El plan Michoacán anunciado el domingo comenzó mal. Un programa destinado a recuperar la seguridad en ese estado, conmocionado por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, no se presentó en Morelia o en la propia Uruapan, sino en un blindado Palacio Nacional, a 400 kilómetros de distancia.
El plan no tiene muchas novedades si exceptuamos lo que debería haber sido desde el inicio su objetivo único y declarado: recuperar la seguridad, todo lo demás es, hoy, accesorio. Cuando se habla de atacar las causas profundas de la inseguridad debemos insistir en que ellas se concentran en tres temas principales: la corrupción y complicidad de las autoridades locales; el miedo de éstas y de muchos sectores sociales ante una presencia criminal que puede ser apabullante; y la notoria ineficiencia del gobierno y las instituciones, sobre todo locales.
Ningún gobernador, desde que dejó el palacio de Morelia Lázaro Cárdenas Batel, ha tenido un desempeño acorde con las exigencias mínimas del estado y el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha sido un desastre. Muchos de los puntos incluidos en el Plan Michoacán es incompresible que se anuncien ahora, cuando el gobierno local lleva ya cuatro años, ¿a qué se dedicaron durante todo este tiempo?
Algo similar ocurre en el ámbito de la seguridad: tanto la fiscalía como la policía estatal están desprestigiadas y se sospecha de su colusión con el crimen. Todo el peso recae en las fuerzas federales. No se explicó bien el domingo, pero lo nuevo que contempla el plan está en lo que se propone hacer el gabinete de seguridad federal en ese sentido. Desde la secretaría que maneja Omar García Harfuch se destinarán esfuerzos a desarrollar una mayor información e inteligencia operativa, al tiempo que se tratará de reactivar, resucitar es la palabra, la fiscalía y la policía estatal.
La Defensa, que es la que se ha tenido que enfrentar casi en soledad con los criminales estos años, tendrá mucha mayor presencia, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, ésta en las ciudades y el Ejército en el ámbito rural. A diferencia de lo que se realizó en el pasado, la estrategia a desarrollar entre las distintas dependencias federales trasciende una simple ocupación territorial: busca controlar, con fuerzas específicas, cada una de las regiones del estado que tienen su propia problemática (es diferente la extorsión y los actores que la ejecutan, en la zona aguacatera, que en la limonera; es diferente la acción que se requiere para desmantelar laboratorios que para erradicar cultivos), o sea que se buscará establecer estrategias específicas para cada una de esas regiones del estado.
Además, se destinarán muchos elementos para controlar las entradas y salidas del estado, tanto para impedir el efecto cucaracha, o sea el desplazamiento de los criminales temporalmente a otros estados, como la llegada de refuerzos a los mismos desde otras entidades.
Ésos son los capítulos centrales de seguridad de este plan que tiene, sin embargo, en éste y otros ámbitos, hay una limitación central: no se pueden recomponer las instituciones estatales y municipales, recuperar o limpiar una entidad, manteniendo las mismas autoridades que la llevaron a esa situación. ¿Realmente los ciudadanos, los organismos sociales y empresariales van a tener confianza en el gobernador Ramírez Bedolla y sus funcionarios de seguridad local cuando son corresponsables de la situación que vive el estado?
Ésa es la limitación de los programas de seguridad de esta administración: si no cambian los actores, si nunca hay responsables, es muy difícil reconstruir lo que no se construyó en años de gobierno por esos mismos funcionarios locales a los que ahora se les encargan esas tareas. Se puede tener interventores federales de facto, mandos federales únicos en seguridad, pero esa solución ya se ensayó, incluso en Michoacán, en el pasado y no funcionó, porque lo que hay que intervenir son las instituciones del estado. Para recuperar un Estado fallido se deben ir las autoridades que fallaron.
Hezbolá en México
La presencia de Hezbolá y otros grupos vinculados a Irán en México está documentada principalmente a través de actividades de redes logísticas, lavado de dinero y vínculos indirectos con organizaciones criminales locales, aunque no existen pruebas públicas de células operativas con capacidad de atacar dentro del país a gran escala. Eso es lo que se supone que se desmanteló: un grupo operativo que planeaba asesinar a la embajadora de Israel en México.
En el pasado, las autoridades mexicanas han hecho arrestos aislados, como el caso de Jameel Nasr, en Tijuana, por el intento de establecer una red local en 2011 para realizar atentados en EU, operando desde nuestro país.
En los últimos tiempos hemos visto como han crecido las actividades de grupos cercanos a Hamás, la Yihad Islámica Palestina y redes ultrarradicales con vínculo con la Guardia Revolucionaria Iraní en América latina. Las principales operaciones se concentran sobre todo en Venezuela, Colombia y en la zona de la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay), desde allí algunas redes se han extendido a México.
La presencia indirecta de Hezbolá y aliados iraníes puede potenciarse por la vulnerabilidad institucional, la corrupción y las redes de narcotráfico transnacional. La denuncia del frustrado atentado contra la embajadora de Israel se enlaza con esas preocupaciones crecientes.
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