Una manifestación pacífica frente al Palacio de Gobierno en Morelia, convocada para exigir justicia por el asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, derivó en actos de represión por parte de la Policía Estatal y elementos de la Guardia Nacional. El operativo incluyó gas lacrimógeno, agresiones físicas y detenciones, incluyendo a periodistas que cubrían la protesta.
Los hechos ocurrieron horas después del asesinato del Edil, quien había denunciado la presencia de grupos criminales en la región y la falta de apoyo estatal y federal para contenerlos. Manzo fue atacado a tiros la noche del sábado en un restaurante, tras regresar del Festival de Velas en la plaza central de Uruapan.
Cientos de ciudadanos, familiares y productores agrícolas se congregaron en el centro histórico de Morelia, lanzando consignas como “¡Justicia para Manzo!” y “¡No más abrazos a narcos!”, en referencia a la política federal de seguridad. La protesta escaló cuando los asistentes intentaron ingresar al Palacio de Gobierno, exigiendo la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Videos difundidos muestran a agentes antimotines empujando a manifestantes, lanzando gas lacrimógeno y deteniendo al menos a una docena de personas, entre ellas periodistas. Una reportera de la agencia Quadratín denunció haber sido privada de la libertad y obligada a borrar el material de su celular. Otras imágenes capturaron escenas de mujeres y adultos mayores siendo arrastrados por el suelo, mientras gritaban por paz.
Organizaciones como Artículo 19 reportaron al menos tres periodistas lesionados y equipos de trabajo decomisados, sin que hasta el momento exista un pronunciamiento oficial por parte del gobernador Ramírez Bedolla ni de las instancias federales.
La represión ha detonado una ola de indignación nacional, alimentada por la difusión masiva de testimonios y videos en redes sociales, donde crecen los señalamientos de encubrimiento gubernamental y complicidad con grupos del crimen organizado.
El asesinato de Carlos Manzo se suma a un contexto violento en Michoacán, donde en lo que va de 2025 se han registrado más de mil 200 homicidios. El Edil había exigido apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum para frenar la actividad delictiva en Uruapan, donde operan células del Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Caballeros Templarios, Los Blancos de Troya y Pueblos Unidos.
En la capital michoacana, las calles quedaron cubiertas de escombros y mobiliario destrozado, mientras se multiplican las convocatorias para nuevas protestas en ciudades como Guadalajara y la Ciudad de México. El silencio del gobierno estatal ha reforzado los cuestionamientos y mantenido viva la exigencia central de los manifestantes: justicia y rendición de cuentas.
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