El reciente cambio de titular en la Fiscalía General de la República (FGR), con la salida de Alejandro Gertz Manero y la llegada de Ernestina Godoy Ramos, ha sido vendido como un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad y la corrupción en México.
Sin embargo, en un país donde la falta de sanción a los delitos alcanza una cifra escalofriante de 98% —una estadística que se ha mantenido obstinadamente alta durante los últimos siete años, a pesar de las promesas de transformación radical de la autodenominada Cuarta Transformación—, es inevitable preguntarse si este relevo es más que un simple movimiento de fichas en el tablero político.
La cruda realidad es que es muy difícil que un mero cambio de persona al frente de una institución con vicios estructurales tan profundos pueda tener un impacto significativo en la reducción de la impunidad y el combate real a la corrupción. El problema que padece México no reside en la voluntad individual de un(a) fiscal, sino en la debilidad intrínseca de las instituciones de procuración de justicia.
Para combatir eficazmente la impunidad se requieren reformas estructurales que profesionalicen a ministerios públicos y policías de investigación, mantengan a raya la influencia de la política partidista y establezcan mecanismos de rendición de cuentas transparentes e inapelables.
Al prometer que, a partir de ahora, “se va a acabar la impunidad” se corre el riesgo de generar una gran y justificada decepción en una sociedad ya cansada de promesas incumplidas.
La desconfianza se alimenta de gestos. El miércoles, al final de la sesión del Senado en que fue declarada nueva fiscal, Ernestina Godoy se abrazó efusivamente con Adán Augusto López Hernández, líder de la bancada de Morena. Éste es el mismo personaje que, en 2019, mientras era gobernador de Tabasco, nombró como secretario de Seguridad Pública estatal a un individuo que resultó ser un jefe criminal. Esa cercanía entre el poder político y la cabeza del órgano encargado de perseguir el delito es, cuando menos, inquietante y socava la credibilidad de cualquier promesa de independencia.
De hecho, al evaluar el desempeño de la llamada Cuarta Transformación en materia anticorrupción, las cifras y los casos hablan por sí mismos. No sólo se ha mantenido la impunidad general, sino que la acción de este gobierno en el combate a la corrupción propia ha sido decepcionante, incluso en comparación con el sexenio anterior a su llegada al poder, cuyo mal desempeño en la materia fue una de las razones por las que este movimiento llegó al poder en 2018.
Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, varios gobernadores enfrentaron procesos judiciales y cárcel, e incluso hubo una reacción inmediata para remover al procurador del Consumidor después de un escándalo menor por el uso de influencias de su hija en un restaurante. En contraste, la Cuatroté arrastra expedientes vergonzosos que permanecen virtualmente intactos (y a pesar de ello, sus adeptos dicen que mañana sábado van a salir a las calles a “festejar” sus logros).
Pensemos en el caso Segalmex, uno de los mayores desfalcos del que se tenga registro en años; en la tragedia de la cárcel migratoria de Ciudad Juárez; en el turbio asunto de la red de corrupción conocida como La Barredora; o en el llamado huachicol fiscal. En todos estos escándalos, las cabezas principales o los altos funcionarios involucrados permanecen sin castigo o, en muchos casos, ni siquiera han sido interrogados a fondo.
Esta inacción refuerza una triste tradición en la vida pública mexicana: la lucha contra la corrupción —cuando existe— siempre se dirige contra los integrantes de gobiernos anteriores o adversarios políticos, mientras que los altos funcionarios que están en ese momento en el poder gozan de una virtual patente de corso. Por ello, los ciudadanos tienen todo el derecho a dudar cuando se afirma, una vez más, que con este nuevo nombramiento en la FGR ahora sí se va a acabar con la impunidad y se va a combatir en serio la corrupción. Sin una reforma institucional profunda que inmunice a esa institución de la política partidista y de los intereses del Ejecutivo, este cambio no será sino una ilusión pasajera que terminará en el mismo abismo de impunidad.