EL PROBLEMA MÁS importante del agua y que casi no se menciona, no es la controvertida Ley que se ha discutido en las recientes horas: es la falta de presupuesto para asegurarla y procurar el vital líquido.
El presupuesto aprobado para la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 2026, disminuyó 1.2% en relación a este año. Estamos hablando de apenas 36 mil millones de pesos.
El Banco Mundial, de Ajay Banga; la OCDE, de Mathias Cormann, y el BID de Ilan Goldfajn, recomiendan que, al menos, se invierta 1% del PIB, esto es, 350 mil millones de pesos.
El Consejo Consultivo del Agua (CCA), que encabeza Raúl Rodríguez, ha venido recomendando que se inviertan 150 mil millones anuales en un presupuesto multianual a 10 años.
¿Qué gana el gobierno de la 4T imponiendo una Ley que expropia el agua y le quita la viabilidad a los productores porque desvaloriza sus tierras si el Estado no tendrá recursos para invertir en infraestructura hídrica? Además, ¿con un crecimiento económico de 0.03% este año y un máximo de 1% para el próximo año?
La discusión de la Ley General de Aguas y reformas a la actual Ley de Aguas Nacionales generó polémica y mucha confusión en el sector agrícola, el usuario más importante, con 76% del consumo total. La discusión se centró en la prohibición de la transmisión de los derechos o concesiones entre particulares y cambios de uso. Se reconoce que el espíritu de la iniciativa era correcto.
Y es que se centró en que la Conagua, de Efraín Morales, regulará los volúmenes de agua concesionados para evitar abusos, que sí existen, pero que no pueden asumirse como generalizados. Sí reales. Por ejemplo, hay casos en que concesiones de uso agrícola están siendo utilizadas por desarrolladores de vivienda, que las habían comprado directamente, al extraer mayor volumen del amparado en la concesión.
El problema radica en la “desconfianza” hacia el gobierno, que no garantiza la reasignación del volumen en una nueva concesión en un lapso máximo de 20 días hábiles. La desconfianza radica en que la Conagua refleja un atraso de más de 120 mil trámites.
El PRI de Alejandro Moreno, el PAN de Jorge Romero y MC de Jorge Álvarez Maynez, argumentaron que como se redactó la ley quedó abierta la discrecionalidad de la Conagua para reasignar las concesiones.
La discusión se extendió en diputados por más de 24 horas contínuas, y la minuta se turnó al Senado ayer mismo para que fuera aprobada omitiendo trámites y análisis. Había más temas discutiendo: cambio de usos, que se corrigió, permitiendo la combinación de uso agrícola y ganadero; también, la modificación para que la concesión sea heredable sin mayor trámite.
Asimismo, la disminución de sanciones penales y administrativas en los delitos hídricos, en relación a como venía la iniciativa original. Pero lo que parece ser un hecho es que el sector agrícola no quedará satisfecho y que por su aprobación, los inconformes continúen con manifestaciones y bloqueos.
Una tormenta perfecta, si se combina con la otra petición negada a los productores respecto de los precios de garantía al maíz, lo que no ha resuelto el secretario de Agricultura, Julio Berdegué.
EL SECRETARIO DE Administración del IPN, Javier Tapia Santoyo, quedó en pausa hasta nuevo aviso. ¿El motivo? Las averiguaciones que corren en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pues el equipo al mando de Raquel Buenrostro revisa las operaciones y movimientos financieros del funcionario, ya que se sospecha que ha incurrido en desvío de recursos y enriquecimiento oculto; entre los detalles del caso destaca que entre 2019 y 2022, captó recursos en cuentas bancarias propias y de Human Mobile Systems y Labi Scientific, las cuales presentarían disparidades con lo reportado a las autoridades.
La medida cautelar para suspender a Tapia Santoyo arrancó el 29 de noviembre y se le permitirá mantener 30% de su salario. Apenas en septiembre pasado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa lo inhabilitó por un año al encontrarlo culpable de esconder sus ingresos.
LA DIRECTORA DE Comunicaciones Corporativas para Latinoamérica de Henkel, Cynthia Ríos, envió una carta en la que “rechaza categóricamente las afirmaciones difundidas que señalan a la compañía como una entidad que incurre en prácticas de maltrato hacia su red de proveedores, así como los supuestos incumplimientos generalizados de pagos”.
Asegura que “mantiene una política estricta de cumplimiento de sus obligaciones contractuales, basada en principios de integridad, respeto y responsabilidad corporativa”. Sin embargo, también confirma que mantiene una disputa con un proveedor que ha llevado el caso ante las autoridades, y no abunda sobre los adeudos financieros que se han reportado a su sede de Alemania, que amenazan con incrementar esos conflictos legales.
En el pasado esas deudas han llegado a afectar las operaciones de la firma que lleva Valentín López, pues proveedores inconformes clausuraron por unas horas sus oficinas corporativas en Interlomas.