El tono era de enojo. El mensaje de advertencia. Sus ropas los delataban. Eran agricultores y campesinos de varias partes del país. Muchos de ellos portaban sombrero al interior del Palacio Legislativo, orgullosos de ser lo que son. Llegaron hasta San Lázaro para dejar bien clarito a los diputados que no se van a quedar con los brazos cruzados. Están en pie de lucha contra la Ley de Aguas. La ven como una amenaza no sólo para su subsistencia, sino también para el país entero.
“La seguridad alimentaria es seguridad nacional. El que no entienda eso, está un poco perdido”, advirtió Jorge Roiz, productor de Querétaro.
La ley que se perfila, por ejemplo, modifica las concesiones para el uso de agua. Ya no se pueden heredar a los hijos. Si el propietario de la tierra llegase a faltar, el heredero tiene que ir a la Conagua a solicitarla.
—¿ Y si la Conagua dice que no?, se preguntan.
No tienen respuesta. Temen, incluso, que las nuevas reglas sobre concesiones sean utilizadas por el poder para presionar política y electoralmente a agricultores y campesinos.
Se muestran escépticos frente a las declaraciones de Ricardo Monreal. El coordinador de la bancada de Morena reiteró ayer que la Ley de Aguas va a sufrir “cambios importantes” en el tema de las concesiones, herencias y transmisiones de derechos.
Nos dijo que ya se entrevistó con agricultores y productores de cinco entidades y que el dictamen modificado llegará al pleno la semana que entra.
* En el vestíbulo del Palacio Legislativo, los agricultores ofrecieron una rueda de prensa. La bancada de PRI la gestionó. Era una veintena.
Se rieron cuando este reportero preguntó: ¿Están manipulados por la oposición, como sostiene el gobierno?
Fernando Aboitez, agricultor de Querétaro, respondió: “No es posible que nos estén satanizando, cuando somos el primer eslabón de la cadena alimentaria.
“La señora Presidenta y los legisladores que tienen el poder deben de darse cuenta de que ya no hay tanto miedo para manifestarnos”.
Los hechos, sin duda, corroboran lo dicho por el agricultor. Al caer la noche del martes, los bloqueos parciales y totales, que iniciaron el lunes, permanecían en 10 estados.
“No son protestas aisladas. Son alertas del país real que sostiene nuestra vida cotidiana. Cuando el camino se vuelve territorio de riesgo y cuando el agua se administra sin justicia, lo que está en juego no es un sector, sino la vida productiva del país”, explicó Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro.
El legislador de Coahuila, por cierto, lanzó una alerta a productores, mineros, ganaderos, constructores, industriales y usuarios de todo tipo:
“¡Te van a quitar el agua!”. No podrás heredar tus derechos de agua a tu esposa, hijos, o familia. Le van a pertenecer al gobierno”.
* El gobierno culpa a la oposición de estar detrás de los bloqueos. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, mencionó expresamente al PAN, al PRI y al PRD. Este último ya no existe.
Del tema hablamos con Germán Martínez, diputado del PAN, exjefe nacional de ese partido. Nos dijo:
“La ingobernabilidad que quieren achacar a la oposición es responsabilidad absoluta de ellos.
Resulta hasta cómico que la secretaria encargada de la gobernabilidad (Rosa Icela Rodríguez) acuse que falta gobernabilidad.
“Es la autoridad por la autoridad. Es imponer su visión del país y es seguir lastimando las fuentes económicas que tiene México, como el agro, el agua…”.
* La violencia registrada el pasado 15 de noviembre en el Zócalo será denunciada por el PAN este mediodía ante instancias internacionales.
Ya están en Washington para ponerla. Integran la comisión: Jorge Triana, vocero nacional del partido; Roberto Gil Zuarth, consejero jurídico; Noemí Luna Ayala, vicecoordinadora de la bancada azul en San Lázaro; Annia Sarahí Gómez y Fernando Torres Graciano, legisladores.
* Hay alboroto en el personal del Senado. ¿Motivo? No les dieron el aumento salarial retroactivo que les prometieron para la segunda quincena de octubre.
“Nos dicen que ya se les acabó el dinero y que ese retroactivo ya no lo van a pagar”, señala una trabajadora del Senado, quien solicitó el anonimato por obvias razones.
“No se conformaron con quitarnos derechos adquiridos, la mitad del aguinaldo, vales y bonos, sino que, además, se quedan con dinero presupuestado de nuestro aumento salarial”, sintetizó.
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