No puedo entender por qué el gobierno federal boicotea sus propios avances en seguridad utilizando cifras y datos que simplemente son falsos, sobre todo cuando pretende comparar su desempeño con las anteriores administraciones. En realidad, pareciera que el objetivo es tratar de defender la desastrosa gestión en seguridad de Andrés Manuel López Obrador, aunque para ello tenga que castigar la suya.
Ayer, el secretario de SPC federal Omar García Harfuch anunció una reducción de 37% en los homicidios en el último año. Es una muy buena noticia en un contexto general en el que la inseguridad sigue teniendo una percepción muy alta entre la ciudadanía. Antes incluso del asesinato del alcalde Carlos Manzo, la última encuesta de percepción de inseguridad había mostrado en el último año, en el mismo periodo que García Harfuch exhibió la caída de homicidios, que la percepción de inseguridad había aumentado en 29 ciudades de todo el país y sólo en cuatro había disminuido, las demás no se habían movido en todo el año.
Ayer, por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum manejó unas cifras que no tienen ni pie ni cabeza para tratar de demostrar que los asesinatos habían disminuido, o aumentado muy poco, en su gobierno y el de López Obrador. Los datos reales son que Felipe Calderón tuvo 120 asesinatos y poco menos de 17 mil desaparecidos; Enrique Peña Nieto, 156 mil asesinatos y unos 32 mil desaparecidos. López Obrador en su sexenio tuvo, según cifras oficiales, más de 202 mil asesinatos y 54 mil desaparecidos. La presidenta Sheinbaum ha disminuido significativamente los homicidios respecto al último año de López Obrador, pero en un año ya tiene más de 15 mil desaparecidos.
Si se quiere avanzar de verdad en la seguridad y en la percepción ciudadana sobre ella, se debe partir de un diagnóstico real. Por eso es por lo que en esa contraposición del discurso oficial con el México real, asesinatos como los de Carlos Manzo provocan explosiones de indignación tan fuertes que fueron tan mal digeridas por el gobierno federal.
Con el propio caso de Manzo, diferenciándose también de la pésima reacción que tuvo la Presidenta el lunes antepasado, hay datos de las autoridades federales que son importantes para saber exactamente qué pasó ese sábado en Uruapan.
Manzo es verdad que no quería custodia de la Fuerza Civil, la policía estatal a la que acusaba de estar coludida con los criminales, y quería que la Guardia Nacional tuviera presencia sólo periférica respecto a su cuidado. La GN nunca tuvo la custodia directa del alcalde porque Manzo así lo estableció.
En el momento del asesinato, Manzo estaba cubierto sólo por tres custodias de la policía municipal, que además estaban distanciados de él, por eso el joven asesino pudo acercarse sin problema alguno y dispararle. Pero el asesino sabemos también ahora, fue detenido, reducido en el piso y luego, ya capturado, alguien le disparó el tiro que lo mató. Saber quién le disparó es clave en la investigación porque de otra forma será difícil saber qué llevó a que este adicto a las metanfetaminas de 17 años, dejó su natal Paracho para ir a Uruapan, para matar a Manzo.
El tema también obligará a que el caso sea atraído por la FGR porque la local está, como el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, bajo sospecha. Ayer, García Harfuch reconoció que podría haber una vertiente política en el asesinato, no sólo por el enfrentamiento que mantenía el alcalde con los grupos criminales. Hay que recordar además que las sospechas contra el gobernador Ramírez Bedolla provienen de su relación con Los Viagras, una organización criminal que, como otras más pequeñas en el estado, se han aliado en los últimos meses con el CJNG. Con Ramírez Bedolla y su fiscal en medio los resultados de la investigación, si es que se obtiene alguno, serán siempre sospechosos.
EL FACTOR RUSIA
Ahora es Rusia la que denuncia como “ilegales e inaceptables” los ataques de Estados Unidos contra lanchas con cargamentos de drogas en el Pacífico y el Caribe. Podríamos preguntarnos qué interés tiene Rusia con zonas geográficas tan lejanas de su área de influencia y la respuesta está en sus tres aliados en la región: Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y no nos engañemos, también en México, donde mantiene fuerte influencia.
Rusia y sus aliados están muy presentes en México. Según Estados Unidos, Rusia tiene en México el mayor número de espías de la región, con un aumento geométrico en los últimos años. Mantienen alianzas con la televisión pública, vía medios como Rusia Today. Pero también se ha instalado en México el partido español de izquierda radical Podemos, a través de Juan Carlos Monedero, y Pablo Iglesias los dos exlíderes de Podemos, a través del Canal Red América Latina, liderado por Iglesias. Podemos, no el PSOE, a pesar de ser una fuerza muy pequeña, casi marginal, es el partido de referencia de Morena en España.
Canal Red inauguró en 2025 su redacción latinoamericana en Ciudad de México, con todo el apoyo del gobierno federal, con un enfoque editorial de izquierda proVenezuela para combatir lo que llama el “trumpismo mediático” y las agendas conservadoras. Podemos ha tenido relación con Vladimir Putin y con Hugo Chávez, con Rusia y Venezuela, desde su fundación. Iglesias y Monedero han sido acusado de fundar el partido con apoyos económicos de esos países.
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