El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho de los aranceles no solo una herramienta económica, sino la piedra angular de su política exterior, usándolos como medio de presión para influir en decisiones de gobiernos extranjeros, incluso fuera del ámbito comercial. Esta semana, la Corte Suprema de ese país escuchará los argumentos sobre si Trump violó la ley federal al imponer diversos aranceles durante su mandato.
La Corte evaluará si el republicano excedió los límites legales al ampararse en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer gravámenes, facultad que la Constitución reserva al Congreso. De fallar en su contra, Trump podría perder una de sus principales herramientas de presión internacional.
Trump ha utilizado los aranceles para presionar ceses al fuego, frenar flujos migratorios y de drogas, e incluso como castigo político, como en el caso de Brasil o un reciente conflicto con Canadá derivado de un anuncio televisivo. El Departamento de Justicia ha defendido su postura argumentando que se trata de una facultad presidencial en política exterior, donde los tribunales no deberían intervenir.
En tribunales inferiores, la mayoría de los jueces del Circuito Federal ya habían determinado que Trump no tenía facultades para establecer aranceles bajo la IEEPA. Sin embargo, algunos jueces disidentes sostuvieron que la ley de 1977 sí le permite actuar durante emergencias sin restricciones específicas. Mientras tanto, los aranceles siguen vigentes a la espera del fallo definitivo de la Corte.
A diferencia de otros mandatarios, Trump ha preferido aranceles sobre sanciones financieras para lograr objetivos de seguridad nacional. De acuerdo con el exfuncionario de la Casa Blanca, Josh Lipsky, esto contrasta con el enfoque quirúrgico que solían emplear otros presidentes, quienes usaban este tipo de medidas solo para prácticas comerciales.
En un ejemplo reciente, Trump amenazó con imponer un arancel del 30% a productos europeos. La Unión Europea logró negociar una tasa menor del 15% a cambio de apoyo político en temas de seguridad y defensa, lo cual fue criticado internamente por algunos Estados miembros.
Analistas señalan que el resultado del juicio podría tener efectos significativos no solo en la política exterior estadounidense, sino también en los bolsillos de consumidores, ya que algunas empresas han trasladado los costos arancelarios a los precios finales. Además, algunos países han respondido con medidas proteccionistas o reforzando vínculos con China.
La experta en comercio Emily Kilcrease señaló que el caso no es claro y existe una “buena posibilidad” de que la Corte falle a favor de Trump, dada la amplitud de los poderes de emergencia que otorga la IEEPA. Sin embargo, advirtió que, en caso contrario, el gobierno tendría que recurrir a leyes más complejas para mantener su estrategia arancelaria, lo que implicaría procesos más lentos y burocráticos.
Por ahora, la Corte Suprema no ha limitado significativamente el uso amplio de poderes ejecutivos de Trump, aunque su decisión en este caso podría redefinir la manera en que se aplican los aranceles como herramienta de presión política.
