DURANTE CASI DOS décadas, la constructora española Sacyr ha sido protagonista de algunas de las historias más oscuras de la relación económica entre México y España.
Su paso por el país deja una huella que va desde la fallida alianza con Pemex para tomar el control de Repsol, hasta el polémico contrato de asociación público-privada del Hospital General de Tláhuac.
En ese trayecto, la empresa que preside Manuel Manrique acumuló sobrecostos, promesas incumplidas y un patrón de actuación que se repite: ofertar barato, financiar con deuda cara y luego buscar sobreprecios al amparo del poder político.
Hoy, con la decisión del ISSSTE, que comanda Martí Batres, de romper el contrato del hospital y asumir directamente su operación, Sacyr parece cerrar su ciclo mexicano por la puerta de atrás, tal como lo hizo en Panamá, tras perder un arbitraje internacional por más de tres mil millones de dólares.
La misma historia, los mismos métodos y un mismo resultado: pérdidas públicas, beneficios privados y ninguna rendición de cuentas.
La historia se remonta a Madrid en 2006, cuando el expresidente José María Aznar irrumpió en la escena política mexicana con actos de apoyo a la candidatura de Felipe Calderón, impulsado por el grupo de Juan Camilo Mouriño.
Aquella intervención, prohibida por la Constitución mexicana, fue denunciada como injerencia extranjera, pero no tuvo consecuencias.
Cinco años después, ya con Calderón en el poder, Aznar volvió a intervenir, esta vez en el terreno económico, promoviendo la “internacionalización” de Pemex con un argumento difícil de sostener: adquirir tecnología para exploración en aguas profundas.
Así, en 2011, Pemex, con Juan José Suárez Coppel al frente y a través de su filial PMI Holding en Ámsterdam, adquirió 4.62% de las acciones de Repsol y se alió con Sacyr, que poseía otro 10%, para intentar controlar el consejo de administración de la petrolera.
La operación, bendecida desde Los Pinos y negociada en despachos madrileños, mezcló política, negocios y deudas.
Luis del Rivero, presidente de Sacyr, buscaba salvar su empresa de la quiebra tras el colapso inmobiliario español, mientras Aznar, desde su fundación FAES, retribuía al gobierno mexicano por su apoyo al Partido Popular (PP).
Sacyr se endeudó por más de cinco mil millones de euros, colocando sus propias acciones como garantía, y Pemex comprometió recursos públicos sin autorización legislativa ni análisis técnico.
El desenlace fue desastroso: cuando las acciones de Repsol se desplomaron, Sacyr perdió su participación y Pemex se vio obligado a vender con pérdidas.
El golpe directo para México fue de tres mil 700 millones de pesos, aunque el daño patrimonial total, incluyendo gastos financieros, pérdida de capital y oportunidad, se estima en decenas de miles de millones de pesos.
LA HISTORIA DE Sacyr no se entiende sin su vínculo estructural con el Partido Popular. En España, diversas investigaciones judiciales documentaron que Sacyr Vallehermoso financió fundaciones afines al PP y recibió contratos millonarios de empresas públicas. Una de sus filiales firmó en 2004 un contrato de asesoramiento con Red Eléctrica Española por casi medio millón de euros, justo antes de que el PP abandonara el poder.
Años después, la constructora protagonizó el intento de tomar el control del BBVA, operación que implicó espionaje y corrupción. Según La Vanguardia, el comisario José Manuel Villarejo fue contratado para frenar el asalto, y la maniobra involucró a altos funcionarios, banqueros y empresarios ligados al PP. Del Rivero, el mismo que años después negoció con Pemex, estuvo en el centro de aquella trama. Sacyr era entonces la encarnación del “nuevo capitalismo de amiguetes” español: constructoras, bancos y políticos entrelazados para repartirse contratos, favores y financiamiento. Ese mismo modelo fue el que México importó sin saberlo. El fracaso en Repsol no detuvo a Sacyr. En Panamá, encabezó el consorcio GUPC, encargado de la ampliación del Canal. El contrato, firmado por tres mil 118 millones de dólares a precio alzado y llave en mano, se convirtió pronto en una batalla por sobrecostos. La empresa reclamó más de dos mil millones adicionales, alegando “modificaciones técnicas”. Tras más de una década de litigios, el tribunal arbitral de Naciones Unidas (Uncitral) desechó definitivamente en 2025 su demanda. Panamá no pagó un centavo adicional, y la reputación de Sacyr quedó otra vez por los suelos. El guion se repitió en México.
EN 2017, DURANTE EL sexenio de Enrique Peña Nieto, Sacyr obtuvo el contrato APP para construir y operar el Hospital General de Tláhuac durante 25 años. Lo que se presentó como ejemplo de eficiencia terminó siendo una carga multimillonaria para el erario. El ISSSTE anunció en 2025 la terminación unilateral del contrato y la “nacionalización” del hospital. Los informes internos revelan pagos en exceso por servicios no ejecutados, incluyendo comedores, farmacia y hemodiálisis, además de la ejecución y cobro de procedimientos quirúrgicos no autorizados. Un caso emblemático es el de los aisladores sísmicos de dicho hospital: se pactó un costo 300 millones de pesos por un equipo que costaba solamente seis millones de dólares, y no solamente eso, en contubernio con funcionarios, cambiaron las fechas de firma del contrato, las retrasaron 30 días y pudieron incrementar esos 300 millones al costo, aduciendo un cambio en la normatividad de construcción vigente en la ciudad. Las investigaciones continúan y podrían alcanzar a exfuncionarios del ISSSTE y a los operadores mexicanos del contrato, que actuaron con beneplácito político. La pregunta es inevitable: ¿quiénes caerán por ese apoyo histórico al PP y a los políticos españoles que intervinieron en México bajo el argumento de cooperación empresarial?
DE MADRID A Panamá y de Panamá a Tláhuac, la trayectoria de Sacyr es la misma: opacidad, sobrecostos y poder político. Su salida de México no es solo el fin de un contrato: es una advertencia. La 4T y Andrés Manuel López Obrador han sido acusados de “agredir” a las empresas españolas. Pero cabe preguntarse si estos conflictos responden a una agenda ideológica o si son, más bien, el desenlace natural de dos décadas de colusión entre constructoras ibéricas y gobiernos mexicanos. ¿Es revancha diplomática o ajuste histórico frente a prácticas que vaciaron las arcas públicas bajo el disfraz de modernización? Sacyr se va de México igual que salió de Panamá: sin gloria, sin credibilidad y sin rendir cuentas. Pero deja una pregunta que todavía duele: ¿cuánto de la corrupción que hundió a Pemex y al sistema de salud mexicano fue importada de España bajo la sombra de José María Aznar y su Partido Popular? Porque, al final, en ambas orillas del Atlántico, los hechos se repiten: cuando los contratos se construyen sobre la opacidad y la impunidad, todos terminan igual: por la puerta de atrás.
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