EN LA SESIÓN de este 26 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside Hugo Aguilar, abrió un debate que podría marcar un antes y un después en el sistema judicial mexicano.
Un bloque de nuevos ministros, encabezado por Lenia Batres y respaldado por Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, Irving Espinoza y el mencionado Aguilar, entre otros más, busca impulsar un criterio que permitiría reabrir juicios cerrados bajo la figura de “nulidad de juicio concluido”, incluso cuando la ley no lo contempla expresamente
Este movimiento, presentado como una reinterpretación garantista, amenaza con dinamitar uno de los pilares del Estado de Derecho: la cosa juzgada.
El nuevo Poder Judicial revierte así una vez más preceptos que celosamente cuidaron los ministros anti López Obrador, los que recién fueron defenestrados, como Norma Piña, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo, sobre todo.
Si las sentencias firmes pueden ser impugnadas indefinidamente, ¿qué queda de la certeza jurídica?
¿Cómo confiar en que un litigio realmente termina? Más allá del tecnicismo legal, el impacto puede ser profundo.
La seguridad jurídica no es un lujo académico, es el cimiento sobre el que se construyen la confianza ciudadana y la estabilidad económica.
Los inversionistas, empresas y ciudadanos necesitan reglas claras y definitivas.
Si cada resolución puede ser cuestionada eternamente, el sistema judicial se convierte en un laberinto sin salida, lejos de las promesas de la 4T de una justicia más pronta.
Por ejemplo, los bancos dependen de la certeza jurídica para ejecutar garantías.
Si un juicio hipotecario concluido puede ser anulado, ¿cómo asegurar el cobro de créditos? Esto elevaría las tasas de interés y restringiría el acceso al financiamiento, golpeando a familias y empresas.
Los ministros que no apoyaron esa postura, léase Yasmín Esquivel, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero, llamaron a respetar la Constitución, las leyes
y la jurisprudencia.
Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿se trata de proteger derechos o de abrir una puerta peligrosa al revisionismo judicial?
En México, la justicia ya enfrenta problemas de lentitud y saturación, así que esta propuesta parece más un salto al vacío que una solución.
La SCJN no sólo interpreta la ley, también envía señales sobre la solidez institucional.
Si este criterio prospera, la Corte se arriesga a perder credibilidad y a convertirse en un actor que fomenta la incertidumbre.
La ministra Loretta Ortiz anunció que presentará un nuevo proyecto próximamente. Ojalá ese plan devuelva equilibrio y sensatez al debate.
La justicia no puede ser rehén de ocurrencias ni de agendas políticas. La cosa juzgada es más que una formalidad: es la garantía de que el derecho no se convierte en un juego infinito.
Si la Corte rompe este principio, no sólo se tambalean los tribunales, sino la confianza en todo el sistema democrático.
AL INTERIOR DE HP México sigue el jaloneo para definir al personaje que tomará las riendas de la firma, una vez que se haga efectivo el retiro de su actual CEO, Carlos Cortés, el próximo 31 de diciembre. Hay una corriente interna que insiste en que el mejor escenario para la compañía de tecnología de cómputo es que llegue alguien desde el exterior del corporativo. Pero quien ha sido designado por el momento como el director interino, el encargado de ventas, Luis Castellanos, cabildea con los clientes de productos y servicios apoyos para quedarse en definitiva con el puesto. Esta semana, por ejemplo, se le vio en un restaurante de Polanco afinando su estrategia de promoción con el director de Black Ecco TI, René Quintero. Hablamos de la empresa que ha sido señalada por corrupción e incumplimiento de contratos en el Poder Judicial de la Federación.
LOS BLOQUEOS EN las diferentes carreteras del país han encendido alertas en el sector empresarial. De acuerdo con estimaciones de la Concanaco Servytur, las pérdidas acumuladas por estas interrupciones oscilan entre tres mil y seis mil millones de pesos en apenas una semana. El impacto no sólo afecta a las empresas, sino también a hogares que dependen de la movilidad para trabajar y abastecerse. Aunque el derecho a la protesta es incuestionable, la falta de corredores logísticos seguros amenaza la continuidad de actividades esenciales. El gremio que preside Octavio de la Torre propone medidas urgentes, como lo es el diálogo efectivo, rutas de libre tránsito y un sistema público que informe en tiempo real sobre cierres y alternativas.
EL GOBIERNO DE la presidenta Claudia Sheinbaum invertirá entre mil 500 y dos mil millones de pesos para mejorar la infraestructura y la movilidad en las sedes mundialistas de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Los recursos se destinarán, principalmente, a transporte público, incluyendo proyectos del Metro, como la Línea 2 de la entidad gobernada por Clara Brugada, Línea 5 en Jalisco y Líneas 4 y 6 en Nuevo León, que encabezan Pablo Lemus y Samuel García, respectivamente, Además, se contemplan avances en proyectos ferroviarios estratégicos, como los trenes CDMX-Querétaro, CDMX-Pachuca y tramos hacia Guadalajara, aunque no estarán listos para el torneo. La mandataria Claudia Sheinbaum aseguró que el compromiso se cumplirá en 2026.
EL CONSEJO NACIONAL de Inclusión Financiera, que aglutina a la Secretaría de Hacienda, que encabeza Edgar Amador; el Banco de México, que gobierna Victoria Rodríguez; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que comanda Ángel Cabrera, y otros organismos, presentó la Política Nacional 2025-2030, con el objetivo de ampliar el acceso a productos financieros para mujeres, grupos vulnerables y Mipymes. La estrategia busca impulsar pagos digitales, fortalecer la confianza en las instituciones y promover el ahorro formal. Entre los objetivos destacan: acceso al financiamiento, adopción de medios de pago distintos al efectivo y contratación de seguros. La meta es que 83% de la población cuente con al menos un producto financiero, frente al actual 78.1 por ciento.
LA ASOCIACIÓN MEXICANA de Distribuidores de Automotores (AMDA) asegura que el mercado nacional tiene el potencial para alcanzar los dos millones de unidades vendidas al año, pero advierte que se requieren políticas públicas claras y colaboración entre gobierno y armadoras. La asociación, que lidera Guillermo Rosales, subraya que eliminar la legalización de autos chocolate sería clave para impulsar las ventas. Aunque 2025 apunta a un récord con 1.62 millones de vehículos, se deberá cerrar la brecha y aprovechar la sofisticación del consumidor mexicano.
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