EN ABIERTO DESACATO a las autoridades laborales de la 4T, el dirigente del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), lleva seis meses haciendo caso omiso al mandato oficial.
Alejandro Martínez Araiza, líder del SNAC, no quiere informar a los trabajadores afiliados a su organización ni al gobierno federal el destino de 500 millones de pesos de las cuotas sindicales.
Personal disidente de su gremio denuncia el contubernio del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que dirige Alfredo Domínguez Marrufo, con el líder sindical y su Comité Ejecutivo.
Y es que, a 180 días de mandato, la autoridad no ha requerido ni presionado con inspección alguna a Martínez, y, en abierto desacato a la autoridad federal, el dirigente dice que no va a rendir cuentas.
“Solo 3% de los sindicatos lo hacen: 97% restante no rendimos cuentas”, afirmó recientemente Martínez Araiza, en entrevista que concedió durante un evento de líderes sociales.
En represalia por las denuncias sobre el mal uso y abuso de los recursos de las cuotas sindicales, Martínez ha emprendido, entre los patrones de las empresas, una cacería de brujas contra trabajadores.
Disidentes informan el SAT, de Antonio Martínez Dagnino, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Omar Reyes Colmenares, investigan el destino de los 500 millones, los cuales podrían estar en cuentas personales e incluso fuera del país.
Se sabe que el SAT ha congelado cuentas bancarias personales de Martínez Araiza y que ha pedido información a la UIF sobre bienes y recursos en Estados Unidos, particularmente en Florida.
El Comité Ejecutivo, nombrado en abril en elecciones impugnadas, es parte de la red de cómplices que permiten a Martínez gastar los dineros de los trabajadores con opacidad y sin rendir cuentas a la autoridad.
Destacan nombres como: Gabriel Martínez Martínez, Luis Manuel García Adame, Pablo Vargas Mogollan, Salvador Alvarado Delgado, Gabriel Antonio Díaz Cocom y Antonio Alejandro Arriola Martínez. También apunte a Carlos Alberto Martínez García, Pedro Neri Noyola, Sergio García Córdoba y José Carlos Ortega Saldaña.
El grupo de trabajadores disidentes de una media docena de compañías multinacionales también debe ser investigados en sus ingresos ya que son el grupo compacto del Comité Ejecutivo.
Ellos son: Eduardo Luna, Karen Sánchez, Luis Alberto Estrada, Jorge Alberto Chávez, Janet Bolaños y Luis Humberto Rodríguez, todos miembros de las Comisiones de Hacienda, Honor y Justicia, que han ignorado la transparencia y rendición de cuentas.
DURANTE LA EXPO Transporte ANPACT 2025 en Guadalajara, evento organizado por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), trascendió que Nafin, que dirige Roberto Lazzeri, podría colocar un bono de chatarrización para renovar el parque vehicular del autotransporte ligero, mediano y de última milla, con miras a arrancar en el primer trimestre de 2026.
La medida busca aliviar una flota de 19 años de antigüedad promedio y más de 800 mil unidades sin registro formal. Si bien el proyecto promete llegar a las pymes, la verdadera incógnita es si logrará permear a los transportistas que operan en la informalidad, donde los costos ambientales, de seguridad y eficiencia son más altos. El reto no es menor: más de 20% de las emisiones en México provienen del transporte, y sin un esquema claro de implementación, el riesgo es que esta oportunidad se diluya entre burocracia y lentitud institucional.
MAURICIO HUBARD Y Miguel Gallardo, socios fundadores de Juntos Financiera, acaban de firmar un segundo contrato de crédito con Finsus, que comanda Norman Hagemeister, para ampliar los apoyos que ofrecen en el sector salud de México. El objetivo es que los médicos del país trabajen como los mejores del mundo y cuenten con recursos suficientes en infraestructura y tecnología avanzada para ofrecer soluciones vanguardistas, responsables y de alto impacto en la atención adecuada de sus pacientes.
Con los recursos comprometidos en este nuevo contrato se amplía el respaldo económico al sector salud, con dinamismo e innovación en beneficio de los doctores y de la población mexicana. Su objetivo es ofrecer certeza en el financiamiento, servicios de calidad y seguridad en las operaciones. Gracias a esta nueva línea de crédito, el sector al que atiende Juntos Financiera contará con mayor seguridad en materia financiera para alcanzar un mejor nivel de desarrollo en sus actividades.
LA ASOCIACIÓN MEXICANA de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) nombró como su presidente para el periodo 2025-2026 a Jorge Luis Caridad, director de Johnson & Johnson Innovative Medicine en México. Su objetivo será consolidar una etapa de estabilidad institucional, fortalecer la agenda de innovación en salud y reafirmar el compromiso con un sistema de salud que tenga siempre al paciente en el centro.
Con esta designación, la AMIIF refrenda su papel como aliado estratégico de las autoridades, la comunidad médica, la academia y las organizaciones de pacientes, impulsando políticas públicas que favorezcan el acceso oportuno, equitativo y sostenible a terapias innovadoras en México. La nueva presidencia busca enviar una señal clara de continuidad y confianza al sector, en un momento en el que la innovación y la colaboración multisectorial son fundamentales para responder a los retos en salud.
CAMINOS Y PUENTES Federales de Ingresos y Servicios Conexos acaba de contratar al Centro Público de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, a cargo de Jorge Luis Pérez Hernández, para sus servicios integrales de resguardo de información para los próximos dos años.
Con ello el Infotec, ahora resectorizado en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de José Peña Merino, asume el papel preponderante como proveedor de servicios de tecnologías y comunicaciones para las dependencias y entidades del gobierno de México, un objetivo anunciado a inicios de año en la presentación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción. El contrato supera los 73 millones de pesos y contempla la implementación de las medidas necesarias para la protección de información y servicio de un centro de datos secundario.
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