Dice la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que los 36 bloqueos realizados por transportistas y campesinos en toda la República tienen motivaciones políticas y reiteró un llamado al diálogo, que estaría muy bien si no se hubieran tenido ya muchas mesas de diálogo a lo largo de los últimos meses que han resultado, finalmente y todas ellas, infructuosas.
No deja de llamar la atención el doble discurso inscripto en la narrativa gubernamental: por una parte, se minimiza la protesta social, dejándola como una expresión de sectores opositores minoritarios. Por la otra, se victimizan y la ven como parte de una gran conjura, con actores incluso internacionales, que tiene como objeto hasta el derrocamiento del gobierno mediante un golpe de Estado blando (me imagino que sin intervención de las Fuerzas Armadas, como si en este país estuvieran sólo de adorno y no se hubieran comprometido a respetar la Constitución: hablar de golpe de Estado, incluso desde ese punto de vista, es indigno del oficialismo).
Lo cierto es que hay demandas legítimas que no son atendidas por el gobierno y que pasan, en lo general, por tres grandes temas: la exigencia de seguridad y justicia, la lucha contra la corrupción y un reclamo de vivir en paz. No hay mucho más. Los transportistas piden lo mismo: que no los extorsionen, que no los asalten y asesinen en las carreteras, que haya una mínima seguridad en las mismas, que la burocracia no sea, a su vez, un mecanismo más de la corrupción y la extorsión. Los campesinos quieren que se regrese el financiamiento al sector que quitó López Obrador al desaparecer Financiera Rural; piden precios de garantía justos, apoyos como los que otorgan nuestros socios comerciales al sector, que le permitan competir exitosamente por lo menos en el mercado interno. No quieren la nueva ley general de aguas, porque con ella será el gobierno el que terminará siendo propietario del agua y esos productores no contarán con respaldo alguno para garantizar sus tierras o tener créditos: la tierra sin agua no sirve para nada en el ámbito agropecuario.
No son las grandes transnacionales las que están pidiendo esto ni los partidos políticos opositores tienen el peso suficiente para generar por sí mismos este tipo de movilizaciones. Son las clases medias. Son los transportistas en general, cuando más pequeños más indefensos ante la inseguridad cotidiana; son los campesinos medianos, esos que no tienen grandes empresas, pero que tampoco viven en una economía rural de subsistencia, que son los únicos que reciben el apoyo gubernamental. Son esas clases medias que han sido castigadas en los últimos siete años: con la inseguridad, con las extorsiones, con las faltas de oportunidades para los jóvenes, con la contracción de la economía y el empleo, con los apremios fiscales, con la falta de medicinas y la pauperización del sistema de salud. Las que ven como las universidades públicas, lo mismo que la escuela, se deterioran cotidianamente, tanto en su nivel educativo como en su infraestructura, y que terminan cobijándose en la educación privada, donde, por lo menos, hay aulas y maestros que quieran dar clases. Son las mismas que no tuvieron apoyos durante la pandemia.
No hay ninguna conjura contra el gobierno. Lo que no existe desde la segunda mitad del sexenio de López Obrador es el interés del gobierno de construir un acuerdo que integre a los sectores que trasciendan a la propia 4T. Antes y después de lo que el oficialismo llama el periodo neoliberal, hubo espacios, diálogo y mecanismos institucionales de acuerdo con la mayoría de los sectores. Hace unos días recordábamos cómo después del movimiento del CEU, donde la presidenta Sheinbaum tuvo un papel destacado, se abrieron cauces de negociación y acuerdo con el movimiento estudiantil y con la oposición que permitieron salidas aceptables para todos. En 1976, López Portillo no ganó con 54% de los votos: fue el candidato único, se quedó con todos los votos. Pero tuvo que aceptar que la coyuntura ya no le permitía sostener un sistema monolítico y se abrió a la reforma política de Reyes Heroles. La reforma política que ahora proponen es parte de un monólogo que no escucha a nadie más que a los suyos.
Cuando se habla, hablamos, de un verdadero diálogo nacional se trata no de crear una mesa de coyuntura para tratar un tema, sea el transporte o los campesinos, que nunca se termina de solucionar. Si no de dialogar de verdad, de buscar puntos de acuerdo, de buscar integrar a todos o casi todos en el sistema. Eso no se puede hacer cuando aún hay personajes en el poder que piensan en términos de una revolución y no de una democracia.
La narrativa actual lleva a un camino sin salida a quienes no están plenamente de acuerdo con las acciones del gobierno y exhibe una cerrazón que, al final, tendrá costos, también para todos. No se pueden cerrar las válvulas de una caldera sin esperar que más temprano o más tarde explote. Y hoy ese descontento está estallando desde todos lados, desde la Gen Z hasta la CNTE, desde los médicos hasta los enfermos y sus familias, desde los campesinos hasta los transportistas, desde los empresarios perseguidos hasta los ciudadanos extorsionados. Y, en medio, organizaciones criminales con un enorme poder de ejercer violencia y generar inseguridad, y un gobierno de Estados Unidos decidido a presionar hasta donde pueda para no perder su propia agenda. Todo mientras la economía no crece desde hace meses.
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