Durante dos décadas, Raúl Rocha Cantú construyó uno de los conglomerados más amplios, diversos y oscuros del país. Su holding Legacy Group presume un crecimiento inusitado con operaciones en México, Estados Unidos y Centroamérica; unidades de negocio en energía, casinos, bienes raíces, aviación ejecutiva, entretenimiento, producción audiovisual, CBD, tecnología y filantropía; y una estructura que, según su propia presentación corporativa, suma más de 25 empresas, presencia en 35 mercados, 10 mil empleados y oficinas en Ciudad de México, Monterrey, Toluca, Miami, Guatemala y Panamá.
El documento describe a Rocha Cantú como un “constructor de mundos”, un estratega transnacional y cónsul honorario de Guatemala, con relaciones empresariales de alto nivel y proyectos inmobiliarios en expansión. Su división energética, la más robusta, está integrada por Soluciones Gasíferas del Sur, Latin America Energy Group, BSE Combustibles, Orbison Energy, Global Solutions Energy Group, Expansión 2000 y otras compañías dedicadas a distribución de combustibles, estaciones de servicio, gas LP, infraestructura y manejo de ductos. Este es uno de los sectores en los que habría incurrido en el delito de robo y tráfico de hidrocarburos.
En casinos y centros de entretenimiento, Legacy Group opera salas en Culiacán, Hermosillo, Mazatlán, Los Cabos, Mérida, Monterrey y Tres Ríos, con más de 600 mil visitantes mensuales en sus marcas internas. En bienes raíces, el grupo presume desarrollos residenciales y comerciales en San Pedro Garza García, Valle Oriente, Arboledas, Monterrey y Cancún, además de proyectos en Estados Unidos y Centroamérica. Y en entretenimiento, su faceta más visible, Rocha se posicionó como inversionista y operador de eventos internacionales, incluido Miss Universo, certamen que intentó impulsar como plataforma continental.
Su caída comenzó cuando se filtró el video en el que Rocha se refiere a concursantes de Miss Universo en términos denigrantes. Luego, tras la sospecha de haber arreglado el certamen en favor de uno de sus amigos –y funcionario de Pemex–, Bernardo Bosch, padre de la mexicana premiada, Fátima Bosch. El escándalo mediático abrió la cloaca de sus negocios y las investigaciones que para entonces ya escudriñaban las autoridades.
El fin de semana, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que pese a las investigaciones en curso y a las órdenes de aprehensión vigentes “no hay indicios de que haya dinero del crimen organizado en Miss Universo”. Subrayó que las pesquisas se concentran en empresarios específicos, entre ellos Rocha Cantú, y no en el certamen como organización.
Hoy, más allá del escándalo mediático, Rocha Cantú enfrenta una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otras acusaciones. No ha sido detenido, no se ha presentado voluntariamente y se encuentra fuera del país, con reportes de estancia en Estados Unidos, Guatemala y Panamá. Su intento de obtener un criterio de oportunidad, mediante la figura de testigo colaborador, al parecer nunca se formalizó, y aun si hubiera existido un acuerdo preliminar con la administración anterior, la próxima fiscal general, Ernestina Godoy, puede revocarlo totalmente. Para efectos prácticos, hoy no goza de protección legal alguna.
Y aunque hasta ahora no existe una resolución formal de extinción de dominio sobre los activos de Rocha Cantú vinculados a Miss Universo, el riesgo está latente. La legislación mexicana permite a la FGR solicitar la pérdida de bienes cuando pueda demostrar que fueron adquiridos o financiados con recursos de origen ilícito, independientemente de que el activo, en este caso el certamen internacional y sus otras razones sociales, haya participado o no en el delito. Es decir que no se necesita que Miss Universo esté implicado, sino que lo esté Rocha Cantú. De esta manera, si la nueva fiscal decide profundizar la línea financiera de la investigación, la participación del empresario podría quedar sujeta a congelamiento, aseguramiento o extinción, arrastrando al certamen a un litigio internacional complejo.
Para muchos, Rocha Cantú quedó señalado desde el 25 de agosto de 2011, cuando el casino Royale, de su propiedad, fue incendiado tras un presunto intento de extorsión. 52 personas murieron, la mayoría trabajadoras que no pudieron escapar porque las salidas de emergencia estaban cerradas. Sin responsabilidad penal directa, el episodio exhibió un sistema de permisos irregulares, supervisión deficiente y una operación fragmentada que dejó una herida abierta en Monterrey.
Ahora, mientras la FGR revisa el caso Rocha Cantú bajo una nueva administración y Miss Universo intenta sobrevivir a la tormenta reputacional que provocó la conducta de su copropietario, el imperio Legacy Group enfrenta su momento más crítico. La historia empresarial que construyó durante 20 años se desmorona… junto con él.
Posdata 1
En mayo de 2022, Raúl Rocha Cantú, entonces cónsul honorario de Guatemala en el Estado de México, se reunió con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, para ofrecer cooperación bilateral y proponer proyectos conjuntos que, según él, beneficiarían a migrantes centroamericanos y fortalecerían los lazos económicos entre Guatemala y ese estado. Aquella fotografía política-diplomática sirvió para proyectar a Rocha como un intermediario con acceso privilegiado a gobiernos locales y extranjeros, reforzando su discurso de empresario transnacional cercano al poder.
Hoy, con la investigación de la FGR en su contra, una orden de aprehensión vigente por presuntos delitos graves y la revocación de su nombramiento diplomático por parte del gobierno guatemalteco, ese vínculo adquiere una nueva lectura y se habla del puente que pudo haber funcionado como vehículo de legitimación para operaciones y proyectos hoy bajo escrutinio. Lo que en su momento se presentó como cooperación internacional, aparece ahora como un eslabón más dentro de la red de relaciones políticas y diplomáticas que acompañaron la expansión pública de Rocha Cantú.
A este contexto se suma el hecho de que el esposo de Layda Sansores, Romeo Ruiz Armenta, es embajador de México en Guatemala desde 2019. Su paso por la diplomacia no ha estado exento de señalamientos por su presunto activismo político desde la representación diplomática, cuestionamientos por posible conflicto de interés y críticas por el uso de la embajada en eventos de corte partidista.
Posdata 2
La historia del “secuestro” de Ismael “El Mayo” Zambada volvió a dar un giro. Desde que circularon las primeras versiones sobre que el capo había sido privado de la libertad en territorio mexicano y entregado a agentes estadounidenses, el gobierno de México, a través de la FGR y la vía diplomática, pidió en varias ocasiones explicaciones formales a Washington. ¿Qué pasó, quién lo detuvo, bajo qué protocolos fue trasladado y si se violaron tratados de cooperación? El reclamo se repitió en agosto, septiembre y nuevamente en octubre de 2024, siempre con el mismo mensaje: que Estados Unidos detallara si participó o avaló una operación extrajudicial en suelo mexicano.
Sin embargo, la declaración más reciente de Joaquín Guzmán López echó abajo esa presunción. El heredero de la facción de “Los Chapitos” reconoció ante autoridades estadounidenses que fue él mismo quien secuestró a Zambada y que Estados Unidos jamás solicitó esa detención irregular. Es decir que el hijo del Chapo admitió la traición y desmontó la narrativa de una operación encubierta ordenada por EU, dejando en el aire la pregunta de qué sabía realmente el gobierno mexicano cuando exigió esas aclaraciones y por qué insistió en responsabilizar al vecino del norte.
Posdata 3
Un juez federal resolvió que los portales de Bet365 y Betano, operados en México por Ganador Azteca, del conglomerado de Ricardo Salinas Pliego, pueden reanudar operaciones mientras se litiga el fondo del asunto.
En medio de acusaciones por presunto lavado y una narrativa pública adversa, el grupo del magnate mexicano logró demostrar que los bloqueos de la UIF carecían de sustento sólido para mantener la suspensión indefinida. La decisión vuelve a colocar en la mesa la relación entre reguladores financieros y grandes jugadores del sector.
El caso también evidencia algo que en el sector se comenta en voz baja y es que el Estado suele sobrerreaccionar cuando se trata de plataformas digitales de apuestas, aun cuando estas operan bajo licencias oficiales y esquemas de cumplimiento equiparables a los estándares internacionales. Salinas Pliego había insistido en que el congelamiento era desproporcionado y afectaba no sólo su reputación, sino a miles de usuarios regulares del servicio. El juez, por lo pronto, le dio la razón en esa parte.
Por ahora, Salinas Pliego suma un respiro legal en una disputa que apenas comienza y que podría sentar precedentes para toda la industria del juego en línea.
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