La Silla Rota documentó el caso de Daniela Toussaint, una joven de 23 años que denunció haber sido golpeada por policías durante la marcha de la Generación Z el 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, y cuyo video de 39 minutos fue rechazado por el juez Joel Garduño por considerar que “pudo haber sido alterado con inteligencia artificial”.
El video, que según Toussaint muestra agresiones, gas lacrimógeno y amenazas, fue descartado en la audiencia inicial, lo que llevó a que se considerara legal su detención y se le vinculara a proceso por el delito de resistencia de particulares. La joven, originaria de Guadalajara, narró que fue golpeada por varios minutos por granaderos, pese a que únicamente asistió a la marcha para documentarla. Las lesiones que presenta incluyen puntadas en la cabeza y frente, un esguince y posible fractura de nariz.
La defensa legal denunció que ni Daniela ni otros detenidos fueron inscritos en el Registro Nacional de Detenciones, violando protocolos legales. Además, acusaron que los agentes que la golpearon no fueron los mismos que la presentaron ante el Ministerio Público. La abogada Diana Rodríguez señaló que la decisión del juez de rechazar el video eliminó toda posibilidad de considerar indicios de abuso, calificando la actuación judicial como alineada con la narrativa oficial.
El 15 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó 29 detenidos tras el enfrentamiento con manifestantes en el Zócalo. De ellos, 13 fueron vinculados a proceso, incluyendo a Daniela, quien debe firmar cada dos meses y tiene restricciones para acercarse al Zócalo y a los policías que la denunciaron.
En redes sociales, particularmente en X, la nota de La Silla Rota ha alcanzado más de 7,900 likes y 3,300 reposts, provocando fuertes críticas contra el juez y el sistema judicial. Usuarios señalan una supuesta protección al régimen y cuestionan la falta de peritaje sobre el video. Varios lo consideran un caso de represión estatal y piden la intervención de organismos internacionales como la CIDH. El 80% de los comentarios analizados expresan indignación, exigiendo sanciones y acusando una justicia selectiva asociada a la 4T.
Aunque algunas voces defienden al juez citando antecedentes de la joven o minimizando el hecho, la mayoría de los mensajes destacan la gravedad del caso, vinculándolo a una regresión en materia de derechos humanos y transparencia judicial en México.
