LOS MAGISTRADOS DEL Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito de Naucalpan, desacataron una instrucción del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y es que el ministro Hugo Aguilar Ortiz ordenó a los togados abstenerse de resolver el amparo campesino interpuesto contra la embotelladora de agua Niágara Bottling, que comanda Andrew Peykoff.
La idea del presidente del máximo tribunal, que echaron por tierra los citados magistrados en sus resoluciones “salomónicas” del jueves de la semana pasada, era que la propia Corte resolviera esa controversia.
La razón que sostuvo el titular del Poder Judicial para efectuar esta instrucción fue que se trataba de un asunto relevante para sentar un precedente en defensa de los núcleos agrarios e indígenas del país.
La intención era frenar de una vez por todas las prácticas de acaparamiento de agua que realizan las empresas como Coca-Cola, que preside Louis Balat, y su socia FEMSA con el agua para beber Ciel.
También PepsiCo, que preside Isaías Martínez, con su marca e-pura que distribuye GEPP, que capitanea Juan Gallardo Thurlow, y Danone, que dirige Silvia Dávila, con la famosa Bonafont.
No obstante, los magistrados Pedro Alberto de la Rosa Manzano, Guillermo Núñez Loyo y Kharem Omaña Pérez, desafiando la instrucción presidencial, llevaron a cabo la sesión en la que determinaron proteger los intereses económicos de la embotelladora norteamericana.
Lo interesante es que quien tuvo a su cargo el proyecto de sentencia fue el primero de ellos, esto es, un magistrado electo por voto popular.
El mensaje detrás de esta conducta contumaz de los togados puede interpretarse de múltiples maneras. Pero sí queda claro que todo se resume en un non serviam.
Insubordinación que, por supuesto, merma la calidad moral, política y jurídica del ministro Aguilar frente a sus subalternos, pues si cada juez o magistrado puede ignorar órdenes del Tribunal Supremo sin consecuencia alguna, de facto el Poder Judicial se encuentra acéfalo.
Y si usted considera que esta es una oportunidad para que el Tribunal de Disciplina investigue esta insurrección, puede quedarse con las ganas, pues el entramado se complica todavía más.
Resulta que quien está a cargo del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Disciplina es nada más y nada menos que el magistrado Vladimir Véjar Gómez.
Sí, el mismo quien, como le reporté, estuvo anteriormente a cargo del amparo contra la embotelladora transnacional, pero que fue exhibido como muy cercano a los abogados contratados por Niágara Bottling.
Nos referimos al famoso despacho operador Martínez y De Labra Abogados, de José Luis de Labra Madrazo, Vicente Martínez Orozco y José Luis Díaz Castañeda.
Esta exposición tuvo por efecto que el togado se excusara del asunto y fuera reasignado. Entonces todo queda en familia.
Y la ropa sucia, como en el viejo Poder Judicial de la Federación, se volverá a lavar en casa con aires de impunidad. Dura prueba para la legitimidad de la Reforma Judicial.
LANZADO POR VICENTE FOX, con Pedro Cerisola como secretario de Comunicaciones y Transportes, el aeropuerto de Toluca estaba llamado a ser la terminal aérea alterna al Aeropuerto Internacional de la CDMX (AICM), el Benito Juárez. El impulso se lo darían las tres nuevas aerolíneas de bajo costo que surgirían al fin del sexenio del guanajuatense: Interjet, de Miguel Alemán, y Volaris, que dirige Enrique Beltranena, en 2005 y Viva Aerobus, de Roberto Alcántara, en 2006. Sin embargo, cuando Gastón Azcárraga quebró a Mexicana de Aviación en 2010, el nuevo gobierno de Felipe Calderón le abrió la puerta del AICM a esas nuevas líneas aéreas para ocupar los slots de la compañía que dirigió Manuel Borja Chico. ¿El resultado?: el aeropuerto de Toluca inició el camino de la quiebra, lo que se profundizó en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Tampoco el régimen de Andrés Manuel López Obrador le hizo mucho caso. Le cuento todo esto porque ahora que Estados Unidos, a través de su Departamento de Transporte, el que dirige Sean Duffy, vetó a la 4T por quitarle a las aerolíneas sus espacios en el AICM y sacar a sus empresas cargueras para mandarlas al Aeropuerto Felipe Ángeles, amén de otras violaciones a los acuerdos en materia aeronáutica, la administración de Claudia Sheinbaum, vía Jesús Esteva, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pidió a Volaris y Viva Aerobus liberar algunos de sus slots en el AICM para cederlos a American Airlines, Delta y United.
PARA QUE EL outsourcing resguarde efectivamente a los trabajadores que aún operan bajo estos esquemas, es necesario que el sector público haga lo propio para respetar la reforma conseguida durante el sexenio pasado. En este sentido, apremia que el ISSSTE, de Martí Batres, además del IMSS-Bienestar, de Alejandro Svarch, corten la llave tanto a Aseo Privado Institucional, como a Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, ya que sus contratistas de limpieza ya no están respaldadas por el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (Repse), mediante el cual la Secretaría del Trabajo vigila que todos cumplan con sus obligaciones como patrones. En consecuencia, los funcionarios que no interrumpan el flujo de presupuesto hacia las compañías, vinculadas a José Juan Reyes Domínguez y José Juan Reyes Mote, actuarían contra la ley, aunado a que no podrían comprobar las erogaciones frente a las autoridades fiscales.
LA MULTINACIONAL ALEMANA Henkel, que en México lleva Valentín López, arrastra diversos reclamos de proveedores que señalan pagos atrasados y cancelación arbitraria de contratos, los cuales han llegado hasta el área de “compliance” de la firma en las oficinas centrales del país teutón. El problema para los quejosos, es que la sede internacional sigue respondiendo que tales asuntos deben resolverse en el departamento legal de la firma en el país, que encabeza la abogada Nancy Muñoz Bahena. Se trata de la misma persona que ha renovado en los últimos años la plantilla de proveedores con procedimientos calificados como irregulares. Las pequeñas y medianas empresas afectadas por la trasnacional preparan ya una demanda colectiva contra la propietaria de afamadas marcas como Pritt, Resistol, Persil y Dial.
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