El 1 de diciembre de 1988, día de la toma de posesión del presidente Carlos Salinas de Gortari, Michoacán amaneció con 66 de los 113 palacios municipales tomados por simpatizantes del Frente Democrático Nacional, la coalición de partidos políticos que había postulado a Cuauhtémoc Cárdenas.
La demanda de los manifestantes era la caída del gobernador Luis Martínez Villicaña. Éste no sólo concitaba la animadversión de los opositores, sino también la del nuevo Presidente, por haber perdido el estado para el PRI en las elecciones de julio, primera vez que eso sucedía desde la fundación del entonces partido hegemónico en 1929.
A los tres días de iniciado su periodo presidencial, Salinas invitó a Martínez Villicaña a su gobierno, ofreciéndole la dirección de Caminos y Puentes Federales, una posición menor. Y emprendió de inmediato una estrategia para recuperar políticamente el estado, que en 1989 tendría elecciones legislativas y municipales. A esa estrategia, Salinas le puso Plan Michoacán.
La historia parece repetirse seis sexenios después. Ante las movilizaciones de ciudadanos michoacanos que piden la salida del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla —luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez—, y de cara a las elecciones de 2027, cuando se renovará el Ejecutivo estatal, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó la idea de un nuevo Plan Michoacán, con el objetivo de remontar el clima de inseguridad que atenaza al estado.
La mandataria convocó a los secretarios y subsecretarios de su gabinete a acudir a Michoacán a fin de reunirse con representantes de los diversos sectores de la población de estado, y elaborar propuestas para nutrir el plan, mismas que deberán integrar un borrador que se dará a conocer mañana.
Es evidente que este plan, igual que el de hace 36 años, busca adelantarse a un eventual castigo que los electores pudieran dar a Morena en las elecciones que tendrán lugar en año y medio.
Lo que, sin duda, preocupa al gobierno federal es la movilización de los michoacanos, desde el día siguiente del homicidio de Manzo, y las consignas de “¡fuera Morena!” que se han escuchado en las calles de Morelia, Uruapan, Apatzingán, Zitácuaro y otras ciudades del estado, con el agravante, para el oficialismo, que en los contingentes de la protesta hay una fuerte presencia de jóvenes, principalmente estudiantes universitarios.
Los esbozos del Plan Michoacán que se conocen hasta ahora no ofrecen muchas novedades, pues se alinean con lo que ha sido la política de seguridad del gobierno federal: atención a las causas de la violencia, más y mejor policía, uso de la inteligencia y coordinación entre niveles de gobierno, etcétera.
Como escribió ayer en estas páginas nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez, hay ausencias muy relevantes en la estrategia, pues, por ejemplo, no se habla de atacar la corrupción de las autoridades ni de complicidades entre el poder y la delincuencia. Si no se atiende la penetración del crimen organizado en las instituciones del estado, el Plan Michoacán difícilmente dará resultados.
Lo que haría la diferencia sería desmontar los mecanismos de extorsión que maniatan a la sociedad michoacana, mismos que están cimentados en los vínculos entre autoridades y criminales.
Y es que éstos van más allá de los ayuntamientos. Se ha denunciado que en el propio Congreso del estado –que ayer dio posesión a Grecia Quiroz, la viuda de Manzo, como alcaldesa sustituta de Uruapan– hay por lo menos tres legisladores que son parte de la delincuencia organizada.
A Manzo lo mataron, como decía yo aquí el lunes, para señalar quién manda. Un plan exitoso tendría que tener como objetivo principal recuperar en Michoacán la rectoría del Estado. Otra cosa sería meramente cosmética, como aquel plan de 1989.
- BUSCAPIÉS
*“¡Qué triste que tuviera que pasar esto para que, ahora sí, quieran mandarnos seguridad!”, exclamó Grecia Quiroz en su toma de protesta como alcaldesa.
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Esto esta acreditado, los municipios que existe mas violencia es porque el presidente mpal lo permite con ellos se mantengan vivos, dejen que estos sean suplantados por una persona ajena, cambian la situación. el gobernador debe pedir permiso entonces se vera cambios en seguridad.