mercantil no por fallas operativas o mala administración, sino por decisiones políticas y por la incapacidad —o falta de voluntad— de Pemex para cumplir sus compromisos contractuales. Cuando el Estado deja de pagar para presionar a empresas o para forzar adquisiciones, no solo destruye a un proveedor, sino confianza, inversión, empleo y producción. La caída de Typhoon golpea directamente la plataforma nacional de crudo y hunde a docenas de compañías mexicanas que dependían de su operación. Es una alerta de que Pemex puede convertirse en un riesgo sistémico.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha intentado contener el daño. En los primeros meses de su administración habría cubierto más de 140 mil millones de pesos en adeudos heredados, pero los pagos avanzan más lento que el crecimiento de la deuda.
¿Cuánto tiempo más podrá Pemex sostener operaciones sin reestructurar de fondo su sistema de pagos y sin desmantelar las redes de corrupción que hoy controlan el flujo interno? Porque si algo muestran los casos de Filtración Industrial Especializada y Typhoon es que la petrolera ya no puede garantizar ni liquidez, ni transparencia, ni certidumbre.
Posdata 1
Tal cual lo adelanté el martes pasado en esta columna, se instaló un nuevo Consejo empresarial diseñado y pensado por el presidente saliente del CCE, Francisco Cervantes, y el ingeniero Carlos Slim Helú, para “detonar la Inversión en México”.
Se trata de un grupo compacto de alto nivel con el que la presidenta Claudia Sheinbaum busca revertir el estancamiento económico y el freno en la inversión privada. La coyuntura lo obliga, pues el Banco de México prevé un crecimiento de apenas 0.3%, mientras que analistas del sector financiero ya hablan abiertamente de recesión técnica, tras los retrocesos en la actividad industrial, el empleo formal y las agroexportaciones.
La integración del Consejo incluye a 18 de los empresarios y líderes más influyentes del país, quienes fueron convocados para acompañar la estrategia económica del nuevo gobierno. Entre ellos destacan Carlos Slim Helú, Francisco Cervantes Díaz, Carlos Slim Domit, Bernardo Gómez, Carlos Hank González, Alfonso de Angoitia, Alejandro Baillères, José Antonio Fernández Garza, Felipe Chico Pardo, Álvaro Fernández Garza, Juan Pablo del Valle, José Antonio Chedraui, Alejandro Soberón Kuri, Laura Díez Barroso, Giselle Morán, Guadalupe de la Vega, Salvador Daniel Kabbaz Zaga y Altagracia Gómez.
Con este movimiento, prácticamente se da por concluido el ciclo del Consejo de Desarrollo Económico y Relocalización, encabezado por Altagracia Gómez. Su estructura había perdido influencia, resultados y capacidad de interlocución real con la iniciativa privada. La presidenta Sheinbaum optó, en cambio, por un órgano más concentrado y estratégico, que envía una señal de reacomodo en su relación con los principales inversionistas del país.
La antesala de este nuevo Consejo fue la reunión —la quinta desde que Sheinbaum llegó al poder— entre Carlos Slim Helú, Francisco Cervantes y la mandataria. Como adelanté en este espacio, Slim se perfila nuevamente como el consejero económico más influyente del gobierno, mientras Cervantes, próximo a dejar la presidencia del CCE, podría convertirse en un operador institucional clave.
El nuevo Consejo deberá ayudar a reconstruir la confianza en un momento en que la reforma judicial, los cambios a la Ley de Amparo, las políticas fiscales del SAT y la incertidumbre sobre la renegociación del T-MEC han afectado la confianza empresarial en México. Los inversionistas esperan señales claras de certidumbre y reglas del juego estables. El gobierno prevé que este grupo de 18 figuras pueda contribuir a darlas antes de que el freno económico se profundice.
Posdata 2
La crisis en el Instituto Politécnico Nacional sigue creciendo como bola de nieve, pese a la suspensión oficial de Javier Tapia Santoyo ordenada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Ahora, nuevas revelaciones apuntan a que el pleito con la Fundación Politécnico no fue, como se han querido presentar, una disputa por transparencia o por defensa institucional, sino por dinero que no se repartió. Según altos funcionarios y personas con acceso a las investigaciones, Tapia habría manejado 320 millones de pesos sin comprobar, cifra que internamente se acerca más bien a los 400 millones, y que provocó que la Fundación estallara cuando se le cerró la llave.
El conflicto escaló hasta las oficinas de Carlos Slim, uno de los principales benefactores de la Fundación Politécnico. La mano que meció la cuna, dicen en el Poli, fue Francisco Villa Rivera, el verdadero operador detrás de esa estructura privada. Un grupo de representantes acudió con Slim para asegurar la continuidad de los apoyos, pese al escándalo, y obtuvo luz verde para mantener el flujo de recursos.
Lo más llamativo es que, pese a la suspensión oficial, el círculo cercano de Tapia anda diciendo que esto “se va a enfriar”, que el escándalo pasará y que regresará “limpio” de la investigación. Una lectura política desconectada de la percepción pública, pero sintomática del nivel de control que Tapia llegó a tener dentro del Politécnico y de la red de operadores que colocó en todas las áreas críticas de la institución. La apuesta de su equipo es aguantar, esperar la resolución y reinsertarse en la sucesión interna, como si el daño reputacional fuera reversible.
Mientras tanto, otra polémica empieza a salpicar al propio director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, quien adquirió una finca cafetalera en Tzitzilán, Puebla, donde produce café bajo la marca Café Coyopol. El producto, según proveedores y personal administrativo, se procesa en instalaciones del Politécnico y termina en cafeterías de varias escuelas de la institución. Lo que no se sabe, y debería aclararse, es si ese café se dona (poco probable) o si existe un esquema comercial donde el Poli compra, directa o indirectamente, la producción del rancho del director. Un asunto menor en apariencia, pero que en el contexto actual huele a conflicto de interés.
Posdata 3
Como era de esperarse, el Senado eligió a Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República, en una votación ampliamente favorable que confirmó la fuerza del bloque oficialista y el respaldo tácito de Palacio Nacional. En su toma de protesta, Godoy delineó las prioridades de su gestión. Aseguró “no fabricar culpables, no perseguir políticamente a nadie y no permitir la impunidad”, además de fortalecer la fiscalía de asuntos internos con investigaciones multidisciplinarias y mecanismos estrictos de control. Prometió también una reingeniería operativa para despresurizar rezagos y modernizar la institución.
Sin embargo, el discurso de renovación convive con un hecho político inocultable, que es el que Godoy haya llegado con el impulso directo de la presidenta Claudia Sheinbaum, después de haber sido su consejera jurídica y mano derecha en decisiones clave desde su paso por la Fiscalía capitalina. Su narrativa de autonomía contrasta con las críticas de organizaciones civiles y voces de la oposición, que señalan que el proceso de designación fue rápido, sin deliberación pública suficiente y con la balanza inclinada desde el inicio. La nueva fiscal respondió que su compromiso será “con la Constitución y no con intereses particulares”.
Su compromiso es revisar el desempeño interno de la FGR, “caiga quien caiga”, aludiendo a la era que deja atrás Alejandro Gertz Manero, marcada por filtraciones, disputas personales y cuestionamientos a la legalidad de varias investigaciones. Godoy aseguró que no usará la institución “para ajustar cuentas”, aunque no precisó qué hará con los expedientes sensibles heredados ni cómo garantizará que la fiscalía sea un contrapeso real y no una extensión del Ejecutivo.
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