El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) cerró el registro de candidaturas para su Presidencia y, como se anticipaba, solo se inscribió José Medina Mora como candidato de unidad. Su llegada al máximo órgano del sector privado confirma un relevo ordenado, pero también un viraje profundo en el tono y la estrategia política de la Iniciativa Privada (IP) frente al gobierno de Claudia Sheinbaum.
Fueron los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que agrupa a los empresarios más influyentes del país, quienes impulsaron el “golpe de timón” en el CCE. Su presidencia tripartita, encabezada por Antonio Del Valle, Daniel Servitje y Tomás Zambrano, junto con otros multimillonarios, consideró que el organismo necesitaba un perfil más técnico e institucional al frente, así como mucho más proactivo en la defensa de los intereses del sector frente a un gobierno que mantiene una agenda de reformas que han ido minando la inversión nacional y extranjera, desde sus embates en lo fiscal, legal, regulatorio y laboral.
El presidente saliente, Francisco Cervantes, había buscado posicionar a Sofía Belmar, expresidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), como su sucesora. Belmar contaba con el respaldo de Altagracia Gómez y de algunos organismos de la IP, pero su candidatura no prendió entre las cúpulas del CMN ni entre el propio sector financiero. La apuesta por Medina Mora es interpretada como una decisión de autonomía y contención, un mensaje claro de que los empresarios no quieren más maltrato ni más intervenciones arbitrarias desde el poder.
La presidenta Sheinbaum ha sido cuidadosa en el trato con el sector privado. En público y en privado ha dicho que “no se meterá” en la elección del CCE, y que ese proceso pertenece exclusivamente a la iniciativa privada. El gesto fue bien recibido, pero no frena las tensiones que se anticipan. Medina Mora es un dirigente institucional y dialogante, sí, pero también uno de los empresarios que con más firmeza ha criticado las políticas de López Obrador desde Coparmex, particularmente en temas como la militarización, la cancelación de proyectos de inversión y los cambios regulatorios en energía.
Durante su presidencia en la Coparmex (2021-2024), defendió la autonomía del INE, del INAI y los demás organismos autónomos; cuestionó la reforma eléctrica por violar el TMEC, y advirtió sobre los efectos negativos de la inseguridad y la falta de Estado de derecho en la inversión. También fue uno de los primeros en señalar que las reformas laborales deben ser graduales, especialmente la reducción de la jornada laboral a 40 horas, aún pendiente, la cual podría golpear con fuerza a las micro y pequeñas empresas.
El arranque de su gestión al frente del CCE coincidirá con una etapa clave para el gobierno de Sheinbaum: la discusión de la reforma política, la implementación en forma del nuevo Poder Judicial, la renegociación del TMEC y nuevas reformas laborales. Medina Mora llega con la agenda muy cargada, empezando por la certidumbre jurídica, el respeto al Estado de derecho y el cumplimiento estricto del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Es probable que el tono de la relación con el gobierno sea más ríspido y exigente, sin romper el diálogo, pero con límites bien marcados.
El nuevo presidente del CCE también deberá reencauzar el diálogo con Estados Unidos, sobre todo en el contexto de los aranceles y las controversias que siguen dirimiéndose en los paneles internacionales. Medina Mora ha sido un defensor del cumplimiento técnico del TMEC y su discurso apunta a un nacionalismo económico pragmático; es decir, buscará defender a México con argumentos, no con ideología.
Y como lo describió ayer Javier Tejado en estas páginas de EL UNIVERSAL: los empresarios ya no quieren más “bullying” del poder político. Al contrario, buscan respeto, interlocución técnica y reglas claras. Con Medina Mora al frente del CCE, se endurecen el tono y el trato, y ya se verá hasta dónde se estira la liga sin que se rompa.
Y hablando de “bullying” gubernamental a las empresas que operan en México, nuevamente las organizaciones de Estados Unidos alzaron la voz. A la ofensiva de los principales CEOs de Estados Unidos, agrupados en la Business Roundtable, quienes advirtieron que México atraviesa una peligrosa “politización del Poder Judicial” y reclamaron que la administración Trump exija al gobierno mexicano garantías de Estado de derecho y certidumbre para las inversiones, se sumó la iniciativa bipartidista Mexican Energy Trade Enforcement Act, que busca activar los mecanismos del TMEC para sancionar presuntas violaciones en el sector energético.
La Energy Workforce & Technology Council asegura que Pemex mantiene adeudos superiores a mil 200 millones de dólares con contratistas estadounidenses, mientras que el American Petroleum Institute calcula que las políticas regulatorias y de privilegio a Pemex y CFE han afectado más de 30 mil millones de dólares en proyectos de inversión. En el sector privado estadounidense se percibe que México está desatendiendo sus compromisos de competencia y apertura energética, y la paciencia de sus socios estratégicos comienza a agotarse.
De aprobarse la ley, la Representación Comercial de Estados Unidos podría solicitar un panel de controversias bajo el TMEC, con capacidad de imponer sanciones o restricciones comerciales. Para los mercados financieros, la advertencia es que el conflicto político-energético con Estados Unidos podría traducirse en una nueva prima de riesgo para México y en mayores costos de financiamiento para Pemex.
En Washington, el tono empresarial no se limita a la energía. Los gigantes tecnológicos, automotrices y financieros alertan que la reforma judicial mexicana podría desatar arbitrajes internacionales. Por ello, la Business Roundtable pide restaurar el mecanismo de solución de disputas Inversionista-Estado (ISDS) dentro del TMEC, una herramienta eliminada en 2020 para blindar a las corporaciones ante lo que califican como “caprichos políticos”.
Por su parte, el gobierno de México rechazó haber violado el TMEC. A través de la Secretaría de Energía aseguró que el país “no incumple sus obligaciones en materia energética, ni discrimina a los inversionistas de Estados Unidos, ni restringe su participación en el mercado”. El mensaje busca calmar las tensiones, pero cada vez esa estrategia se vuelve más insostenible.
La propuesta de adelantar la revocación de mandato al 2027 no fue solo del vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, sino que tiene influencia de tres personajes que conocen bien las entrañas del lopezobradorismo: Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Rosa Icela Rodríguez. Los tres habrían empujado la idea en el Congreso y en el entorno político de la 4T. El objetivo, más que democrático, parece ser de control, pues se apuesta a mantener viva una herramienta que en su momento sirvió para medir la fuerza del movimiento y del entonces presidente López Obrador.
Lo delicado del asunto es que, para que la Presidenta logre los votos necesarios y que la revocación sea vinculante se requiere del aparato electoral de Morena y de los gobernadores afines a López Obrador. Eso la coloca, de aquí al 6 de junio de 2027 —fecha prevista para la eventual consulta de revocación—, en la posición de tener que cuidarlos, incluso si eso significa tolerar inercias, redes clientelares o viejos esquemas de corrupción en los estados.
En este contexto, desde la oficina presidencial se pidió este mismo lunes suspender el impulso acelerado a la iniciativa, instrucción que Ricardo Monreal acató en San Lázaro. Sin embargo, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “una buena propuesta” la reforma para adelantar la consulta de revocación a 2027, siempre que no se apruebe “rápido, al vapor” y que se analice con responsabilidad, bajo el argumento de que permitiría ahorrar recursos al empatarla con las elecciones intermedias.
La verdadera discusión no es sólo cuándo se hará la revocación, sino qué significa que un gobierno con altos niveles de aprobación quiera volver a la boleta a mitad de sexenio. Convertir la popularidad en un nuevo ejercicio plebiscitario puede reforzar la legitimidad, pero también reactiva a los liderazgos internos de Morena, además de que revive la sombra de López Obrador.
La ciudad de Monterrey será sede este viernes 14 de noviembre de un diálogo nacional sobre inversión en infraestructura y servicios, en una jornada que busca trazar una ruta de desarrollo con visión de futuro. El encuentro, convocado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y encabezado por el diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, reunirá a representantes del ámbito público, privado y académico.
Durante el foro se realizarán tres mesas para discutir estrategias para fortalecer la planeación estatal, detonar proyectos con responsabilidad social y mejorar la coordinación entre la inyección pública y privada. La agenda incluirá temas como el rediseño institucional del sector energético y los mecanismos para un financiamiento sostenible.
La cita en Nuevo León, que gobierna Samuel García, apuesta por sentar las bases de un Gran Acuerdo Nacional que permita impulsar el empleo, la productividad y el bienestar en todo el país bajo una política económica con justicia territorial.
La curva de aprendizaje de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación está siendo más lenta de lo esperado. En las 27 sesiones realizadas entre el 11 de septiembre y el 30 de octubre, el Pleno y las Salas han resuelto apenas 249 asuntos, un promedio de 9 por sesión, cifra que equivale a solo el 33% del trabajo realizado por la Corte anterior en el mismo periodo de 2024, cuando se fallaron 738 casos.
La baja productividad puede explicarse, en parte, por el proceso de adaptación institucional que implica un relevo casi total de ministras y ministros, la redistribución de expedientes y la revisión de criterios internos.
Llama la atención que la ministra Yasmín Esquivel haya encabezado la lista con 77 proyectos resueltos, cerca de una tercera parte del total, aunque la calidad técnica de los fallos y la complejidad de los asuntos aún deben evaluarse con mayor detalle.
De mantenerse este ritmo, el nuevo máximo tribunal estaría resolviendo apenas un tercio de lo que solía fallar su antecesor, un dato que alimenta la discusión sobre la efectividad de la reciente reforma judicial y la experiencia técnica de sus nuevos integrantes.
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