La tarde en que Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia como fiscal general, el mensaje público fue de trámite: un funcionario que deja el cargo por motivos personales, un Senado que procesa la dimisión, un gobierno que agradece servicios prestados. Detrás del guion oficial hubo otra historia.
Desde hacía meses, en el círculo cercano de Claudia Sheinbaum se repetía la misma idea: Gertz ya no era funcional al nuevo gobierno. No atendía los tiempos políticos, no acompañaba la narrativa de la presidenta y, sobre todo, no se alineaba con el proyecto de control fino sobre justicia y seguridad que se estaba diseñando desde Palacio.
La instrucción de que Gertz debía irse salió de Sheinbaum. La ejecución política corrió a cargo de Adán Augusto López, pieza clave del entramado interno, operador en el gabinete de López Obrador y puente con el Senado. Él fue quien encabezó las negociaciones para que el fiscal dejara el cargo sin llegar a un choque institucional abierto, a cambio de una salida relativamente decorosa, con embajada incluida.
El mensaje hacia adentro fue contundente: la Fiscalía ya no podía ser un poder semiindependiente con agenda propia. Tenía que formar parte de la arquitectura de gobierno de Sheinbaum.
La maniobra jurídica que colocó a Godoy al frente de la FGR
En las horas previas a su salida, Gertz se atrincheró en su oficina. Resistió firmar la renuncia y buscó un margen de control sobre el futuro inmediato de la institución. De ese momento nace el movimiento que terminó por dejar a Ernestina Godoy como encargada del despacho.
La ruta legal estaba escrita en la Ley Orgánica de la FGR: quien ocupara la Fiscalía Especializada de Control Competencial quedaría como suplente en automático en caso de ausencia del titular. Hasta entonces, ese cargo lo ocupaba Cristina Reséndiz. De último momento, Gertz firmó un reacomodo interno y nombró ahí a Ernestina Godoy.
Esa jugada surtió efecto inmediato. Al aceptarse la renuncia en el Senado, la ley hizo el resto y Godoy pasó a ser encargada de la Fiscalía General. El nombramiento no la inhabilita para competir por el periodo completo de nueve años que definirá el Senado, lo cual la mantiene como favorita para asumir el cargo de manera definitiva.
La lectura política es doble. A primera vista, el “último enroque” de Gertz parecía un intento de condicionar la sucesión y colar a alguien cercano a él. En la práctica, terminó sirviendo milimétricamente al proyecto de Sheinbaum, que desde la campaña había sostenido a Godoy como cuadro leal, confiable y probado.
El engranaje Sheinbaum Godoy Harfuch: un mismo mando para justicia y seguridad
Con Gertz fuera y Godoy en la FGR, la estructura de poder alrededor de la justicia y la seguridad quedó anclada en un triángulo muy claro:
Claudia Sheinbaum en la cúspide, con la presidencia y el control político de la agenda.
Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General, con la llave de las investigaciones penales, las órdenes de aprehensión y los expedientes de alto impacto.
Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con mando sobre la Guardia Nacional en su vertiente civil y, sobre todo, sobre la nueva policía investigadora de alcance nacional.
El punto más delicado de esta configuración es el papel de Harfuch. Con las reformas recientes que le dan un marco específico al sistema nacional de inteligencia y a la coordinación de las policías, el secretario no solo administra operativos y patrullas. Dirige un aparato de investigación con facultades especiales: acceso a bases de datos sensibles, coordinación de cuerpos estatales, manejo de información financiera y capacidad para armar investigaciones complejas que después pueden ser retomadas por la Fiscalía.
Es decir, la policía investigadora no es solo fuerza pública. Es un órgano con poderes amplios para seguir personas, rastrear redes, mapear adversarios y construir casos. Si esa policía responde políticamente a Harfuch, y el fiscal responde políticamente a Sheinbaum, el círculo se cierra en la oficina presidencial.
En términos prácticos, la triada Sheinbaum – Godoy – Harfuch concentra en un mismo bloque decisiones sobre a quién investigar, cómo investigarlo, cuándo detenerlo y qué acusaciones presentar ante los jueces.
Advierte Loret: una fiscal “soldada del régimen” y un salto hacia el autoritarismo
En este contexto, la crítica de Carlos Loret de Mola no se limitó a cuestionar un nombramiento, sino un diseño de poder. En su columna, el periodista describió a Ernestina Godoy como “una soldada del régimen” y advirtió que con ella al frente de la FGR se borra la apariencia de autonomía e independencia de la institución.
Loret recordó episodios de la gestión de Godoy en la Fiscalía de la Ciudad de México donde, según su lectura, hubo decisiones que favorecieron directamente a Claudia Sheinbaum. Puso como ejemplo la forma en que se cerraron responsabilidades políticas en tragedias como el colegio Rébsamen o la Línea 12 del Metro, mientras se procedía con vehemencia contra adversarios, como en el llamado “cártel inmobiliario” de la oposición capitalina.
Su frase más dura sintetiza el momento: esto no sería un simple paso hacia el autoritarismo, sino un salto de longitud. No se trata solo de la llegada de una fiscal cercana a la presidenta, sino del ensamblaje de un aparato donde policía investigadora y Fiscalía quedan alineadas en la misma línea de mando política.
Desde esa óptica, la crítica de Loret no se reduce a nombres propios. Su preocupación central es el modelo: un país donde el Ejecutivo tiene al mismo tiempo a su fiscal de confianza, a su jefe de policía con poderes especiales y a un Congreso que en la práctica acompaña las designaciones sin resistencia real.
Los escándalos de Gertz como telón de fondo
La caída de Gertz no se explica solo por el deseo de Sheinbaum de tener a su propia fiscal. Llega después de casi siete años de una gestión marcada por escándalos que erosionaron la legitimidad de la FGR.
Entre los episodios más sonados que rodearon su paso por la institución se encuentran:
El show del caso Lozoya
El expediente que prometía derribar a la élite del sexenio anterior se convirtió en una telenovela judicial. Filtraciones selectivas, acusaciones grandilocuentes contra Peña Nieto y Videgaray, un supuesto testigo estrella que aparecía cenando en un restaurante de lujo y, al final, ningún gran responsable político sentenciado.El intento de eliminar el delito de feminicidio
En reunión con legisladores, Gertz planteó desaparecer la figura penal de feminicidio para absorberla en el homicidio calificado, argumentando problemas técnicos para acreditarla. La propuesta generó una ola de indignación de colectivos feministas y especialistas.
La venganza contra la familia política en el caso Cuevas
El caso contra Alejandra Cuevas, acusada por la muerte del hermano de Gertz, se leyó como una vendetta personal operada desde la Fiscalía. La Suprema Corte terminó desmontando el expediente, exhibiendo irregularidades y abusos en el proceso.Las filtraciones de audios y presiones al Poder Judicial
Grabaciones en las que se escucha supuestamente al fiscal presionando a ministros de la Corte sobre asuntos de su interés personal alimentaron la narrativa de un personaje que usaba el cargo como arma privada.La utilización política de carpetas contra opositores
Diversas investigaciones contra figuras de la oposición despertaron sospechas de uso faccioso de la Fiscalía, al tiempo que otros casos delicados vinculados al oficialismo parecían avanzar a paso lento o quedarse congelados.
El expediente Segalmex y la corrupción sin castigo ejemplar
El mayor escándalo de desvío de recursos en el actual ciclo político tuvo avances parciales, pero nunca una red de responsabilidades al nivel de la magnitud del desfalco.El caso más reciente de filtraciones en torno a Raúl Rocha
La investigación sobre el empresario vinculado a Miss Universo derivó en nuevas acusaciones de filtraciones y manejo mediático de expedientes, reforzando la percepción de una Fiscalía que jugaba políticamente con la información.Resultados pobres en procuración de justicia
Más allá de los casos emblemáticos, las cifras de impunidad y resolución de delitos graves siguieron siendo críticas. La Fiscalía nunca logró construir una imagen de institución eficiente ni imparcial.
Estos y otros casos integran el mosaico de los escándalos que rodean a Gertz: abuso de poder, filtraciones, venganzas personales, intentos de cambiar el marco penal en sentido regresivo y un desempeño magro en lo que debería ser su misión central, perseguir el delito con eficacia.
Ese historial facilitó la operación política de Sheinbaum. Con un fiscal debilitado en lo público y desgastado hacia adentro, resultó más sencillo ejecutar la maniobra de relevo y presentar el cambio como una necesidad, incluso ante quienes desconfían del rumbo que toma ahora la Fiscalía.
Lo que está en juego con la nueva configuración
La nueva etapa abre una pregunta central: ¿es posible hablar de autonomía de la Fiscalía cuando quien la encabeza llega con la marca explícita de ser cuadro político de la presidenta? El riesgo no es abstracto.
Con Godoy en la FGR y Harfuch al frente de un aparato de policía investigadora con poderes especiales, el gobierno dispone de un instrumento muy poderoso para definir prioridades de persecución penal, seleccionar adversarios y administrar impunidades. La línea entre justicia y control político puede volverse extremadamente delgada.
Al mismo tiempo, la oposición enfrenta una paradoja incómoda. Muchos de los argumentos que hoy se usan para cuestionar la triada Sheinbaum Godoy Harfuch se construyeron sobre los excesos de Gertz. La promesa de una Fiscalía verdaderamente autónoma se ha ido alejando, sexenio tras sexenio, mientras el poder político reafirma su costumbre de usar el Ministerio Público como extensión de su voluntad.
La salida de Gertz no fue un gesto de limpieza institucional, sino el punto final de un ciclo para inaugurar otro, más disciplinado y más compacto en torno a la presidenta. En el centro de esta historia no solo está la caída de un fiscal polémico, sino el ascenso de una triada que concentrará la fuerza, la investigación y la narrativa penal de todo un país.
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