Decía ayer Ciro Gómez Leyva, en estas páginas, que la resolución de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación sería su acto inaugural: “Llega la hora de la naciente Suprema Corte. Puede darle la razón al particular, así sea parcialmente. O puede dejarlo sin opciones, al menos en México”.
Finalmente, la resolución tomada ayer por la SCJN en el caso fiscal que involucra a Grupo Salinas fue la peor que podía tomar y, como decía Ciro, dejó sin opciones a esos particulares. Lo más grave de la resolución es que se hayan negado siquiera a discutir el caso, que hubieran desechado por improcedente el recurso de revisión que había aceptado la pasada SCJN, encabezada entonces por Norma Piña, sin haber analizado el fondo. No se trataba de fallar a favor o en contra de alguna de las partes involucradas, sea de Grupo Salinas o del SAT, lo grave es que se negaron a discutir el fondo del tema, de la controversia.
Con ello, se negaron a establecer con claridad las normas que debe cumplir el Servicio de Administración Tributaria en estos temas y en la relación con contribuyentes y empresas. Se puede estar o no de acuerdo con la demanda que presentó la empresa, pero lo que debía hacer la SCJN, sin duda, era dar claridad para la actuación de las autoridades fiscales.
Ese es el tema central: los inversionistas y los contribuyentes no tienen confianza en la actuación de las autoridades judiciales y, al negarse éstas a cumplir con su responsabilidad, sumado a la reforma al Poder Judicial, a la forma en que se eligieron ministros, magistrados y jueces, y a la contrarreforma a la Ley de Amparo, la confianza en el sistema de justicia se pierde. No es en vano que las inversiones extranjeras directas se hayan contraído en más de 9% desde la reforma judicial y que las preocupaciones que están expresando (y que están recopilando las autoridades de Estados Unidos de cara a la renegociación del T-MEC) las empresas estadunidenses (y de otros países) pasen en casi todos los casos por el tema de la seguridad jurídica y el cumplimiento del gobierno federal respecto a las propias normas del T-MEC y la forma que tienen de disputar sus diferendos.
¿Qué es lo que están demandando instituciones como el Business Roundtable, donde están congregadas todas las grandes empresas estadunidenses respecto a la renegociación del T-MEC? En el ámbito fiscal, son los cobros dobles, la doble tributación, que se ha generalizado para grandes empresas nacionales y extranjeras; los impuestos a maquiladoras y aseguradoras; los nuevos criterios aprobados para energía; las inspecciones extraordinarias de la Secretaría del Trabajo; la propuesta en la Suprema Corte de reabrir casos ya juzgados; la presencia del crimen organizado y, de la mano con él, de las extorsiones; los aumentos en los IEPS. El Business Roundtable dice que lo más preocupante es “la discriminación del gobierno mexicano en energía, telecomunicaciones, aviación, servicios, plataformas digitales y satélites”. Se llega a un nivel de desconfianza tal, que las grandes empresas proponen tribunales alternativos para tratar los diferendos o casos judiciales, o que éstos se resuelvan en cortes estadunidenses, muchos ya están establecidos en la Corte de Nueva York.
Si hay un tema central es, precisamente, discutir la forma en que se cobran los impuestos. El debate público gira en torno al caso de Grupo Salinas, pero, con mucha menor publicidad, están en disputa numerosos casos fiscales de empresas nacionales y extranjeras, como Samsung, FEMSA, Cemex, las empresas refresqueras y todas las que tienen cargos excesivos de IEPS. Todas ellas y muchas más viven, con mayor o menor publicidad, con la misma incertidumbre fiscal.
Por eso, la SCJN tenía la obligación de discutir, por lo menos, el tema y los ministros tendrían que haber exhibido cuál es su posición, para que no todo quede a discreción exclusivamente del SAT. Porque con las nuevas reformas a la Ley de Amparo y la decisión adoptada ayer, ese derecho queda, virtualmente, vulnerado.
- FIGUEROA, HOMENAJEADO
En Guerrero, a algunos funcionarios se les ocurrió hacer un homenaje al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa por el 117 aniversario de su nacimiento, un político que estuvo acusado de ser un represor y de ser uno de los mayores responsables de la llamada Guerra Sucia en el estado en los años 70, cuando fue gobernador.
Siendo candidato a gobernador, Figueroa Figueroa fue secuestrado el 30 de mayo de 1974 por integrantes del Partido de los Pobres, encabezado por Lucio Cabañas Barrientos. El candidato fue liberado el 8 de septiembre del mismo año tras un fuerte operativo militar. El 2 de diciembre, Cabañas murió en combate en la localidad de El Otatal, en la sierra de Tecpan de Galeana. Se denunció que, en venganza por su secuestro, el ya entonces gobernador Figueroa abusó sexualmente de Isabel, la viuda de Lucio Cabañas, cuando ésta fue detenida. Cientos de campesinos fueron perseguidos, torturados, desaparecidos y asesinados durante su gestión. Su hijo, Rubén Figueroa, tuvo que dejar la gubernatura de Guerrero en 1995 por la matanza de campesinos en Aguas Blancas.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda despidió a la directora de Actividades Cívicas de la Secretaría de Cultura estatal, Ximena Yareli Muñoz, quien organizó ese homenaje en coordinación con el alcalde morenista de Huitzuco, la tierra natal de Figueroa Figueroa, Eder Nájera Nájera.
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