Una juez federal canceló la audiencia en la que este martes la activista María Amparo Casar sería imputada por presunta obtención ilegal de una pensión vitalicia por viudez, según resolvió Diana Selene Medina Hernández, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.
La juzgadora determinó que la competencia para conocer del caso corresponde al Reclusorio Norte, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó previamente dos actos de investigación con autorización judicial en ese centro, durante el año 2024.
Por ello, ordenó devolver la solicitud de audiencia a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos, y le dejó a salvo su derecho para que presente nuevamente la solicitud ante la autoridad competente.
“Se ordena devolver la solicitud de audiencia inicial a la Fiscalía; en la inteligencia que se dejan a salvo sus derechos para que la presente ante la autoridad que conoció los hechos por los que se instruye la investigación”, resolvió la juez Medina.
María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), sería imputada por hechos relacionados con el cobro de una pensión por viudez tras el fallecimiento de su esposo, exfuncionario de Petróleos Mexicanos.
Los dos actos de investigación previos fueron autorizados por el entonces juez Gerardo Alarcón López, del Reclusorio Norte. Uno de ellos fue una audiencia del 28 de junio de 2024, en la que se ratificó el ingreso a un lugar sin autorización judicial, y el otro, una orden del 13 de septiembre, en la que se autorizó intervenir comunicaciones privadas para extraer información de un dispositivo electrónico.
