La explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, que dejó al menos cinco muertos y varios heridos, llevó a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar inicialmente el hecho como un acto de terrorismo, aunque más tarde reclasificó el caso como delincuencia organizada. El portal EMEEQUIS reveló que este caso se da en medio de la nueva categorización de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) por parte del gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo con el reportaje firmado por Áxel Chávez, publicado en EMEEQUIS, la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, activó en un primer momento los artículos 139 al 139 Ter del Código Penal Federal, que definen los actos terroristas en México, al considerar que la utilización de explosivos contra la policía comunitaria podría configurarse dentro de esa figura. Sin embargo, un día después la FGR rectificó e informó que el caso sería investigado como delincuencia organizada.
La explosión ocurrió el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la policía comunitaria en Coahuayana, un municipio costero en disputa entre grupos criminales, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El ataque dejó al menos cinco personas fallecidas y varios heridos, incluidos civiles y menores de edad.
El reportaje destaca que este hecho ocurre en el contexto de la reciente decisión del Departamento de Estado de EU de designar como FTO a seis cárteles mexicanos: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana. Esta clasificación se basa en tres criterios principales: capacidad de armamento, intención de atacar gobiernos o civiles, y amenaza a la seguridad nacional o intereses de Estados Unidos.
La denominación como organización terrorista implica consecuencias legales como restricciones migratorias, congelamiento de activos y acciones penales más amplias, según explicó el Congressional Research Service del Congreso estadounidense.
EMEEQUIS señala que la FGR justificó inicialmente su investigación en el marco del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, con apoyo del Centro Federal Pericial Forense, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y la policía local. No obstante, el cambio de clasificación a delincuencia organizada eliminó por ahora la posibilidad de que el hecho se trate como terrorismo en el marco jurídico mexicano.
El análisis periodístico recupera antecedentes como el atentado con granadas en Morelia en 2008, durante la ceremonia del Grito de Independencia, así como acusaciones de que cárteles mexicanos han tenido vínculos con grupos extremistas como Hezbollah, mencionados por Mike Pompeo, exsecretario de Estado de EU.
En México, la legislación contempla penas de hasta 40 años por actos de terrorismo, pero según el reporte, la figura es poco utilizada y la mayoría de las acciones del crimen organizado son clasificadas bajo otros delitos, como delincuencia organizada, uso de explosivos o posesión de armas prohibidas.
Un estudio citado por EMEEQUIS, elaborado por el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada y presentado ante la Cámara de Diputados, señala que aunque México no ha enfrentado terrorismo de corte fundamentalista, los daños causados por el narcotráfico podrían justificar una discusión sobre la reclasificación de ciertos actos violentos como terrorismo.
Finalmente, el texto compara la situación mexicana con la lista de 74 organizaciones terroristas extranjeras reconocidas por Estados Unidos, donde figuran grupos como ISIS, Hamas, Al Qaeda, y Abu Sayyaf, al señalar que los criterios aplicados a estos también están siendo considerados por Washington para clasificar a cárteles mexicanos.