Acabar con la impunidad

Si el presidencialismo gana, y en México siempre sucede así, Ernestina Godoy Ramos será formalmente la Fiscal General de la República por los siguientes nueve años, o hasta que, como sucedió con su antecesor, Alejandro Gertz Manero, quien ocupe el Palacio Nacional en la elección de 2030 así lo decida.

La inserción de Godoy al frente de la FGR concreta el equipo de la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la inseguridad y la violencia, como ya lo hizo a su manera y directriz, con buenos resultados en la Ciudad de México, cuando la misma hoy exconsejera jurídica de la Presidencia fue fiscal local y Omar García Harfuch el Secretario de Seguridad, como lo es ahora en el ámbito de la federación.

Gertz Manero no representaba los intereses de la mandataria nacional, aunque no desentonó en la complacencia hacia la concentración de poder en Palacio Nacional, es quizá el primer deslinde de Sheinbaum, con autorización o no de su antecesor Andrés Manuel López Obrador. La sacudida, o la toma de decisión propia, se da en el tema que más ocupa y preocupa, no sólo a los mexicanos acaso también al gobierno de los Estados Unidos, el de la inseguridad y la violencia.

El cobro de piso a los sectores productivos del país, el crecimiento de la influencia criminal de los cárteles de la droga y con ello el aumento en el tráfico de droga y la comisión de otros delitos, como homicidio doloso, el despojo inmobiliario, la producción de drogas sintéticas, el robo de combustible y el llamado huachicol fiscal, son apenas algunos de los fenómenos delictivos que en México van al alza. El asesinato de policías y políticos, como el reciente magnicidio de Carlos Manzo, el Alcalde independiente de Uruapan, la corrupción en gobiernos estatales y municipales, se suman al ambiente criminal que predomina en el país.

Sea por fuero propio o por atracción, muchos de estos casos están en la esfera investigativa de la FGR, y también en la mayoría de ellos, la justicia no llega, prevalece la impunidad que es paradigma para que criminales, delincuentes, deshonestos, narcotraficantes o miembros de sus células sigan delinquiendo sabiendo que las probabilidades de que terminen en prisión son bajas.

El principal problema de México es la impunidad. De qué manera se puede explicar que un capo como Ismael Zambada García, “El Mayo”, haya delinquido, levantado un imperio de drogas y muerte iniciando en Sonora hasta dominar el territorio nacional en el transcurso de 50 años sin haber sido aprehendido, perseguido, buscado, investigado, imputado, vinculado a proceso.

Pocos narcotraficantes -y esto depende del gobierno, el contentillo y los acuerdos- terminan en prisión en México aún por una corta estadía para ser extraditados a los Estados Unidos en su mayoría. En la época de Ernesto Zedillo Ponce de León fue detenido el capo y líder del cártel del Golfo, Juan García Ábrego, sólo para ser de manera inmediata enviado a los Estados Unidos, sin pisar siquiera una barandilla mexicana, con el argumento de que era ciudadano norteamericano, para ocultar que en este país no contaba con una orden de aprehensión.

A Francisco Javier Arellano Félix y Arturo Villarreal Heredia, los líderes del cártel Arellano Félix en el año 2006, cuando aún gobernaba el país Vicente Fox Quesada, las autoridades esperaron a que cruzaran la frontera de México a los Estados Unidos, rentaran un yate en San Diego, California, aun cuando delinquían y residían en Tijuana, Baja California, zarparan del Pacífico, para detenerlos en aguas internacionales y ser enviados a la Unión Americana para juzgarlos en aquel país. En juzgados locales y federales del país no había una sola orden de aprehensión contra cualquiera de ellos. “El Tigrillo”, como apodaban al menor de los Arellano, vivía impune en Tijuana, trasegando droga, ordenando matar, cobrar piso, secuestrar, masacrar.

En la mayoría de los casos así es. Por ahí anda aun el dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, creciente su mafia, extendiendo su poderío criminal a todos los rincones del país con suma violencia, corrupción e impunidad.

En el ámbito político sucede algo similar. A excepción de los exgobernadores que fueron aprehendidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, los de ahora permanecen en la impunidad y el poder, defendidos por la autoridad que debería investigarlos, mientras la justicia espera una transición política para tener la posibilidad de llegar.

Hace unos meses se hizo alarde, de hecho, el propio y hoy renunciado fiscal Alejandro Gertz Manero, así como Omar García Harfuch, de dos hechos recientes de inseguridad, corrupción y crimen: el caso del líder de la Barredora, una célula criminal afiliada al CJNG del “Mencho”, Hernán Bermúdez Requena, quien fuera Secretario de Seguridad de Tabasco cuando ese estado era gobernador por Adán Augusto López Hernández, posteriormente Secretario de Gobernación en el sexenio lopezobradorista y actualmente sSenador de la República, pero de ahí no pasó. Aun cuando es evidente, en la lógica morenista para juzgar a sus detractores del pasado, que López Hernández sabía de la vida criminal de Bermúdez Requena. Pero al Senador, exsecretario de Gobernación, no lo tocan ni con el gramo de una hoja ministerial. La investigación del líder criminal de la Barredora está inconclusa, no ha llegado a “las últimas consecuencias”, y quienes le apoyaron en su carrera política y criminal siguen disfrutando de la impunidad.

Otra investigación cacareada y no concluida es la del cártel del huachicol que se armó, se estructuró y operó desde las entrañas de las Fuerzas Armadas, en el centro de la Armada de México, y con relaciones familiares con el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, cuyos sobrinos, el vicealmirante Manuel Farías Lagunas y el contraalmirante Fernando Farías Lagunas, encabezaban el cártel del huachicol desde las aduanas portuarias que maneja la Marina de México.

Mucha impunidad en un país que de suyo tiene fama de corrupto.

Más allá de la retórica de “los ejes de la seguridad” que suelen pregonar los gobernantes, como ahora lo hace la Presidenta Sheinbaum en la materia, el imperativo para la nueva Fiscal General de la República es combatir la impunidad, ponderar el Estado de Derecho, investigar, perseguir, detener a quienes, desde cualquier rincón, sector, delito o territorio, contribuyen con el crecimiento de los cárteles, son parte de la inseguridad que afecta, mata, extorsiona, a los mexicanos. Que los capos de los cárteles, los lugartenientes de las células, los sicarios, los lavadólares, los huachicoleros, los extorsionadores tengan órdenes de aprehensión, que en México sea norma que si se comete un delito se terminará en prisión. De otra forma, de continuar el mismo camino de la impunidad, los criminales seguirán creciendo, aumentando y dañando a una sociedad mexicana que sigue esperando la justicia.